4º Bogotá ‘Carrusel de la Contratación’

4º Bogotá ‘Carrusel de la Contratación’

El metro de Bogotá.

1990 - 1992 Alcalde de Bogotá.

Juan Martin Caicedo Ferrer y Marcela Airó de Jaramillo secretaria de Hacienda, fueron condenados por robo al tesoro público de Bogotá. Caicedo Ferrer haciendo mal uso de los mal llamados auxilios en su época repartió presupuestos de manera irregular a entidades privadas, concejales y contratistas. La lista de concejales implicados en este carrusel de auxilios y obras a medias incluyó en su momento a un arsenal de vigentes y reconocidos políticos dados al arte del CVY, el MTC y la compra-venta de conciencias y votos entre los que se incluían a los todavía activos en política y que hacen parte de las moralistas huestes conservadoras Telésforo Pedraza y Omar Mejía Báez y a los retirados Ricaurte Lozada, Marta Luna, Dimas Rincón, Flor Elba Cárdenas, Jaime Casabianca,  Guillermo Morales, Bernardo Ordóñez, Rafael Forero Fetecua urbanizador pirata, especializado en la venta de lotes baldíos con escrituras falsas a familias de escasos recursos.

2000 Losas Transmilenio.

Andrés Camargo Ardila,  director del IDU y María Elvira Bolaño asesora del IDU, de la primera alcaldía de Peñalosa, condenados a 85 meses de prisión, por: peculado culposo y celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, por las irregularidades que se presentaron en la contratación y el mal funcionamiento de las construcción de la troncal y losas del Transmilenio Fase II en la Autopista Norte con la firma Conciviles. Se condenó al constructor Alberto Otoya y al interventor Álvaro Silva Fajardo por peculado culposo a 10 meses, sin derecho a excarcelación. Actualmente las baldosas de la fase II de Transmilenio Caracas, Autopista norte, Calle 80, Suba, Eje ambiental y Américas, son algunas de las más destruidas de las 3 fases que se encuentran en funcionamiento. Siendo el sector más afectado la Avenida Caracas que atraviesa la ciudad de norte a sur.

2004Vía Bogotá-Girardot. Grupo Nule.

Robo: $170.800 mil millones. Afectada: Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Génesis. El Inco les da la concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot, uno de los proyectos viales más relevantes del país. 2 años más tarde comienzan a sonar, las primeras acusaciones por evasión de impuestos y por irregularidades en la ejecución del contrato para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Bosa – Granada -Girardot, suscrito entre el Inco y la Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot. Afectación social. Que la autopista Bogotá-Girardot cuente con retrasos e ineficiencias en su ejecución perjudica de manera inmediata a quienes transitan por la vía. Los retrasos incrementan la estructura de costos y de este modo afectan a futuro los recursos públicos provenientes de los aportes de los ciudadanos vía impuestos. Vinculados: -Manuel Francisco Nule Velilla -Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Eduardo Nule Mariño -Luis Carlos Ordosgoitia -Álvaro José Soto García -Alfredo Pérez Santos -Julio César Arango Garcés -Álvaro Escalante Rodríguez -Juan Manuel Martínez Paz -Miguel David Bonilla España -Jaime Fernando Ortiz Díaz -Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.-MVN S.A. en liquidación judicial-Vergel y Castellanos S.A.-Álvarez y Collins S.A.-Ingenieros Proyectos Consultorías IPC SAS-Enrique Dávila Lozano EDL SAS-Consultoría Colombiana S.A.-B & C S.A.

2007 Transmilenio Calle 26. Grupo Nule.

Robo: $156 mil millones. Afectada: Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Pese a los de sobornos, el emporio Nule, ganó el contrato de la calle 26 que giraba en torno a los $315 mil millones. Este caso provocó que se revelara que no cumplirían con las fechas de entrega, además, afirmaron que los hermanos habían obtenido un préstamo por parte de la DNE, dirección nacional de Estupefaciente, para la vía Bogotá-Fusa. Dadas todas sus irregularidades e incumplimientos se les declararon en el 2010 a cinco de sus empresas en banca rota y en el 2011 se les convocó a una audiencia por 5 delitos. Recientemente los implicados en este caso han sido llamados para declarar por el caso Odebrecht. Génesis. Irregularidades en la celebración del contrato IDU número 137 de 2007, suscrito el 28 de diciembre, entre el IDU y la Unión Temporal Transvial, integrada por Tecnología e Ingeniería Avanzada S. A., Condux S. A., Megaproyectos S. A., Mainco S. A., Bitácora Soluciones Ltda., Translogistic S. A. Dicho contrato corresponde al grupo de 4 obras licitadas por el IDU mediante licitación pública. Contexto. Los hermanos Nule, contratistas, la Odebrecht colombiana, reconocidos por tener más de 80 consorcios entrelazados, llevar a cabo el manejo de proyectos tales como la vía Bogotá – Girardot, y sobre todo Transmilenio – Calle 26, este último, dejando una deuda aproximada de $156 mil millones. A partir de allí, se descubrió el manejo y la gran cantidad de negocios que tenían se daba a partir del denominado Carrusel de la contratación, donde cada uno de los contratistas pedía por adelanto las comisiones ante el Distrito, donde se realizaba la entrega de un 8% de comisión para altos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. Consecuencias. El retraso de las obras de Transmilenio  por la calle 26 afectando tanto a los ciudadanos como a los contratistas que estuvieron involucrados para tomar el proyecto. Las fallas del Estado en la contratación pública, en la revisión del manejo de contratos en la parte de concesiones viales. La afectación de la movilidad durante el tramo de 3 años en Bogotá. La pérdida de credibilidad y prestigio en la administración y sistema jurídico en la Alcaldía de Bogotá. Afectación social. Los bogotanos son las víctimas. Sus derechos a la movilidad y al buen uso del patrimonio público fueron vulnerados. En los actos de corrupción derivados de la contratación en la capital, especialmente provenientes de la construcción de la Troncal de Transmilenio sobre la calle 26. La afectada es la ciudadanía bogotana y la imagen institucional, que genera pérdida de credibilidad en la administración y en el sistema jurídico. Vinculados. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso. -Manuel Francisco y Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Alberto Nule Mariño -Luis Eduardo Garzón -Liliana Pardo Gaona -Néstor Eugenio Ramírez Cardona -Inocencio Meléndez Julio -María Clemencia Cantini Ardila -Luis Eduardo Montenegro Quintero -Carmen Elena Lopera Fiesco -Luis Esteban Prada Bretton -Aldemar Cortés Salinas -María Natalia Laurens Acevedo -Carmen del Rosario Silgado Rodríguez -Nicolás José Giraldo Bedoya -Giovanny Adolfo Arenas Beltrán -Miguel Ángel Morales Russi, el contralor distrital -Germán Olano, congresista, condenado. Samuel Moreno, Alcalde, condenado a 24 años -Iván Moreno Rojas, congresista, condenado a 14 años de cárcel.

2009 Gobernador de Cundinamarca. Álvaro Cruz Vargas. Condenado a 6 años de prisión y multa de $145 millones por delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer. Además, Cruz Vargas entrego $2 mil millones al procurador Jovel Muñoz, con el fin de retardar el proceso penal en su contra. También, intentó sobornar al Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, para que su proceso fuera archivado, congelado  o prescrito. Cruz su esposa, Zoraida Rozo, ocultaron pruebas en el proceso tras las investigaciones adelantadas por el carrusel de contratos de Bogotá. Cruz se desempeñó como concejal de Bogotá, diputado, secretario de Hacienda y de Obras Publicas de Cundinamarca y 2 veces Gobernador de este departamento.

   Al menos 10 facturas encontradas en los allanamientos realizados en las oficinas de la empresa ICM Ingenieros en Bogotá enredan a Cruz, contra quien se imputarán cargos por el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. La Fiscalía señala que esas facturas soportaron operaciones ‘de papel’ que permitieron sacar de la empresa $900 millones que fueron a parar en los bolsillos de los concejales Hipólito Moreno, condenado a 6 años de cárcel, Orlando Parada y Andrés Camacho, todos condenados por la corrupción en ‘carrusel de los contratos’ en Bogotá. La plata salió del anticipo del contrato 193 del 2009, que por valor de $24 mil millones fue adjudicado a unión temporal en la que ICM Ingenieros fue parte clave. “Esos pagos no tenían justificación ni soporte y solo tenían un objetivo: pagar los sobornos a los concejales que presionaron la adjudicación del contrato”, señalo la fiscalía. Cruz ha señalado que solo era un asesor de la empresa, pero “hay evidencias de que él la controlaba y era quien tomaba las decisiones”. La fiscalía, dijo que Cruz tendrá que responder por interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza, por los que podría pagar más de 12 años de cárcel.

   El concejal Hipólito Moreno, reconoció que recibió el pago del soborno en efectivo para que el contrato fuera entregado a la empresa vinculada a Cruz Vargas. Igual, el testimonio del cuestionado contratista Julio Gómez, quien dio cuenta de supuestas reuniones de Cruz con Emilio Tapia, otro condenado por el ‘carrusel’, en las que se habrían hecho acuerdos para la adjudicación de contratos. Tapia también testificó contra Cruz. La Fiscalía destapará durante la audiencia de imputación el testimonio del abogado Manuel Sánchez, que negoció con la Fiscalía y recibió un principio de oportunidad, y quien dijo a los investigadores que Cruz hizo parte de “una organización criminal” que se conformó para obtener millonarios contratos de obra en Bogotá.

   2010 Bogotá. Carrusel de la Contratación. Robo $2 billones. Enero de 2010. Se evidenció con los retrasos en las obras de la 3ª Fase de Transmilenio por la Calle 26, debido a que más de $80 mil millones de pesos fueron a parar a otros intereses del Grupo Nule, quienes eran accionistas mayoritarios de la Unión Temporal Transvial, encargada de adelantar estas obras, que finalmente fueron cedidas a Conalvías.

Junio 25 de 2010. Fue revelada la ‘prueba reina’ de este escándalo. Una grabación entre el Miguel Nule y el congresista Germán Olano Becerra, del partido liberal, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 12 años y condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, además influencio, para que los Nule se hicieran cargo de la reparación de la malla vial de la 3ª fase de Transmilenio y la valorización, conversación, en la que se pacta una comisión para el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi, con el fin de que ignorar las irregularidades en la adjudicación ilegal del contrato de la Calle 26.

   La justicia ha probado, hasta ahora, graves irregularidades y multimillonarias ‘mordidas’ en 3 contratos: 2 de mantenimiento de la malla vial, que se adjudicaron por cerca de $200 mil millones, y 1 para la construcción de un tramo de TransMilenio, por más de $400 mil millones. Según las pruebas, a Morales Russi, le dieron $3.500 millones. Un informe de la Fiscalía, calcula que el detrimento patrimonial habría alcanzado los $2 billones.

   Por este escándalo, fueron imputados 17 Concejales de Bogotá. Hay 2 presos:

José Juan Rodríguez del Partido Verde en La Picota

Hipólito Moreno del Partido de la U que recibió temporalmente casa por cárcel.

   Otros dos concejales están negociando con la justicia su colaboración, es decir, confesando y reconociendo que hicieron parte de la estructura criminal que desfalcó a la ciudad.

   Qué pasa con estas curules.  Nada, serán reemplazados por otros de su partido, como si nada hubiera pasado.

2011 Recolección de basuras en Bogotá.

Robo: $348 mil millones. Afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. Génesis. El proceso de estructuración de la Licitación Pública 01 de 2011, que debió adelantar la UAESP para los servicios de recolección, barrido y limpieza de Bogotá. El desarrollo de actividades que hacen parte de las obligaciones pactadas con los operadores del servicio de aseo en los contratos de concesión. La contratación celebrada por la UAESP con recursos obtenidos vía tarifa, cubriendo gastos de funcionamiento por fuera del presupuesto aprobado y autorizado por la UAESP. El sistema de información integrado del Sistema de Información Integrado del Servicio de Aseo SIISA. Afectación social. Los bogotanos son los afectados, pues los recursos con los que se realizó la contratación fueron obtenidos de las tarifas que ellos mismos pagan por la recolección de residuos y se afirma que se destinaron a gastos no aprobados en el presupuesto de la entidad. Vinculados. -Gloria Lucía de la Candelaria Ospina Sorzano -César Augusto Villamil Gómez -José Róbinson Gómez Trejos -Fabiola Ramos Bermúdez -Victoria Eugenia Virviescas Calvete -Tanny Liliana García Lizarazo -Gerardo Enrique Cuenca Melo -Miriam Margoth Martínez Díaz -Juan Carlos Junca Salas -Fiduciaria Bancolombia.

2016 En La Contraloría de Bogotá.

La fiscalía ordenó la captura de 3 funcionarios de la Contraloría de Bogotá, debido a unas grabaciones, donde se expone a una de las capturadas, Hermelina Angulo, exigiendo $60 millones a un interventor de obras, para archivarle una investigación por irregularidades encontradas en auditorías hechas por el ente fiscalizador. La Fiscalía descubrió además una "red de sobornos" que operaban en varias localidades de la capital, en cabeza de estos funcionarios.​

2017 Carrusel de las Alcaldías en Bogotá.

Irregularidades por contratación "a dedo" a fundaciones "de papel" y de "objeto social amplio" de parte de las alcaldías locales o menores de Bogotá, para realizar todo clase de servicios sin pasar por los procesos regulares de licitación establecidos por la ley. La Fiscalía ordenó la captura de alcaldesas de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de Suba, Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes de Kennedy, Jesús Antonio Mateus y de Los Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó celebración indebida de contratos. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la Alcaldía Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300 mil millones a razón de $15.000 millones por localidad, se busca determinar cuánto dinero terminó en manos de las fundaciones "de papel" por contratos "a dedo".​

2017 Caso Judy Pinzón.

El 17 de mayo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá pidió a la Personería Distrital realizar indagaciones correspondientes por irregularidades en la contratación con 5 alcaldías locales de Bogotá por parte de la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Deportivo y Comunitario Fundesco, dirigida por la concejala Judy Pinzón. Fundesco logró contratos superiores a los $4.300 mil millones; en un documento Fundesco contrato con las alcaldías para instalar equipos de cómputo, campañas de prevención contra la violencia, la celebración del bicentenario de una localidad.

   En 2004 Judy Pinzón, Directora de Fundesco fue condenada, junto a 2 concejales, a 6 años de prisión, además de 20 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por haber recibido coimas de $100 millones para modificar el Código de Policía permitiendo las ventas ambulantes.​

2008-2014 Odebrecht.

Cantidad hasta el momento: 11,5 millones de dólares. En 2015 en Brasil se captura a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora. Mediante sobornos, esta multinacional brasileña obtenía jugosos contratos para la construcción de grandes obras.

   Las campañas presidenciales del 2014 de Santos y de su rival Óscar Iván Zuluaga, recibieron 1 millón de dólares y 1,6 millones de dólares, respectivamente, según la Fiscalía, que aseguró en una carta al Consejo Electoral que tiene elementos y documentos que le permiten concluir "certeramente" que Odebrecht asumió costos en las campañas de ambos, Santos y Zuluaga.

   En Colombia hay 4 capturas por los sobornos de Odebrecht por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, cohecho: -Rodrigo Aldana, Fiscal -Alberto Cardona, ingeniero y contratista -Otto Bula, congresista -Gabriel García Morales, vicetransporte.

   Gabriel García Morales, vicetransporte. La Fiscalía comprobó que García Morales exigió la suma de 6.5 millones de dólares a Odebrecht para garantizar que fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo 2, excluyendo a otros competidores.

   Otto Nicolás Bula, congresista. La segunda captura, en enero del congresista Otto Nicolás Bula; según investigación de la Fiscalía, lo contrato Odebrecht Colombia en agosto 5 de 2013, con el fin de que obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht es parte, con Corficolombiana. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, Bula habría materializado el segundo soborno de la firma por valor de 4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio que se logró en marzo 14 de 2014. La Fiscalía imputó cargos al congresista Bula por cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito. El proceso aún continua en etapa de investigación, en búsqueda de más implicados y capturas.

   Rodrigo Aldana, Fiscal. En mayo de 2017, se le imputaron nuevos cargos a Bula por cohecho y asociación para cometer delitos contra la administración pública, al entregar un apartamento en el norte de Bogotá al fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana a quien en abril le imputaron cargos por: cohecho propio, prevaricato por omisión, concertación para cometer delitos contra la administración pública, para que emitiera una resolución de extinción de dominio a 3 haciendas en el departamento de Córdoba.

1983-1992 Fondo de Seguridad y Vigilancia. Otro fortín de la corrupción. El Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito –FVS-, hace parte del conjunto de instituciones y dependencias públicas que se habían constituido al pasar de los años, en fortines políticos y económicos; donde no se tomaban ningún tipo de decisiones, particularmente contractuales, sin que el visto bueno del jefe político de turno.

   Recordemos que Bogotá venia sumida por décadas en el caos, producido por la  mala administración; la modernización administrativa es relativamente nueva; la misma se remonta a la administración de Jaime Castro en el periodo de 1992 a 1994, quien consiguió la aprobación del Estatuto Orgánico de la ciudad, poniéndolo a tono con lo establecido por la recién aprobada Constitución de 1991; reorganizó las finanzas distritales y sentó las bases para que administraciones como la actual, en uso de la autonomía relativa de la ciudad, acometa las reformas administrativas que se requieren para la recuperación del concepto de lo público.

   Lo que se observa en la actualidad es la tensión producida entre el gobierno de la ciudad y los otrora dueños de las secretarías, dependencias e instituciones, quienes no se dan al dolor de ver como son sacados de sus feudos, sin que se les consulte o participe de las iniciativas en los sectores que dicen representar y donde decidían impunemente quienes eran los actores de la contratación, muchas veces, generando dividendos ilícitos, en contra de los intereses colectivos.

   El ejemplo de FVS puede resultar paradigmático, veamos: En el Acuerdo 9 de 1980 de creación, en el Acuerdo 18 de 1983 que derogó el anterior, la clase política a través de los concejales había asegurado la participación en la junta administradora del FVS, el Acuerdo 28 de 1992 incluyó, además, un parágrafo que supedita cualquier compra destinada a la Policía Metropolitana, Mebog, a las especificaciones, niveles técnicos, cantidades y referencias indicadas por el comando respectivo, o aprobadas previamente por él. Cabe señalar que algunos actos administrativos posteriores, han tratado de tecnificar y organizar el objeto social del referido FVS, no obstante, los niveles de corrupción, ineficiencia y falta de control se mantienen.

   El FVS que maneja para este año alrededor de 170 mil millones de pesos para dotar a la Policía y otros organismos de seguridad en sus labores, se había  convertido en una “mina” para muchos contratistas amigos de poderosos políticos capitalinos, y más aún, en una “piñata” frente a la cual era válido para los mismos entes de seguridad, particularmente para la MEBOG, justificar cualquier tipo de contratación, con el único fin de ejecutar tan generoso presupuesto. Lo anterior ha dado como resultado que permanentemente se descubran actos de corrupción como el sobrecosto del 300 por ciento en los vehículos “autobalanceados”, que representan un detrimento de 894 millones de pesos en un contrato de 1.264 millones de pesos, la compra de cámaras de televisión que se instalaron en colegios públicos, las cuales tienen una serie de problemas y las que no se han instalado en su totalidad; contrato que se firmó por 40 mil millones de pesos. Adquisición de equipos de comunicación por 7,5 millones de dólares, los cuales no pudieron ser utilizados y hoy tiene que ser destruidos. Los 5 mil millones de pesos invertidos en la construcción de la Estación de Policía de Usaquén; la cual por quedar mal construida debe ser demolida, lo que representa la perdida de esa inversión. El contrato de mantenimiento del parque automotor de la Mebog, que asciende a los 6 mil millones de pesos anuales con la empresa Autoexpress Morato, la misma que le vendió los “autobalanceados” al Distrito Capital, empresa contra la cual existen denuncias penales y disciplinarias, entre otros claras pruebas de corrupción.

   Sin contar con lo que sucede con la administración de los bienes de propiedad del FVA, con sus inmuebles, 150  apartamentos que tiene en este momento la Mebog, sus vehículos, equipos, muchos entregados bajo la figura de los comodatos; los que son vigilados en forma precaria por 26 funcionarios de planta y una gran cantidad de contratistas que hoy están pero mañana no, en ultimas no existe continuidad y garantía de resultados. Frente al tema de los 416 comodatos cabe precisar que las entidades más beneficiadas con este tipo de préstamos son la Mebog, Brigada trece del Ejercito, Secretaría de Gobierno, Fiscalía, CTI- Bogotá, Medicina Legal, se sabe que muchos de ellos ya se encuentran vencidos, y otros no se sabe si están siendo usados adecuadamente.

   El gobierno de Petro incluyó en uno de los ejes de la “Bogotá Humana”, la recuperación de lo público; recuperar lo público es arrancarlo de las manos de quienes desde una posición privilegiada lo han explotado por décadas para su propio beneficio económico y electoral. Quienes desde esta posición ven en el Alcalde Mayor una amenaza contra sus intereses; tienen razón, los contratos ilícitos, los negocios torcidos, y el respeto por los fortines históricos no serán consultados en esta administración. Esto se evidencia en todos los sectores: en movilidad, educación, aseo, integración social y como no, en seguridad y convivencia. Hoy se observan reconocidos empresarios y políticos alterados frente a las iniciativas de la administración distrital, tildan al alcalde de dictador y crean un cerco mediático en su contra, no importa, las ciudadanías bogotanas hoy entienden que con su triunfo democrático perdieron las mafias corruptas, lo preocupante sería que no.