Política de seguridad de Medellín cae en el populismo punitivo
Un estudio del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular
de Capacitación —IPC, titulado Retórica y
práctica autoritaria en Medellín: las ficciones y confusiones de la (in)
seguridad, concluyó
que la política de seguridad de la actual administración municipal es populista
y autoritaria, y no demuestra avances significativos en la prevención y
disminución de delitos y vulneraciones a los derechos humanos.
Para exponer lo anterior, el estudio cita datos del Sistema
de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín (SISC), según los
cuales entre enero y junio de 2015 en la ciudad ocurrieron 230 homicidios,
mientras que en igual periodo de 2016 la cifra aumentó a 250. En ese mismo
lapso de tiempo, los hurtos pasaron de 7.729 a 8.031 casos, los disparos al
aire de 354 a 424 caos, y el secuestro de 4 a 11 casos.
No obstante, las
estadísticas reflejaron disminuciones en violencia intrafamiliar, de 2.854 a
2.615 casos; riñas, de 25.781 a 24.169; delitos sexuales, de 765 a 582; y
extorsión, de 156 a 109.
Según el estudio,
las deficiencias en las estrategias de seguridad implementadas por el Alcalde
Federico Gutiérrez, desde su plan de desarrollo, se reflejan con claridad en
las zonas que han tenido una intervención especial por parte de la Alcaldía:
Comuna 5 (Castilla), Comuna 7 (Robledo), y Comuna 10 (Candelaria), centro de la
ciudad.
“Así por ejemplo,
al revisar la distribución de los homicidios por comunas y corregimientos en
Medellín, se observa que durante el primer semestre del año La Candelaria,
Castilla y Robledo son las zonas con mayores violaciones al derecho a la vida”.
Por ello, “llama
la atención la amplitud con la que la administración municipal y la Policía
Nacional difundieron a través de importantes medios de comunicación los
resultados de los operativos realizados en las comunas 5, 7 y 10 (…) Es
insólito que se anuncien como resultados lo que no dejan de ser meras ficciones
de la seguridad: requisas, desalojo de vendedores informales, revisión de
antecedentes judiciales a vehículos y motos, incautaciones menores de
estupefacientes, imposición de comparendos de tránsito, etc., no pasan de ser
anuncios fundados en lo que la criminología crítica ha denominado como populismo
punitivo”, anota el informe.
Teniendo en cuenta
lo anterior, el Observatorio de DD.HH. y Paz concluye que “más que resultados
eficaces, que reviertan los problemas de violencia, criminalidad y
delincuencia, lo que se termina presentando son resultados insignificantes con
los cuales se quiere aparentar fortaleza y enviar un mensaje de tranquilidad a
la comunidad”.
Esto, explicó Juan
Esteban Jaramillo, analista del Observatorio, “se ve reflejado en la decisión
de intervenir diferentes comunas y barrios con la utilización de fuerzas
letales como las del Ejército, lo cual, en lugar de fortalecer la garantía de
los derechos humanos y la seguridad, implica un grave riesgo para la vigencia
de los mismos, máxime si se tienen en cuenta eventos de la historia reciente,
como las mal rememoradas operaciones Mariscal y Orión que afectaron
profundamente a la población civil”.
Pero el estudio
también pone en entredicho la labor de la pasada administración, del exalcalde
Aníbal Gaviria Correa, que aseveró la desarticulación de estructuras
delincuenciales y criminales en la ciudad. Contrario a eso, según el Sistema de
Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), los contextos en los
cuales ocurrieron los homicidios de los últimos años en la ciudad (2014 –
2015), muestra que un 45 por ciento de estos fueron por enfrentamientos,
disputas o actuaciones de estructuras armadas, lo que refleja procesos de reconfiguración
de esas agrupaciones ilegales.
En ese sentido, el
informe plantea que en varios periodos las disminuciones de los índices de
seguridad han obedecido a la realización de pactos o a la consolidación de un
actor ilegal en determinado territorio, más que a la intervención de las
autoridades.
Sin embargo, en
sus conclusiones, el observatorio del IPC llama la atención sobre la necesidad
de “reconocer que la pervivencia y persistencia de estructuras delincuenciales
y criminales en la ciudad, es un asunto que atañe a toda la sociedad y no a una
determinada y pasajera administración municipal”.
De ahí, concluyó
el estudio, el imperativo de desarrollar medidas que sobrepasen los periodos de
gobierno de los mandatarios, con agendas y estrategias construidas a partir de
debates públicos y democráticos que incluyan a los diversos actores de la
sociedad.
Así mismo, invitó
a “revisar los procesos de acción colectiva y resistencia, que diferentes
organizaciones sociales y comunitarias desarrollan en aras de constituir entornos
protectores y restarle fuerza a las acciones violentas”.
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