12º Robos Financieros.

12º Robos Financieros.

1982 Crisis Financiera. Grupo Grancolombiano, Corporación Financiera Santa Fe, Banco Nacional, Banco del Estado, Furatena. 1982 marca un hito en la cronología de las defraudaciones económicas. Después de varios meses de omisiones de las autoridades de control y de debates políticos, estalló la llamada crisis financiera de los años 80, que obligó al Estado a intervenir a 17 instituciones crediticias que, a través de autopréstamos, captación ilegal de ahorros o maniobras financieras y bursátiles para apoderarse de empresas, terminaron defraudando a más de 80 mil ahorradores privados que, en su momento, perdieron más de $10 mil millones.

   Estas entidades financieras y múltiples compañías inmobiliarias, entre otros, se dieron a los malos manejos y, a través de operaciones ficticias o falsificando documentos, desataron una crisis financiera sin precedentes. El asunto desbordó en la declaratoria de la emergencia económica en 1982 y la expedición del decreto 2920 para meter en cintura a los banqueros defraudadores. Terminaron condenados, sujetos como Jaime Michelsen Uribe, Félix Correa, Jaime Mosquera.

   En medio de la crisis, 2 episodios dieron cuenta del deterioro de la banca en Colombia:

   1º el Banco de los Trabajadores. Oficializado en 1986 por manipulación del ahorro del público, con un accionista mayoritario: Gilberto Rodríguez Orejuela.

   2º La Caja Vocacional. Fondo pastoral de la Iglesia Católica, que también cedió a la tentación de captar dineros y promover acciones dolosas hasta defraudar a muchos de sus cuentahabientes.

   1999. El Banco del Estado, el Banco del Pacífico, el Banco Andino o el Banco Central Hipotecario.  Lección no aprendida porque, 15 años después, la insolvencia de varias entidades financieras repitió la película. Fue necesario crear, a través de la Ley 510 de 1999, una comisión de la verdad para informarle al país las causas y responsables de una nueva crisis del sector financiero estatal. Los directores de estos bancos fueron objeto de falsedades, peculados, sobregiros, autopréstamos u otras irregularidades que los llevaron a su intervención estatal.

2012 Interbolsa.

Robo: $340 mil millones. Contexto. En el momento menos esperado, en las circunstancias más ilógicas, durante el año 2012, la comisionista Interbolsa fue intervenida, el principal corredor de bolsa en Colombia. Una de las razones principales por las cuales se empezó el proceso, fue la deuda que la comisionista tenía con el banco español BBVA por una suma de $20 mil millones. También, otro de los puntos principales fue la caída de Víctor Maldonado, con el 30% de acciones dentro de la comisionista. Entre los otros acusados se encuentra Rodrigo Jaramillo, cerebro principal del caso Interbolsa, condenado a 7 años de prisión domiciliaria por manipulación fraudulenta y administración desleal. El descalabro de la firma, con un portafolio de 174 millones de dólares, es quizás el más sonado de los últimos años, una historia de corrupción que defraudó a 1.260 inversionistas que perdieron más del billón de pesos. Consecuencias. El desvío de dineros obtenidos mediante préstamos por $248 mil millones de pesos, utilizados por la directiva de Interbolsa para uso personal. La incautación de bienes y empresas intervenidas por una deuda pendiente de Fondo Premium, por un valor de $350 mil millones. La extradición del fundador de Interbolsa, Víctor Maldonado, hacia España por estafa gravada y captación masiva de dinero. El descalabro de varias empresas intervenidas por Interbolsa en operaciones financieras de altas sumas de dinero. La consolidación de una feria de contratos para el registro de los incrementos superiores en materia de alquiler de andamios y contrataciones. El escándalo estalló por el del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsa a su "Fondo Premium" para su uso personal. Condenas. Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz montaron un entramado que estafó a inversionistas de Interbolsa y Premium. En el 2016 aceptaron el delito y en marzo pasado fueron condenados a 5 años y 9 meses de detención domiciliaria, el pago de 100 salarios mínimos como multa.  Rodrigo Jaramillo, cabeza de Interbolsa, condenado por manipulación fraudulenta y administración desleal, a 7 años de prisión domiciliaria, multa de $7 mil millones. Además de otras personas vinculadas con la entidad.

2004 Escándalo de Invercolsa.

Estalló durante el período de Fernando Londoño como ministro del interior y de justicia, en el período presidencial de Uribe.

La supersociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de $9 mil millones en mayo de 1997, obligándolo a presentar su renuncia al cargo de ministro en 2004.​ Invercolsa era una empresa de Ecopetrol, la petrolera estatal que manejaba inversiones en campos petroleros. En febrero de 2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el ministro presentó una certificación falsa que lo acreditaba como propietario de esas acciones. El Juzgado determinó que Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los $145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que, en término de 5 días, el ministro Londoño debiera restituir a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.​ Decisión que fue inmediatamente apelada por el ministro y en 2005, una sala de conjueces del consejo de estado dejó sin efecto la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo. Finalmente, la Corte Constitucional les dio la razón a ambas entidades, aunque al día de hoy las acciones no han sido devueltas.

2016 Las Libranzas. Estraval. Elite. Rédito.

Miles de inversionistas fueron estafados al invertir en el mercado secundario de libranzas, a través de empresas como Rédito, Estraval y Elite, aliadas con ciertas cooperativas de libranzas. Los pagarés-libranza ofrecidos por Estraval y Elite resultaron no estar respaldados por los montos establecidos. Según la Fiscalía, esto no fue por omisión, sino que estas empresas modificaron el mercado secundario, para introducirse y hacer captación masiva e ilegal de fondos; básicamente, un esquema pirámide. Este desfalco llevó al cese de pagos a los inversionistas y la perdida de sus ahorros. Se estima que las pérdidas pueden ascender a más de $1.5 billones​ en 2016 de más de 10.000 pequeños ahorradores o personas naturales, así como de grandes instituciones y fondos de pensiones. La supersociedades inició acciones contra Estraval y Élite desde agosto de 2015. La Supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas, y ha abierto investigaciones a más de 12 cooperativas por el caso Estraval, y 12 por el caso Elite.​ En cuanto a las sociedades, la Supersociedades ordenó la liquidación de sus bienes en agosto de 2016 para Élite y septiembre del mismo año para Estraval, con el objetivo de restituir el dinero a sus víctimas.​ La Fiscalía imputó cargos contra miembros de Estraval y Elite por captación masiva e ilegal de dinero.​

   Rédito S.A. Otra captadora ilegal, objeto de intervención. Donde figura Juan Carlos Tavera, ex Global Securitires, Proyectar Valores, quien captó dineros del público a más de 50 inversionistas por valor de $12 mil millones. Aquí el interventor Javier Suárez ha brillado por su falta de gestión a pesar de haberle denunciado oportunamente todos los bienes que tenían los captadores. El hombre no fue diligente en embargarlos y fueron en su mayoría traspasados a terceros, al igual que los bienes del gerente Edwin Lopera. Ni siquiera ha iniciado las acciones revocatorias del caso.

   Cronología de la liquidación de Estraval

   Desde el 15 de abril de 2015, ESTRAVAL S.A. comenzó a incurrir en mora en la transferencia de los flujos de la cartera recaudada, hasta que en el mes de marzo de 2016 cesó totalmente en su obligación de realizar las transferencias de los recursos al BAC.

   El 2 de junio de 2016, el BAC toma la decisión de revocar el mandato de administración, cobro y recaudo de cartera, para asumir dichas actividades de manera directa, es decir, cuando ESTRAVAL ya había entrado en liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, entidad que había ordenado poner a su disposición los recursos de ESTRAVAL, como medida cautelar emitida en auto del 26 de mayo de 2016.

   25 de mayo de 2016 la Superintendencia de Sociedades admitió en proceso de reorganización Empresarial a ESTRAVAL;

   14 de junio de 2016 decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de ESTRAVAL

   31 de agosto de 2016 decretó la liquidación Judicial como medida de intervención de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de ESTRAVAL por captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público.

   El hallazgo con incidencia fiscal se determinó dentro de la Auditoría Regular que adelantó la CGR al BAC. El informe ya se encuentra publicado en la página web de esta Entidad para conocimiento de la ciudadanía.

   Estraval. Estrategias en Valores S.A. Se ha conocido que Fernando Joya, alto directivo de Estraval, está haciendo acercamientos con la Fiscalía para buscar rebaja en la pena y ha suministrado información que permite esclarecer lo que ocurrió al interior de esta firma y quienes son las personas que participaron en todo el descalabro financiero por más de un billón de pesos, y si se pagará capital e intereses a los inversionistas.

   Dentro de las personas mencionadas hay un expresidente y un exsuperintendente. Y también se espera que haya un Estraval 2, con una serie de órdenes de captura a más involucrados en el descalabro financiero.

   Estraval. El lote de Colombian Land tiene un avalúo máximo de $214.000.000.000, de los cuales se han pagado $12.391.160.731. La supersociedades decide que el monto actualizado de los valores que debe restituir a la intervención, la señora María Matilde Carrasquilla Sicard, es de $ 13.316.092.692. Lo que significa que de un plumazo los afectados de Estraval perdieron $200 mil millones.

   Banco Agrario y Estraval. El detrimento patrimonial de $20 mil millones en Banagrario por Estraval. Lo estableció la Contraloría, derivado de la celebración y ejecución del contrato de compra de cartera de libranza a descuento celebrado por el Banagrario y ESTRAVAL.

   En virtud del mencionado negocio de compra de cartera, el Banagrario compró a ESTRAVAL créditos de libranza no vencida, originados por varias cooperativas, por valor de $24.126 millones, correspondiente a 5.359 libranzas, y le delegó a ESTRAVAL funciones esenciales, como lo eran la administración, el cobro y el recaudo de dicha cartera.

   La Contraloría estableció que Banagrario no dio cumplimiento a su Manual de Políticas de Crédito que exigía  que el vendedor de cartera se encontrara legalmente constituido y tuviera experiencia mínima de 3 años en la originación de libranzas,  ni su trayectoria en la celebración y ejecución a satisfacción de ese tipo de contratos, como tampoco existe soporte alguno que demuestre que el BAC obtuvo conocimiento de las políticas y procedimientos de crédito de las cooperativas que otorgaban los créditos (originadoras).

   Banagrario desconoció las disposiciones de la Superfinanciera que establecen la obligación del comprador de cartera de “Conocer y tener debidamente documentadas las políticas y procedimientos de crédito del originador en cada uno de los procesos”.

   Se encontraron  deficiencias en el proceso de valoración  y estructuración del modelo de negocio de compra de cartera de libranza por parte del BAC, “al no realizar la evaluación integral de los riesgos asociados a la operación, entre ellos el riesgo de contraparte, pues ESTRAVAL fue un intermediario que asumió obligaciones y responsabilidades propias del negocio, como fueron las consistentes en administrar, cobrar y recaudar los valores que componían la cartera, para posteriormente transferir tales recursos al BAC”., explica el informe de auditoría.

   Aunado al hecho de que la empresa que custodiaba los títulos y toda la documentación física de la cartera objeto de compra, fue contratada directamente por ESTRAVAL bajo su cuenta, riesgo y costos.

   Con miras a recuperar los $19.666.496.435, el BAC solicitó al Liquidador de ESTRAVAL ser reconocido en el proceso liquidatorio como acreedor de ESTRAVAL y subsidiariamente como afectado; no obstante, no fue reconocido como afectado.

   Otras situaciones que originaron el detrimento patrimonial

   No se demostró si el BAC obtuvo pleno conocimiento acerca de los procedimientos, políticas y trayectoria de ESTRAVAL en los procesos de administración, seguimiento, recaudo y transferencia de los recursos provenientes de la cartera vendida, con lo cual el BAC hubiese podido identificar los riesgos adicionales que suponían la intervención de una persona jurídica a cuyo cargo se establecieron las importantes labores de administrar, realizar el cobro de la cartera y transferirla al comprador.

   No obstante que en marzo de 2015 ESTRAVAL había sido sometida a control de la Superintendencia de Sociedades; que en marzo y abril del mismo año diferentes dependencias del BAC habían advertido situaciones que ponían en riesgo el negocio y consideraban inconveniente continuar los vínculos contractuales que se tenían con ESTRAVAL, y que desde abril de 2015 ESTRAVAL comenzó a demorar las transferencias de las cuotas recaudadas, el BAC no adoptó ni ejecutó acciones o medidas eficaces y oportunas frente a tales situaciones, que alertaban posibles riesgos de incumplimiento del contrato y, con ello, pérdida de los recursos.

   El BAC se limitó a realizar gestiones de cobranza ordinarias, como si ESTRAVAL fuera deudor de un contrato de mutuo, y a suspender las compras  a ESTRAVAL para no incrementar su exposición al riesgo, pero ante el riesgo inminente de no obtener a futuro el recaudo de la cartera no realizó gestión temprana alguna, ni tomó medidas oportunas y eficaces como la que el mismo contrato le permitía, consistente en la revocatoria del mandato de administración y recaudo.

   Fue solo hasta el 2 de junio de 2016 que el BAC tomó la decisión de revocar el mandato de administración y recaudo de la cartera, fecha en la cual la Superintendencia de Sociedades ya había admitido la reorganización Empresarial de ESTRAVAL y como medida cautelar había ordenado poner a su disposición los recursos de ESTRAVAL, motivo por el cual el BAC no pudo obtener la transferencia de las sumas que ya se habían descontado en los créditos de libranza.

   Finalmente, no se evidenció la supervisión, el seguimiento y control a la ejecución del contrato, por cuanto no hubo evaluación de los requisitos documentales de las libranzas de manera previa a la ejecución del crédito; no se ejecutaron medidas correctivas tendientes a subsanar los riesgos identificados previamente y durante la ejecución del contrato; no se generaron informes que den cuenta de las medidas tomadas en el momento en que ESTRAVAL incumplió con la transferencia de los recursos en el plazo pactado, ni cuando suspendió de manera definitiva los pagos al BAC.

   En consecuencia, se constituyó hallazgo fiscal en cuantía de $19.666.496.435, que corresponde al saldo de capital (15.926.494.432), más la prima ($3.740.002.203).

   Con miras a recuperar los $19.666.496.435, el BAC solicitó al Liquidador de ESTRAVAL ser reconocido en el proceso liquidatorio como acreedor de ESTRAVAL y subsidiariamente como afectado; no obstante, no fue reconocido como afectado.

   Según información suministrada por el Liquidador, ESTRAVAL cuenta con activos equivalentes a $41.449 millones, que debe destinar, en primer orden, a cancelar las reclamaciones por valor superior a $549.000 millones, de personas naturales y jurídicas que han sido reconocidos como “afectados”, situación que no cobija al BAC.

2008 Las Pirámides.

Robo: $2.16 billones en 2008. En esta ocasión el estado tuvo que intervenir drásticamente, declarando el estado de emergencia social en el país, debido a una serie de acontecimientos ocurridos a raíz de la quiebra de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusadas por las autoridades colombianas de actividades ilegales como esquemas piramidales, captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos las más importantes y protagonistas de este escándalo; Proyecciones DRFE y DMG. La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas escondían otro tipo de delitos como lavado de dinero, producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico. Estas empresas afectaron la economía del país.

2008 La DMG Política.

En el año 2008 el emporio que David Murcia Guzmán DMG comenzó a construir tres años antes se desplomó tras ser capturado en Panamá, después de que en Colombia sele imputara captación ilegal de dinero y lavado de activos. Murcia Guzmán, quien fue relacionado con reconocidos narcoparamilitares como Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Juan Carlos Abadía, alias “Chupeta”, habría defraudó a centenares de ahorradores en cerca $1,1 billones, según la Supersociedades.

   Suscitada a raíz de la intervención, por parte del Estado, de la empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A., luego de la crisis económica, social y de orden público generada por esta clase de empresas en Colombia.​ En grabaciones Murcia, gerente de DMG, conversa con su cuñado William Suárez ambos capturados por la justicia, dejando en evidencia la entrega de $400 millones en 2008, como contribución a la campaña política del candidato a la gobernación de Boyacá y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, magistrado del consejo de la judicatura, a quien nunca se le abrió investigación por estos hechos.​ En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a 10 políticos ganadores en las elecciones de 2007.

   La fiscalía advirtió que también existirían nexos entre DMG y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes, intereses comerciales de la compañía. ​ El Procurador, Maya, anunció investigación disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al consejo electoral los resultados financieros de los campañas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas recibieron dineros de DMG.

​ De estas investigaciones, sólo una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al personero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por 8 años.​ De igual manera, la Fiscalía abrió investigación contra los gobernadores de Bolívar, Joaco Berrío, y del Magdalena, Omar Díazgranados, por sus presuntos vínculos con D.M.G.

2016 Panamá Papers. Paraíso fiscal en Panamá. Para evadir impuesto y depositar dineros fruto del narcotráfico, robas al erario público. En el procesamiento de la información participaron 86 periodistas de 38 medios diferentes del mundo: The Guardian y la BBC, Reino Unido, Le Monde, Francia, The Washington Post, USA. Tras conocerse la dirección de la base de datos, revelada en la página web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, se conoció que de los registros vinculados a Colombia, entre periodistas, políticos, empresarios y congresista, 41 direcciones en Barranquilla.

   Juanita León García, del portal web de La Silla Vacía, aparece como socia de la empresa Snowville Overseas, que está activa. Quien aseguró que “es una empresa de mi familia socia de comercializadoras de materias primas en el sector alimenticio. Como lo exige la ley, registrada ante el Banco de la República como inversión en el exterior y reportada en mi declaración de renta”.

   El periodista Darío Arizmendi Posada, director de noticias de Caracol, figura como beneficiario de la firma Clear Creek Limited, con sede en Islas Vírgenes, de la que sus 3 hijos son accionistas.

   Humberto De la Calle Lombana, jefe negociador para la paz, con shareholder de Davinia Properties S.A., con dirección en Bogotá.

   Jerónimo y Tomás Uribe Moreno, con Asia America Investment Corporation, vinculada desde 2008, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. La dirección registrada en Colombia es la carrera 8 No. 7-26, es decir, la Casa de Nariño. Igual, con fecha noviembre de 2012, figura el registro de la firma UM Holdings Global Inc a nombre de la sociedad Uribe Moreno S.A.S.

  Alfredo Ramos Maya, congresista del Centro Democrático, vinculado a Kirtland Holding Inc., empresa activa con jurisdicción en Panamá y dirección en Medellín.

   Roberto Hinestrosa Rey, presidente del Concejo de Bogotá, de Cambio Radical, está como socio de Crownpeak Enterprises Inc., con jurisdicción en Panamá.

   Efraín Enrique Forero, presidente de Davivienda, tiene registro en la base de datos como socio de Seavers International Inc., con sede en Bogotá.

2015 Crédito de Banco Agrario a Navelena. Banco de Occidente.

Robo $135.805 mil millones. La Contraloría determinó el detrimento en $135.805 millones, por créditos que el Banco Agrario le hizo a Navelena, cuyo dueño es la multinacional Odebrecht. Se trata de 2 préstamos, por $70 mil millones y $50 mil que, según el ente de control, no debieron ser otorgados por la reputación de Odebrecht, y porque la posibilidad de que fueran pagados estaba supeditada al cierre financiero del proyecto y a las condiciones de terminación anticipada del convenio. Aunque se suponía que los créditos debían ser para la recuperación del río Magdalena, la Contraloría encontró que, el crédito de $50 mil millones, se destinó al pago de una deuda con el Banco de Occidente.

   Según la investigación, el banco estatal no estudió lo riesgos a los que se exponía, pues no tuvo en cuenta el escándalo de Odebrecht en Brasil, que ya era ampliamente conocido cuando el Banco decidió aprobar y desembolsar los créditos. El organismo dice que para el 20 de junio del 2015, cuando se otorgaron los créditos ya era conocido que 5 directivos de Odebrecht habían sido detenidos por las autoridades de Brasil por los escándalos de los sobornos. Aunque algunos delegados del banco intervinieron y afirmaron que esto implicaba un riesgo reputacional, aun así el préstamo continuó su trámite y fue otorgado. 
   Además, tampoco se hizo un análisis sobre el flujo de caja, que era incierto para esa época, y no se avizoraron las dificultades de pago que podrían generarse, dice la investigación. 

Para la Contraloría es claro que el banco también desconoció la normatividad de esa entidad y la de la Superintendencia Financiera en materia de créditos y garantías.
​   Otra de las irregularidades es que aunque la junta directiva del banco había aprobado unas condiciones para el crédito, fueron modificadas por instancias internas sin realizar una consulta. 

   Esas modificaciones tuvieron como origen un concepto del abogado de Navelena “sin que las instancias del Banco Agrario que conocieron del mismo hubieran realizado un análisis serio de la garantía o hubieran consultado con la Fiduciaria de Occidente y, lo más importante, sin que hubieran informado a la Junta Directiva del Banco las modificaciones adoptadas en relación con las garantías, para que sus miembros pudiera analizar y tomar una decisión seria y suficientemente informada sobre las mismas”, dice la auditoría hecha por la Contraloría Delegada para el Sector de Gestión Pública e Instituciones Financieras.

   Añade que las condiciones que se cambiaron fueron específicamente las que tenían que ver con la garantía de pago del crédito, y las exigencias ante incumplimiento. 

   Crédito de Banco Agrario a Navelena: radiografía de un préstamo espinoso.

   Un concepto jurídico que llegó tarde, tasas mal calculadas y, en general, modificaciones irregulares quedan expuestas en el informe de auditoría del Banco Agrario sobre $120.000 millones desembolsados al consorcio conformado mayoritariamente por la multinacional Odebrecht.

   Desde el interior del Banco Agrario de Colombia se habían cambiado las condiciones que la junta directiva de esa entidad había estipulado para los desembolsos del crédito por $120.000 millones aprobado a Navelena en noviembre de 2015. Se trata del préstamo otorgado al consorcio al que se le encargó recuperar la navegabilidad del río Magdalena y que está compuesto en un 13,3 % por Valorcon y en 86,5 % por Odebrecht, la firma brasileña que entregó US$11 millones en sobornos a cambio de contratos de construcción de infraestructura en Colombia y que está en la mira de las autoridades de varios países por sus tentáculos de corrupción.

   Dos días después de la publicación de este diario, las conductas de los funcionarios del banco fueron consignadas en un informe de auditoría interna de la entidad, conocido por El Espectador. Allí se recoge el paso a paso de las modificaciones que se hicieron a las condiciones del préstamo que fue solicitado por Navelena el 26 de agosto de 2015, aprobado por la junta directiva el 12 de noviembre del mismo año y desembolsado los días 17 y 22 del mes siguiente, en montos de $70.000 millones y $50.000 millones, respectivamente. Al mismo tiempo, en el documento, se señalan las “debilidades de control interno y de gobierno corporativo” en el único banco público del país.

   El Espectador pudo conocer que el pasado viernes fueron suspendidos de sus cargos el gerente de asesoría jurídica del negocio, Juan Carlos Orjuela, y el vicepresidente que estaba encargado de la banca comercial en el momento de los desembolsos efectuados a Navelena, Alejandro Jiménez. Este último fue apartado ahora de la gerencia de banca empresarial y la Fiscalía General de la Nación le imputará el cargo de delito de falsedad en documento el próximo 15 de marzo. Entre las faltas que la auditoría interna le achaca a Jiménez está haber aprobado el cálculo de las tasas preferenciales que se dieron en el crédito a Navelena a partir de ingresos “establecidos sobre la base de expectativas futuras” del área comercial y no ingresos reales.

   El informe de auditoría estudió el crédito desde su origen, análisis y decisión, constitución de garantía, desembolso y recuperación de la cartera. Advierte que, de entrada, no hay “una solicitud formal por parte de la empresa (Navelena) para el trámite de un crédito por $120.000 millones, por cuanto la existente en los soportes documentales sólo asciende a $100.000 millones”. Es decir, Navelena en principio pidió prestados $100.000 millones, pero, de alguna manera, el monto que llegó a la consideración de la junta directiva que aprobó el crédito es superior en $20.000 millones. Según la auditoría, sólo hubo una “manifestación vía correo electrónico de la Vicepresidencia de Banca Comercial en donde se indica a esta oficina que el aumento del monto obedece a la variación en los gastos preoperativos que ocurre en el lapso de agosto a septiembre (de 2015)”.

   Asimismo, señala que funcionarios de la entidad ignoraron o no tuvieron en cuenta las condiciones tanto financieras como reputacionales de Odebrecht. A septiembre de 2015, las cifras de Norberto Odebrecht Colombia (titular del 25 % de Navelena), “aun cuando reflejan un significativo incremento de los ingresos que pasaron de $27.864 millones en 2014 a $74.094 millones, por el impacto en los costos y gastos arrojan pérdidas operacionales por $3.881 millones, las cuales, aunadas por el rubro de otros egresos, conllevaron a que las pérdidas netas ascendieran a $7.204 millones”. Agrega que, si bien el hecho de que las pérdidas superen ampliamente el valor del capital de la compañía no impide la posibilidad de otorgamiento del crédito en cabeza de Navelena, “sí es un factor de riesgo inherente sobre el cual no figura mención alguna ni en las presentaciones comerciales ni en el estudio realizado por la gerencia de análisis de crédito”, dice la auditoría.

   Casi igualmente inoportuno fue el concepto jurídico que se emitió con respecto a la reputación de Odebrecht. Para el trámite de la operación a cargo de Navelena, “la gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio (adscrita a la Vicepresidencia Jurídica) emite un concepto 13 días después de la aprobación por parte de la junta directiva (es decir, el 25 de noviembre) en donde plasma su opinión sobre la ausencia de inhabilidad para contratar con la firma Odebrecht en Colombia”.

Llama la atención en el informe de auditoría que quienes se pronuncian sobre la posibilidad de que esa empresa pueda contratar, a pesar de las circunstancias legales que enfrentaban en ese momento en Brasil Odebrecht y sus directivos, son los abogados externos Ricardo Hoyos Duque, expresidente del Consejo de Estado, y Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador general de la Nación, así como las firmas Arrieta Mantilla y Asociados y Jaime Lombana Villalba & Abogados.

   Gran parte de las 31 páginas de la auditoría se extiende en la minucia de las modificaciones a las condiciones con base en las cuales la junta directiva dio su visto bueno al crédito. Entre ellas estaba que el banco tuviera en custodia el contrato de fiducia mercantil suscrito entre Navelena y Fiduciaria de Occidente, que la vicepresidencia comercial se asegurara de que el Banco Agrario quedara como beneficiario de la fuente de pago (fiducia) y, además, que esa misma vicepresidencia certificara que Cormagdalena reconociera al banco como “acreedor financiero de la etapa de preconstrucción” y autorizara modificar el contrato de fiducia suscrito entre Navelena y Fiduoccidente. Eso, básicamente, garantizaba que al banco se le pagara sí o sí, y con prioridad respecto a cualquier otro acreedor, pero las condiciones fueron cambiadas.

   Según la comunicación 981 del 16 de diciembre, conocida por este diario, la vicepresidenta de crédito y cartera, Marcela Ferrán, le informa al vicepresidente de banca comercial (e), Alejandro Jiménez, que el comité de crédito (la primera instancia que estudia la solicitud del préstamo) decidió “aclarar el texto de la garantía de la operación (crédito)” aprobada por la junta directiva. Eso, según la misma 981, se hizo con base en otra comunicación del mismo día de la gerencia de asesoría jurídica -a cargo de Juan Carlos Orjuela- y la vicepresidencia de banca comercial, en la que “se indica que no es necesario tener en custodia el contrato en original de fiducia mercantil irrevocable de administración, garantía, fuente de pago y pagos suscrito entre Navelena S. A. S. y la Fiduciaria de Occidente S. A., dado que el certificado emitido por la Fiduciaria de Occidente es suficiente”.

Pero, además, el 17 de diciembre, el día del primer desembolso, la vicepresidencia de crédito y cartera, el gerente nacional de análisis de crédito (e), la subgerente de crédito empresarial y oficial (e), el profesional sénior de análisis financiero (e) y la coordinadora de crédito empresarial y oficial informaron al vicepresidente de banca comercial (e) que el mismo comité de crédito de la vicepresidencia de crédito decidió “modificar el texto de las condiciones previas al desembolso” del crédito. Según la comunicación 0992 de esa fecha, se eliminó el requisito de que Navelena incluyera al Banco Agrario como beneficiario de la fuente de pago de la fiducia y de certificar que Cormagdalena reconociera al banco como acreedor financiero de la etapa de preconstrucción y la modificación del contrato de fiducia mercantil.

   Finalmente, el 22 de diciembre, día del segundo desembolso, por $50.000 millones, el comité de crédito hizo otra “aclaración”, firmada por Irleana Martínez, profesional sénior de análisis financiero, y Édgar Velasco, coordinador de crédito: dado que no era necesario tener original del contrato de fiducia, “el banco deja en custodia la copia”.

   Lo irregular de estos hechos parte de la base de que, según la política institucional del Banco Agrario, cualquier modificación de las condiciones financieras y de garantías de una operación de crédito debe ser aprobada por el estamento que dio originalmente el visto bueno. Es decir, a la luz de eso, la única que podría haber modificado las reglas de juego era la junta directiva, y así lo reconoce la misma auditoría.

   Ahora bien, ¿por qué estaba encargado Alejandro Jiménez en la vicepresidencia de banca comercial? Fuentes del Banco Agrario confirmaron que la titular de esa dependencia, Mónica Santamaría, estaba ocupando el cargo de vicepresidenta encargada de Banca Agropecuaria, después de que, por decisión de la junta directiva, Magdalena Fandiño dejara esa función.

   El Espectador en julio pasado informó sobre diferencias que, según fuentes cercanas a este diario, existían entre miembros de la junta directiva y el expresidente del Banco Agrario -Francisco Solano-, quien estaba en el cargo al momento de la aprobación del crédito a Navelena. La razón era que el órgano directivo tenía en buen concepto a Fandiño, pero Solano no se sentía a gusto trabajando con ella. Posterior a la remoción de la funcionaria por parte de la junta directiva, que accedió a la petición de Solano, este último decidió cambiar a otros dos vicepresidentes, lo cual no cayó bien en la junta.

   En un artículo publicado el 2 de julio, Francisco Solano explicó: “Hice unos cambios que creí que eran necesarios para el banco, normales. Cuando los tres cambios, al otro día salió que en Bancolombia habían cambiado a cuatro. Consideraba que había cosas por mejorar (…) que haya tenido un timing desafortunado, en una coyuntura complicada, sobre todo por los temas de la junta. Se mezclaron dos variables independientes por una decisión de la asamblea en la que no tengo nada que ver (el cambio en los miembros independientes de la junta)”.

   ¿Qué sigue? El Banco Agrario espera la audiencia de caducidad del contrato de alianza público-privada entre Cormagdalena y Navelena, que se llevará a cabo el próximo ocho de marzo, en vista de que el consorcio no cumplió con el cierre financiero el pasado 22 febrero, fecha en que terminaba el último plazo que la Corporación había otorgado. El banco estima que el dinero del crédito se estaría recuperando aproximadamente en mayo.

   El informe de auditoría sugiere la inexperiencia o por lo menos la descoordinación que en el momento del desembolso existía en el banco y que hizo cambiar de parecer una y otra vez sobre la naturaleza del crédito: “La carencia en el interior del banco de una línea de crédito para la financiación de una operación catalogada en principio como un crédito puente en un proyecto de infraestructura, que se ajustara a las condiciones del mercado sin tener que acudir a condiciones excepcionales para obrar en consecuencia, determinó que en las etapas de análisis posteriores se propusiera como un cupo de tesorería, se aprobara como crédito con destino a inversión y finalmente se desembolsara como una operación de capital de trabajo que, además, a la fecha aparece nombrada en el sistema como un mejoramiento de perfil de deuda por defectos asociados a la falta de coherencia entre las etiquetas que identifican las líneas de crédito en los diferentes módulos del sistema”.

   Según documentos publicados por Caracol Radio,

   Entre 2007 y 2016 el Banco Agrario aprobó recursos por más de $2,1 billones a empresas del sector de infraestructura.

   Allí están incluidas las garantías bancarias de casi medio billón de pesos sobre las que informó este diario en enero pasado y otorgadas para proyectos de vías de cuarta generación, respaldos que fueron aprobados con un plazo de 12 meses renovables, entre febrero y julio de 2016, apenas meses después de que el Banco Agrario estableció la política y las normas que rigen la expedición de ese tipo de garantías, procedimiento que fue reglamentado internamente en 2016.

   Además de las determinaciones disciplinarias que se tomaron dentro del banco -con respecto al gerente Orjuela y el vicepresidente (e) Jiménez-, la entidad está evaluando cómo mejorar el proceso de aprobación de créditos, que, a la luz del informe de auditoría, está en mora desde hace rato.

   El proceso sobre las irregularidades en el crédito seguirá en la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, ante la cual el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, interpusieron denuncia penal. “Es penoso que el ministro y el secretario de Transparencia escurran sus responsabilidades en los subalternos, cuando la junta directiva siempre conoció que Marcelo Odebrecht estaba preso y que el riesgo reputacional era un hecho objetivo y protuberante, a pesar de los ‘sesudos’ conceptos de pomposos y costosos abogados externos”.