8º Robos 2002-2010
8º Robos 2002-2010
039
2010 Dirección Nacional de
Estupefacientes. DNE
Robo: $30 mil millones. Los procesos del robo al DNE llevan durmiendo en la
Corte Suprema y en la Procuraduría más 17 años. Carlos Albornoz Guerrero,
director de la DNE, denunciado por préstamos a los Nules, saqueo en los 85 mil bienes incautados que ‘administraba la
DNE y entregas irregulares de narcobienes. Con él, otros 13 congresistas son acusados
de intercambiar favores a costa del Estado para su beneficio personal. Tras
este escándalo la DNE fue cerrada.
El escándalo estalló en 2010, cuando el
presidente Santos denunció los malos manejos que se habían presentado en la
DNE.
El Escándalo que se destapó por una
investigación hecha sobre los bienes incautados a Pablo Escobar, que se
entregaron a Roberto Escobar, alias "el osito", hermano de Escobar.
Se descubrió que "el osito" habría retomado el control de esos bienes
a través de los depositarios de los inmuebles e intermediarios, quienes
firmaron entre si contratos de arriendo por 50 años para diferentes proyectos
productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y beneplácito
de los ‘servidores públicos’.
Se descubrió también que ese mismo "modus
operandi" fue utilizado por otros narcotraficantes y jefes del crimen
organizado en más bienes incautados por la fiscalía a través de la extinción de
dominio y entregados en custodia a la DNE. Este escándalo llevó al gobierno a
intervenir de manera directa la ordenando la liquidación de la entidad que
concluyó en el año 2014;
La Fiscalía investigó penalmente, a 41
personas involucradas en el escándalo, entre directores, subdirectores y
asesores de la DNE, así como a 13 congresistas, los cuales, por su cargo,
debían ser investigados por la Corte Suprema y particulares que actuaban como testaferro
e intermediarios, de los cuales ya existen condenas contra varios de los
implicados.
Se descubrió que el sistema F.A.R.O Fácil
Acceso, Rápido y Oportuno, que era el sistema de seguridad de información usado
por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, era tan vulnerable que
se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los propietarios, quien
los custodia y el avalúo de los mismos.
Todos los bienes incautados que estaban en
manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la
Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, filial de Central de Inversiones
S.A. CISA, encargada de negociar activos de y para el Estado.
El 'hombre del maletín”. Las
autoridades están detrás de la pista del 'hombre del maletín' quien sería el
encardado de entregar las resoluciones de nombramiento de los depositarios y de
los pagos en efectivo por la adjudicación de bienes. Aún continua la investigación en busca de más
implicados y para imputar cargos a
11 servidores públicos. En diciembre 21 de 2011
comenzó la debacle para la organización. Fueron imputados por 8 delitos:
concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión,
concusión, cohecho, peculado, fraude procesal y falsedad. Omar Figueroa Reyes,
los servidores públicos de la DNE Javier Mantilla, Manuel Ospino y Jairo Muñoz,
así como la agrónoma Liliana Garavito.
Omar
Adolfo Figueroa Reyes, director de la DNE. Desde febrero 3 de 2012, está
recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Luego de varios años en prisión
y de permanecer en silencio, el director de estupefacientes entregó matriz en
donde delata a 29 personas en negocios “non santos” con bienes del
narcotráfico. “A Roy Barreras se le dieron bienes en el Valle. Concretamente el
hotel Plaza Versalles en Cali a Carlos Urresty Isaza, quien figura como
depositario del hotel”.
Camilo
Bula, director de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, salpicado por el
informe y quien también tenía sus recomendados.
Carlos Albornoz Guerrero, director de la DNE entre el 2006 y
2008, fue congresista y dirigente del Partido Conservador. El Ministerio
Público lo sanciono con destitución e inhabilidad para ocupar cargos por 14
años, por 3 cargos: dos relacionados con omisiones para evitar que bienes
incautados a la mafia terminaran en manos no idóneas y malos manejos: -la finca cafetera La Argentina, en Caldas; el
hotel Chinauta Resort; y uno por falsedad en las actas que permitieron que el
cuestionado exfiscal antimafia Camilo Bula terminara al frente de bienes que
terminaron vendidos por debajo de su precio real.
La
Procuraduría, investiga a los congresistas por dar comisiones a funcionarios de
la DNE, para que entregaran los bienes a familiares y amigos.
La fiscalía tiene pruebas de que se entregaron bienes de la
mafia para mantener el respaldo político a 13 congresistas, la mayoría del partido conservador.
Según denuncias de Helia Niño, siempre que
se avecinaba época de campañas políticas en el Congreso de la República los
bienes incautados por la DNE se adjudicaban de tal forma que favorecieran los
intereses políticos de estos congresistas.
Estos 13 congresistas son investigados desde
el 2011 en la Corte Suprema por
tráfico de influencias en la DNE y en la procuraduría por indebidos manejos en
la DNE:
1º Álvaro
Ashton Giraldo. Partido Liberal. Varios
testimonios relacionan a Zaira Villamil, a quien Albornoz nombró como
depositaria del hotel Chinauta Resort, con el congresista Ashton. "La
misma depositaria decía que con esos bienes no se podían meter porque eran de
ese congresista", dijo en el proceso Publio Orlando Melo Ruiz, funcionario
de la liquidada DNE. El Hotel Chinauta Resort, que fue de propiedad del capo
Justo Pastor Perafán y, después de que el Estado se apropiara de él, pasó a
manos de la depositaria Zaira Samira Villamil Álvarez, en diciembre 17 de 2008.
La Procuraduría resalta que cuando la depositaria
recibió el Chinauta Resort era “uno de los hoteles mejor posicionados en el
mercado y en el momento que fue entregado pasó a ser improductivo”. Villamil
Álvarez no contaba con la experiencia para administrar un hotel —apenas poseía
un título como abogada— y durante su administración Chinauta Resort tuvo un
bajón.
Pero, como
indicó la funcionaria de la DNE, Helia Marcela Niño, a la depositaria “no se le
podía mover porque tenía un respaldo fuerte. Los manejos que se le dieron al
hotel fueron muy malos, pero el grupo de sociedades comentó que no se podía
mover”. Cuando los empleados le advertían que iban a “elevar quejas ante la
Procuraduría y la Fiscalía, Villamil Álvarez abiertamente manifestaba que
pusiéramos las demandas que quisiéramos, porque al fin y al cabo tenía el
respaldo del congresista conservador Ashton y de los dirigentes de la DNE”.
Álvaro Ashton: el congresista
que más visitó a Francisco Ricaurte. El congresista barranquillero estuvo por
lo menos 5 veces en la oficina de Francisco Ricaurte mientras éste fue
magistrado del Consejo de la Judicatura, cargo que ocupó entre noviembre de
2012 y noviembre de 2014. La 1ª. Fue el 29 de noviembre de 2012, fecha en que
Ricaurte estaba recién elegido. 14 días más tarde regresó al Palacio de Justicia.
La 3ª y 4ª en agosto y diciembre de 2013. La 5ª en febrero 26 de 2014.
2º Hernán
Andrade. Presidente del partido conservador. Juan Sebastián Lozada,
asistente de Andrade entre agosto de 2006 y mayo de 2009, la DNE le entregó en
2008 cinco lotes de la finca La Esperanza en la vereda Río Frío, de Zipaquirá.
Luego trabajó con el congresista Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar. La
fiscalía reveló que controlo una inmobiliaria en Santa Marta y otros predios en
Baranoa y Barranquilla que pertenecían a testaferros del cartel del Norte del
Valle. De acuerdo la Fiscalía, sería Armanio Alberto Iglesias Flórez la cuota
de Andrade en la DNE, Iglesias quedó depositario de 3 bienes rurales, 16
sociedades en Barranquilla, 16 establecimientos de comercio y 17 inmuebles,
todo de los narcotraficantes Carlos Ernesto Saieh Jamis y Armando Jacobo Jaar
Jassir.
Congresistas nariñenses
3º Óscar
Fernando Bravo Realpe. Partido Conservador.
Manuel Jesús Guerrero Pasichana recibió entre noviembre de 2007 y julio
de 2008 cuatro sociedades, 2 bienes urbanos y 22 rurales en el Valle del Cauca.
Antes de esto, en 2006 y 2007 estuvo vinculado a la UTL del congresista.
4º
Miryam Alicia Paredes Aguirre. Partido Conservador. Figura en resoluciones
en las que la DNE le delega a su hermano Luis Gonzalo la administración de
varios bienes y sociedades como la Comercializadora de Plásticos Andino, de la
Sociedad Ario Ltda o de Inversiones Rodríguez Ramírez.
5º Eduardo Enríquez Maya. Partido
Conservador. Recomendó el nombramiento de un depositario para los bienes del
narcotraficante Daniel Bustillos. Además, hizo nombrar en la DNE a Doris Amanda
Rodríguez como encargada del fondo Frisco.
6º Miguel Pinedo Vidal. Cambio Radical. Veterano
cacique político del Magdalena. Siendo congresista, Pinedo Vidal consiguió que
le nombraran a su hermano Alfredo Javier como depositario provisional de cerca
de cinco sociedades, entre ellas, la de la sociedad Inversores y Construcciones
Lybonnaty propietaria de 14 locales ubicados en el edificio Caribe Plaza en
Barranquilla, en resolución 094 del 17 de julio de 2008, firmada por Omar
Adolfo Figueroa, subdirector de la DNE.
7º Enrique
Rafael Caballero. Partido Liberal. Condenado por NarcoParaPolítica a 67
meses y multa de 4.875 salarios mínimos, en calidad de autor de concierto para
promover grupos armados al margen de la ley, cargos que aceptó, de vínculos con
Hernán Giraldo Serna, jefe de autodefensas campesinas que operaban en los
departamentos del Magdalena y La Guajira desde los 80, denominadas Frente
Resistencia Tayrona integrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de
Colombia a partir del año 2002.
8º Lucero Cortés. Partido de la U. Personas
cercanas terminaron como depositarios administrando 5 carros y 2 fincas, una en
la sabana de Bogotá.
9º Omar
Yepes Alzate. Partido Conservador. En reportes de fiscales antimafia
aparecen mencionado que intervino para designar un depositario a quien se le
adjudicó la finca La Argentina, en Manizales, intervino para designar un
depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales. La
finca, que era administrada por Luis Vargas Vargas, cuota del congresista, dejó
de repente de generar los $700 millones en ganancias que normalmente producía y
empezó a tener pérdidas. Vargas y el dueño del
predio Jorge Eduardo Mejía, vendían la cosecha sin informar a la DNE sobre
estos negocios. Así se desprende de la declaración dada a la Fiscalía por el
excoordinador del Grupo de Bienes Rurales de la DNE, Juan Carlos Andrade, quien
fue enfático en que, por los malos manejos de La Argentina, el predio no le dio
ni un peso al Estado. Por ello la propiedad “pasó de ser una finca cafetera
productiva a ser un predio que arrojaba pérdidas, situación frente a la cual no
se adoptaron medidas que permitieran minimizar el daño”.
10º Cristóbal
Rufino Córdoba Mosquera. Colombia Democrática. Congresista del Choco. Desde 2011, la procuraduría lo
investiga por indebidos manejos en la DNE y la Corte Suprema por tráfico de
influencias en la DNE.
11º Héctor José Ospina Avilés. Partido
Conservador. Condenado por
concusión. Desde 2011, la procuraduría lo investiga por indebidos manejos en la
DNE y la Corte Suprema por tráfico de influencias en la DNE.
12º Javier Enrique Cáceres Leal. Del partido
Cambio Radical. Condenado por concierto para delinquir y multa de $6 mil
millones por aliarse con grupos narcoparamilitares para favorecerse
electoralmente, grupos del sur de Bolívar, con Salvatore Mancuso y Uber Enrique
Bánquez Martínez, alias "Juancho Dique".
13º Luis
Humberto Gómez Gallo. Fallecido, condenado por NarcoParaPolítica.
Cuatro Grupos. De acuerdo con la
Fiscalía, hubo 4 grupos que saquearon la DNE: “dos de esas 4 organizaciones
fueron lideradas por Albornoz y Figueroa, directores de la DNE”; “una funcionaria
que manejaba el 3 grupo y que coordinaba el saqueo de los vehículos que
ingresaban a la base de datos de la DNE”; “El 4 grupo, a los que la DNE
entregaban los bienes a personas recomendados por 13 congresistas, en casi
todas las adjudicaciones se han encontrado irregularidades y detrás han
empezado a aparecer los nombres de reconocidos políticos, en este sentido, la
Corte Suprema investiga si, entre los malos manejos de la DNE, hubo pagos de
favores burocráticos, la falta de control en la elección de los depositarios,
administradores que no contaban con la acreditación legal suficiente para poder
responder a ese tipo de manejo, lo cual permitió que allegados a la mafia
terminaran administrando bienes.
Antecedentes DNE.
1º Coronel Luis Alfonso Plazas Vega. En 2002 fue nombrado como director de la DNE el coronel
Plazas Vega y ahí empezó una serie de anomalías que fueron documentadas y
denunciadas por el senador Javier Cáceres Leal, quien citó al ministro del
Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, a un debate de control
político en el Congreso con el fin de ventilar esas irregularidades. Luego de
múltiples maniobras dilatorias, dirigidas a impedir el debate, inclusive una
“recusación” de Plazas Vega contra Cáceres Leal, finalmente se realizó en
octubre 26 de 2004. El senador documentó varios casos, entre ellos el
relacionado con la administración de varias empresas en la costa Atlántica,
otorgada por Plazas Vega a su amiga Lilia Beatriz Sánchez, hija de un oficial
retirado; y también el del sargento del ejército Jorge Alberto Monroy, quien
renunció al cargo que tenía en la DNE para convertirse en administrador de
cerca de 450 bienes incautados. El caos en la entidad era tal que luego del
debate el delegado de la Contraloría calificó el desempeño de Plazas Vega de
deficiente y el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema indicó que “el
presidente se equivocó con Plazas; esta es la hora en que debía estar
destituido”. Pero no, sin pena ni gloria, el señor coronel renunció días después
del debate.
2º
Juan Carlos Vives Menotti. En noviembre de 2004, tras la dimisión de Plazas
Vega, fue nombrado Vives Menotti, cuestionado por tener un hermano, Patricio
Vives Baquero, condenado en USA por narcotráfico; además, porque su prima Ana
Elisa Vives, era la esposa de Rafael Abello “El Mono Abello” extraditado a USA
por narcotráfico en 1989. Y también porque a través de una fiducia le otorgó un
préstamo de $26 mil millones de pesos al Grupo Nule para financiar la doble
calzada Bogotá-Girardot.
3º Carlos Albornoz Guerrero. En 2006
fue elegido para dirigir la “feria” fue
Albornoz, quien enfrenta procesos relacionados con 3 tres casos: uno de ellos,
la venta de un predio rural en Cota, Cundinamarca, cuyo avalúo ronda los $3.500
millones de pesos y fue “vendido”, a precio de feria, en la módica suma de
$1.200 millones. La Fiscalía le imputó cargos por prevaricato por acción,
prevaricato por omisión, falsedad en documento privado, falsedad en documento
público, fraude procesal, concierto para delinquir, peculado por apropiación a
favor de terceros y obtención de documento público falso. Además y de acuerdo
con las evidencias y el testimonio de funcionarios de la DNE, Juan Carlos
Andrade y Helia Marcela Niño, dejó la administración de cuantiosos bienes en
manos de personas allegadas o cercanas a 13 congresistas y excongresistas.
Albornoz estaba “detenido” desde septiembre de 2013 en el Centro de Estudios
Superiores de la Policía, Cespo y el pasado 2 de agosto de 2017 recobró su
libertad por haber operado el extraño fenómeno de la impunidad, en lenguaje
técnico por “vencimiento de términos”.
4º Omar Adolfo Figueroa Reyes. En 2009 fue nombrado como director de la DNE, Figueroa
Reyes, vinculado a la entidad en 2003 como profesional universitario, pasó por
la Secretaría General, 2006, fue asesor del Despacho del Director, 2007,
Subdirector de Bienes, 2008. Y ahí fue la debacle. Adolfo Figueroa Abella,
exalcalde de Sogamoso y padre de Figueroa Reyes, ofrecía en arrendamiento a
nombre de su hijo, bienes del narcotráfico administrados por la DNE, a precios
insignificantes pero por fuera del negocio oficial cobraba millonarias sumas.
Cercado por las pruebas en su contra,
detenido desde febrero de 2012 en la cárcel La Picota –no en el Cespo-, decidió
colaborar con la justicia al amparo del principio de oportunidad, con el
compromiso de entregar toda la información relacionada con el entramado que
permitió que los bienes de la mafia terminaran en una vergonzosa piñata; para
tal fin entregó un listado detallado de 29 personas, poderes, documentos
notariales, nombres de predios, precios, áreas, intermediarios, etc. Y Figueroa
Reyes debe conocer muchos secretos de la DNE desde que su paisano el coronel
Plazas Vega lo vinculó en 2003.
En junio de 2016 un juez de garantías aceptó
el principio de oportunidad suscrito entre Figueroa Reyes y la Fiscalía, con lo
cual cesa la persecución penal por los delitos de peculado por apropiación y
fraude procesal y se convierte en testigo de la Fiscalía en las investigaciones
que se adelantan por los casos de corrupción en la DNE, entre ellas las que
involucran a 13 congresistas.
El 26 de julio se ordenó su libertad
inmediata, igual, por vencimiento de términos, es decir por inoperancia de la
justicia.
2002-2010 Racha de Escándalos.
El periódico El Nuevo
Siglo de Bogotá, hizo a grandes rasgos un resumen de los escándalos de
corrupción y de los delitos en que el gobierno 2002-2010 incurrió en desarrollo
de 8 años de gestión. La contraloría, fiscalía, procuraduría han afirmado que
estos billones de pesos robados no se podrán recobrar:
038
Megafraude a la Dian. Robo más $2 billones. Desfalco billonario perpetrado por
empresas de exportaciones ficticias que pedían reintegro de recursos por
concepto de devolución del IVA. Incluso, involucró el soborno a los
investigadores iniciales por $1.400 millones.
037
Megadesfalco en Salud.
Fraude millonario al sistema de
aseguramiento en salud, mediante una red de corrupción que se especializó en el
recobro ilícito al Fosyga.
036
Préstamos a floricultores. Peligrosa concentración de millonarios créditos en el sector
floricultor que fue autorizada por los ministros Fernández y Arias. La
contraloría, fiscalía, procuraduría han afirmado que miles de millones de pesos
están embolatados.
035
“Piñata" en
títulos mineros. Hubo un alud de
autorizaciones anómalas de títulos mineros, por lo la minería ilegal se disparó
en todo el país.
034
Desorden en Incoder. En los procesos de adjudicación de tierras y detectó
entrega de miles de hectáreas a testaferros de narcoparamilitares y a la
clientela política.
033
Los Nule. El escándalo que involucró al grupo Nule en Bogotá salpicó
al gobierno Nacional, por los nexos de altos funcionarios con los cuestionados
y presos empresarios. Caso concreto señalamientos al secretario jurídico de
Presidencia, Edmundo del Castillo y a directores de la Dian.
032
Contratación Vial. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra
Andrés Uriel Gallego, mintransporte, por irregularidades en la actividad
contractual de esa cartera. Archivado por fallecimiento del implicado.
032
Escándalo del
'Tolemaida Resort'.
031
Desorden carcelario. Anomalías en materia de prisiones. Flexibilización del
régimen penitenciario en el pabellón de los narcoparapolíticos, el escándalo
del 'Tolemaida Resort' y dudas sobre licitaciones, construcciones y
ampliaciones de penales.
031
Fonade. Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo. La fiscalía imputó por fraude, peculado y contrato sin el
cumplimiento de requisitos legales, en relación con algunas obras de cárceles a
Diana Isabel Nasiff de Rima representante legal de la empresa Cipecol y
Rapiscan, su esposo José Santiago Porras Navarrete, Gustavo Adolfo
Domínguez ‘lobista’ de contratos con Diana Nasiff, Aaron Rabinovich
representante de Interamericana de Sistemas y Seguridad, a los servidores
públicos Mauricio Parada de Fonade, José Vicente Casanova secretario general
encargado del Ministerio del Interior, María Fernanda Álvarez Castañeda
directora técnica de infraestructura del Ministerio, Edgar Ortega Ramírez,
profesional especializado asignado al despacho del Ministro y Carlos Carrillo
Yañez interventor del contrato. La Fiscalía solicitó la captura de los citados
a imputación.
La Contraloría anunció indagación
preliminar contra Valencia Cossío. Cuando fue ministro del Interior
y Justicia, se contrató la construcción de 11 cárceles, entre las que se
encontraba una en Cartagena, por $900 mil millones. Sin embargo, esas prisiones
tienen problemas de diseño, retraso en las obras y no cuentan con interventoría,
y al
final el problema terminó costando cerca de $1,1 billones. De hecho, la Cárcel del Pedregal, en Medellín, tuvo
como interventor al grupo Nule. La contraloría agregó que los objetivos de
la inversión no se cumplieron, ya que se tenía como meta bajar el nivel de
hacinamiento de 44% a 4%, pero éste solo llegó al 25%. Así mismo, dijo que
dicha situación “significa un claro detrimento patrimonial en el buen manejo de
los recursos públicos”. La indagación preliminar para determinar si el ministro
del Interior y Justicia y
Elvira Forero, directora de Fonade, habrían incurrido en alguna
conducta punible por el fracaso de la política de
construcción de 11 cárceles que generaron sobrecostos por cerca de $100 mil
millones. Además, la obra no
justifica la inversión pues, según el funcionario de la Contraloría, las metas
previstas era bajar el nivel de hacinamiento de 44% a 4% y solo se llegó a 25%.
En cuanto
al nivel de hacinamiento el viceministro de Justicia, Pablo Robledo reveló que
“El Gobierno anterior utilizó una metodología equivocada, porque pretendía
establecer la cifra de los cupos actuales y del futuro que iban a hacer
entregados y eso, obviamente es antitécnico. La cifra real se saca de los cupos
realmente habilitados, versus los intramuros”, indicó el funcionario. El
exministro Cossío estaba contando como cupo carcelario celdas que aún no se
habían construido.
030
Falsas
desmovilizaciones. Quedaron al
descubierto casos de falsos desmovilizaciones de guerrilleros y narcoparamilitares,
al punto que Luis Carlos Restrepo, comisionado de Paz, terminó en la mira de
Fiscalía y Procuraduría y hoy se encuentra prófugo de la justicia. ‘Perseguido Político’.
029
Narcos desmovilizados.
El extraditado narcotraficante Juan
Carlos Sierra, alias El Tuso, dijo que pagó dineros a congresistas para que lo hicieran meter al
proceso de desmovilización narcoparamilitar.
028
Nuevo envión a NarcoParaPolítica. La Corte Suprema profundizó pesquisas por nexos entre
congresistas y parlamentarios con grupos narcoparamilitares. Múltiples condenas
y nuevos imputados.
027
2006 La NarcoParaPolítica. Corrupción política en el que se descubrieron
vínculos de políticos con paras posterior al proceso de desmovilización que
adelantaron las AUC, mediante un documento firmado por los implicados y
conocido como el pacto de Ralito. Se descubrió, entre otras cosas, que el
director del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a
disposición del narcoparamilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la
libertad y condenado por: concierto para delinquir, homicidio agravado. Por
este hecho se han condenado a más de 50 congresistas, del periodo 2002-2010; además de funcionarios del gobierno, departamentales y
municipales.
026
2008 La Fracpolítica. En el marco de la Operación Fénix, que terminó con
la muerte de alias Raúl Reyes de la Farc, donde fue abatido se hallaron
computadores portátiles que pertenecían al líder guerrillero, donde existía
supuesta información que involucraba líderes políticos nacionales e internacionales
con el grupo subversivo, entre estos líderes se encontraba supuestamente
la senadora Piedad Córdoba con el alias «Teodora
de Bolívar”, el presidente Hugo Chávez,
con el seudónimo de «Ángel». Ronald Hayden Coy Ortiz de la Dijin, aceptó ante
un juez y en audiencia pública que se rompió la cadena de custodia en los
computadores de Raúl Reyes; es decir, en un determinado tiempo, los
computadores estuvieron expuestos a manipulaciones. Esto hace que cualquier
información que se quiera tomar de los computadores no se pueda usar como
evidencia para un caso judicial, ya que no existen las certificaciones
necesarias de la cadena de custodia, las cuales afirmen que no se produjeron
manipulaciones a los equipos incautados. Sin embargo, este material fue suficiente
para que el procurador, destituyera e inhabilitara de ejercer cargos públicos a
la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en 2016 por el Consejo de
Estado.
025
2008 Falsos Positivos. “Crímenes de Estado” conocida como ‘Seguridad Democrática’. En total han sido más de 3.000 pelados que han sido ‘falsos
positivos’ desde el 2002. Involucramiento
de miembros del ejército en asesinatos de civiles inocentes haciéndolos pasar
como guerrilleros muertos en combate, en el marco de la lucha contra grupos armados
irregulares promovida por el gobierno Estos asesinatos tenían como objetivo
presentar resultados al gobierno por parte de las brigadas de combate. A estos
casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones
extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como Homicidio en Persona Protegida.
Han sido destituidos e investigados disciplinaria y penalmente muchos oficiales
y suboficiales del Ejército. El Comandante del Ejército, Mario Montoya, General,
pidió la baja del servicio activo y renunció a su cargo; ya como civil, fue
nombrado Embajador en República Dominicana. Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, los procedimientos de la PSD
‘Política de
Seguridad Democrática’ emprendida desde el gobierno.
La fiscalía tiene bajo investigación 946
casos relacionados con "falsos positivos" y la Procuraduría 1043. Para
abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos.
Sin embargo a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo
menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido
liberados por vencimientos de términos.
En mayo 7 de 2017, Uribe se había
pronunciado vía Twitter ofreciendo perdón virtual a las víctimas, pero la Corte
no aceptó ese acto y obligó a que fuera presencial.
024
2008
Madres de Soacha. Falsos Positivos. “Los 19 jóvenes de Soacha no se
fueron precisamente a recoger café”. En 2013 el Tribunal de Cundinamarca declaró de lesa humanidad el
asesinato de un joven de Soacha con síndrome de Down que fue presentado como
miembro de una banda delincuencial muerto en combate, al que le pegaron 3 tiros
en la cara y 10 más en el cuerpo, en un caso de los llamados ‘falsos positivos’. El fallo condeno a
53 y 54 años de prisión a 6 militares por la muerte del joven Fair Leonardo
Porras Bernal, quien desapareció del municipio de Soacha y fue reportado como
un guerrillero abatido en combate en el municipio de Ocaña en Norte de
Santander. Fair fue uno de los 19 jóvenes de Soacha trasladados mediante
engaños al municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde fueron entregados a
militares del BAEV, Plan Meteoro, agregado al Batallón Francisco de Paula
Santander, quienes los asesinaron y posteriormente los reportaron como muertos
en combate.
En abril de 2017, un juez condenó a 21
militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de
Soacha, entre ellos un coronel que fue condenado a 46 años de prisión; a los
demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El
mismo juez declaró estos crímenes relacionados a los falsos positivos como
delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y
sistemático en contra de la población civil, población que además era
vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los
victimarios.
023
2009 Las Chuzadas. En
febrero 21 de 2009, se publicó un informe en el que se detallaba cómo
funcionarios del DAS, grababan de manera ilegal conversaciones telefónicas a
líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado. Una
vez presentadas las pruebas por la fiscalía, la situación fue calificada de una
«empresa criminal» dirigida desde la Casa de Nariño, por parte de la Corte
Suprema. Por
este caso, fueron capturados altos funcionarios del gobierno. La cúpula del DAS
se encuentra presa y condenada. Este escándalo fue determinante para que Santos,
decretara en 2011 la desaparición del DAS.
Bernardo Moreno, secretario de Presidencia fue
destituido por la Procuraduría. La Corte lo condeno a 8 años, con beneficio de
detención domiciliaria.
María del Pilar
Hurtado, directora del DAS. En
2015 fue condenada a 14 años por abuso de autoridad en la función pública,
falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado,
peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones, con multa de
43.3 salarios mínimos, $27 millones 900 mil pesos. La sanción económica se
desprende por su culpabilidad en el delito de peculado. En 2010, cuando se
iniciaba el proceso en su contra, Hurtado se fugó a Panamá en donde consiguió
asilo como ‘Perseguida Política’.
Jorge Noguera Cotes. La Corte Suprema condenó a 7 años, 10 meses y 15
días de prisión al director del DAS como coautor de Concierto Para Delinquir
Agravado,
responsable de las chuzadas entre 2002 y 2005 en un grupo llamado G-3. La sentencia compulsa de copias de las piezas
procesales ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investiguen a
Uribe por Concierto Para Delinquir Agravado.
José
Miguel Narváez,
Director del G-3 del DAS, aseguró que las actividades se realizaron como parte
de una estrategia política de seguridad democrática impulsada por la
Presidencia.
022
2013 Santoyo.
El General de la Policía, Mauricio
Santoyo, Jefe de Seguridad del Presidente, estaba
siendo investigado por narcotráfico en USA, admitió en una corte de Virgina
haber ayudado a las AUC. Debido a la controversia, el presidente indicó que
desconocía las "andanzas" de su funcionario y que estaba
"decepcionado" de este, además de que no había influido en la
elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su promoción de coronel a
general. Sin embargo, sectores políticos y los periodistas manifestaron que si
había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el
establecimiento de la relación del presidente con el narcoparamilitarismo.
Aparte del presidente, Santos mindefensa,
Luis Carlos Restrepo comisionado de paz, prófugo de la justicia desde 2012 y
Oscar Narango, el director de la Policía, sabían de las "andanzas" de
Santoyo. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el
cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y otorgarle libertad bajo fianza,
además de protección para su familia en territorio norteamericano. En tanto, la
Fiscalía ejecutó el proceso de extinción de dominio a
todas las propiedades de Santoyo y su familia.
Carrera pública de Santoyo. Jefe de seguridad durante la campaña a la
presidencia en 2002 de Uribe. Informes del Departamento de Estado de USA
de 2003, 2004 y 2005 advirtieron claramente la situación de Santoyo y del Gaula
en Medellín. Lo trajo al Palacio de Nariño. Lo defendió. Lo condecoró. Lo llevó
al servicio consular en Italia, como agregado militar. “Me complace mucho haber entregado esta noche la Orden Nacional al
Mérito al general Mauricio Santoyo, protector de todas las horas con su lealtad
y toda su eficacia”, el presidente 2 días antes de dejar el
gobierno, en agosto 5 de 2010. La Procuraduría en fallo de octubre 7 de 2003,
lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de
funciones públicas por el término de 5 años. Providencia confirmada en
noviembre 30 de 2004. En abril 7 de 2006
se dispuso la suspensión de la sanción. De la sala del consejo de estado que
tomó la decisión hacía parte el hoy Procurador Alejandro Ordóñez.
Se revelaron las relaciones de varios oficiales y
suboficiales de la Policía con el General (r) Mauricio Santoyo, señalados de
participar en actividades ilegales, tanto en la época en que algunos
acompañaron al oficial en el Gaula de Medellín, como en su paso por la
presidencia como jefe de seguridad del presidente. En USA tendría abiertos 8
expedientes de altos oficiales de la Policía y el Ejército por presuntos nexos
con narcoparamilitares. En esas investigaciones relacionan a la Policía y el
ejército con el general Santoyo, a:
1º Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército;
2º Jorge
Daniel Castro, general, comandante policía
Antioquia, en la época en la que Santoyo era el jefe del Gaula en esa ciudad, y
cuando asumió la dirección general de la institución fue él quien promovió el
ascenso de Santoyo. En 2007, 11 generales son relevados por el caso de las
“chuzadas” entre ellos el director de la policía general Jorge Daniel Castro.
3º Rubén Carrillo, comandante policía Antioquia;
4º Luis Alfredo Rodríguez Pérez, comandante de la Policía de Medellín y director
de la Dijin;
5º Carlos Arturo Ceballos, jefe de la sala técnica del Gaula, quien llevaba
los oficios de las interceptaciones ilegales en Medellín. En una carta dirigida
al entonces fiscal Alfonso Gómez, Ceballos amenazó con contar sobre la
participación del Coronel Luis Alfredo Rodríguez en las interceptaciones en
complicidad con Santoyo.
6º Mario Fernando Herrera Ariza, Mayor. Jefe de
Seguridad de Tomás Uribe y mano derecha de Santoyo. Éste concertaba las citas
de ‘El Canoso’ y Tomás Uribe. Tiene empresa de seguridad que es fachada para
lavado de activos, Seguridad Silver Ltda. Santoyo y Herrera se reunían en la
sede de la empresa Seguridad Silver, para hacerle seguimientos a Daniel
Coronell.
7º Teodoro Campo, general. En octubre de 2000 Campo
fue retirado de la policía pero 2 años más tarde gracias a su cercanía con
Pedro Juan Moreno, logró que aprobaran su reintegro a la Policía y fue
designado director general por recomendación de Moreno a Uribe. Campo fue quien
designó a Santoyo como jefe de seguridad de Presidencia. Tras una accidentada
gestión fue retirado nuevamente en noviembre de 2003, pero Santoyo continuó.
8º Jorge Vargas Peña, Coronel. El narcotraficante
Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ afirma que el general Santoyo, siendo jefe
de seguridad del presidente Uribe, nombró al coronel Jorge Vargas como
principal enlace entre él y las AUC. Sierra afirma que, a pesar de que estaba
expulsado del proceso y de que sobre su cabeza pesaba una recompensa de 5
millones de dólares, estuvo refugiado en Santa fe Ralito. Asegura que el
coronel Jorge Vargas, jefe de seguridad de la zona, tenía pleno conocimiento de
eso. “Él, Vargas, sabía que yo estaba y, yo, le aportaba dinero”.
9º Julio César Santoyo, general. Hermano de Santoyo,
era el correo entre la Casa de Nariño y Santafé de Ralito, en calidad de jefe
de seguridad del comisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo. Alias ‘El Tuso’
Sierra también lo menciona en una de sus declaraciones: “Julio le llevaba las
razones a El Alemán”. Entre los narcoparamilitares que tuvieron nexos con los
oficiales Jorge Vargas y Julio Santoyo, están alias ‘Don Berna’ y alias ‘Gordo
Lindo’. Antes de ser asesinado el teniente Néstor Eduardo Porras, aseguró que
Julio Santoyo estaba en la nómina del Cartel de Cali.
10º
Flavio Buitrago Delgadillo, general. Fue comandante de la policía Antioquia, reemplazo a Santoyo como
jefe de seguridad del presidente Uribe. Condecorado junto a Santoyo en agosto 5
del 2010. El General Buitrago instruyó a un denunciante para que señalara al
senador Gustavo Petro de presentar testigos falsos en sus debates sobre
parapolítica. Sergio Tovar Pulido se presentó en Palacio para denunciar al
entonces senador Petro por ofrecer dádivas a testigos para que declararan
contra dirigentes involucrados en la narcoparapolítica. Se intentaba presentar
como una trampa la caída del director del DAS Jorge Noguera. El general Flavio
Buitrago instruyó al denunciante sobre cómo actuar ante la Fiscalía, lo cual
éste hizo 2 días después.
021
020
2002 Enilce López ‘la gata’. Aporta
$100 millones a campaña presidencial en 2002. ‘la gata’ empresaria del chance fue
condenada por el asesinato de Amaury Fabián Ocho Torres, acribillado en junio 12 de 2000, quien era el celador del peaje en la
vía entre los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar, en Sucre, por este
delito fue sentenciada a 37 años de prisión, multa de 2.000 salarios mínimos y
a indemnizar a la viuda de Ochoa Torres, Mabel
María Ochoa Blanco, con 500 salarios mínimos, por homicidio agravado y
concierto para delinquir. Enilse paga la condena en su casa en
Barranquilla, cumpliendo además una pena de 9
años por su participación en el delito de concierto para
delinquir por sus vínculos con grupos narcoparamilitares, entre ellos, el
comandante de Policía de Magangué, John Milton Arévalo rodríguez, el director
regional del DAS, narcoparamilitares como Lido Romero Contreras, alias ‘mono
lidio’, Sergio Manuel Córdoba, alias
‘ciento veinte’, Jairo Antonio Castillo, alias 'pitirri', los autores del homicidio, alias ‘El Niche’ y
Luis Fernando Caro Solano alias 'magensio'.
“En mi campaña presidencial del
2002, hay un cheque por $100 millones de pesos fueron girados por Enilce López,
“la gata” según admitió el propio mandatario. Fabio Echeverry, gerente de la
campaña, negó que hubiera recibido cheques con la firma de López: “hizo los
aportes a través de Uniapuestas, un consorcio de empresas de chance de la
Costa, de la que López es socia”. La empresaria del chance, hoy detenida en el
búnker de la Fiscalía, acusada por lavados de activos y peculado por
apropiación. Cuando esos dineros ingresaron, la señora López no tenía
investigaciones y la contabilidad pasó las pruebas de la lista Clinton y de la
Fiscalía. Todo se hizo sobre la mesa, dijo Echeverry.
‘La Gata’ aparece referida en
varias investigaciones desde finales de la década de los 80. La primera es un
oficio radicado como DNPI-741, en el que miembros del Bloque de Búsqueda de la
Policía que abatieron a Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, cerca de Coveñas,
Sucre, en diciembre 15 de 1989, indicaban que el capo tenía amistad estrecha
con una joven llamada Enilce López, y que ella le manejaba sus inversiones en
la Costa. En julio 8 de 1998, una comisión de investigadores de la Fiscalía que
instruyó 14 procesos por masacres, desapariciones y crímenes selectivos entre
Carmen de Bolívar, Magangué y la parte norte de Sucre, donde La Gata tenia
intereses en desplazar campesinos y apropiarse de sus tierras en de políticos
de la región.
Desde hace 3 décadas el nombre de Enilce del Rosario López Romero ha
circulado por igual tanto en escenarios de poder de la costa Atlántica y los
negocios del gota a gota, el chance o la brujería, como en expedientes
judiciales y reportes de inteligencia de las autoridades de Colombia y USA que
la relacionan con las mafias del sanguinario Rodríguez Gacha o Salvatore
Mancuso.
Después de la muerte del capo del narcotráfico Gonzalo Rodríguez Gacha,
alias El Mexicano, en diciembre de 1989, paisano del expolicía Héctor Julio
Alfonso Pastrana esposo de ‘la gata’, la pareja se habría quedado con una finca
que en vida les encargaba cuidar el narco cerca de Tolú, donde precisamente fue
abatido. El negocio de apuestas creció tan rápido, que se asegura que alias ‘El
Mexicano', había sido amigo y socio de La Gata y en su desesperada huida antes
de caer muerto en una persecución del Bloque de Búsqueda en el Golfo de
Morrosquillo, entre Sincelejo y Tolú, le había dejado unas canecas llenas de
dólares. El control del negocio del chance dejó una estela de crímenes que
jamás fueron aclarados. En los años 90, en menos de 72 meses, fueron
acribillados 18 empresarios. Varias investigaciones contra empresas de Enilce
López, como Uniapuestas, ya prescribieron.
Enilce López, en indagatoria ante un fiscal, negó las sindicaciones e insistió
en que se trata de una ‘Persecución Política.
019
2006
Térmicas. ‘Cargo
por Confiabilidad’. Robo 14 billones. La Resolución 071 de 2006, del ministro de Minas y
Energía, Tomás González adopta la
remuneración del ‘Cargo por
Confiabilidad’, que obliga los generadores térmicos a surtir energía en
época de crisis energética, pero el gobierno no facultó a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios para vigilar estos pagos a las térmicas. En
2015 de las 32 unidades de generación
térmica existentes, en la actualidad solo se encuentra disponible
Termocandelaria. La superservicios, entidad de ‘control’ del sector de
servicios públicos informa que sólo vigila que las térmicas cobren las
tarifas, más no el destino que se le dé a los recursos. El seguimiento al
dinero pagado a las térmicas no tiene doliente en el Gobierno, razón por el
cual no se sabe dónde fueron a parar los dineros recogidos en las facturas
eléctricas que han pagado los colombianos por 14
billones.
018
2007 Invercolsa. Ecopetrol. Fernando Londoño Hoyos renuncio al
mingobierno en medio de un escándalo miedoso por la adquisición ilegal de
acciones de la firma Invercolsa y en febrero 8 de 2007 fue condenado a
restituir las acciones. Hoy, Londoño impulsa el Referendo contra la corrupción y
la politiquería”. ¿Qué tal?
017
2008
Aerocafé. Aeropuerto del Café. Robo 1.1 Billones. El aeropuerto del Café que se construye
en Palestina, Caldas, se convirtió en un ‘hueco sin fondo’. Además de tragarse
millonarios recursos de todos los colombianos, es el elefante blanco más grande
y costoso de la Nación. En 2008 el caldense Óscar Iván Zuluaga fungió como
impulsor de Aerocafé, obra que alzó vuelo durante el segundo gobierno Uribe,
cuando Zuluaga era ministro de Hacienda, se gastó más de $300 mil millones, a
pesar de graves errores técnicos, geológicos y con actos de corrupción. El
director de Planeación, el pereirano Simón Gaviria, dijo que le faltan estudios
y la estocada final vino del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aclaró
que “Se necesitan recursos y hoy no los tenemos”, dijo.
El problema es que para finalizar la obra
tendría un costo cercano a 1,1 billones de pesos, una cifra exorbitante en
comparación con otros terminales de América Latina. Lo insólito es que en 1985,
cuando nació la idea, valía 45.000 millones de pesos.
El terminal aéreo tiene varios problemas:
1º La
pista tendría solo 1.400 metros de longitud, solo aterrizan aviones pequeños y
permanece cerrado la mitad del año por problemas climáticos;
2º Ya
hay 4 aeropuertos en la región que quedan muy cerca y que se pelearían los
pasajeros, La Nubia en Manizales, El Edén, Armenia, Matecaña, Pereira y Santa
Ana, Cartago;
3º El
problema de la longitud de la pista plantea 2 enormes dificultades:
La
primera es técnica, porque construir la definitiva, de 2.400 metros, es un reto
enorme para la ingeniería. La razón es que para construirla es necesario cortar
varias montañas y rellenar los espacios para formar una meseta.
La
segunda, la financiera, es consecuencia de la anterior, pues hacer una obra de
esas dimensiones multiplica el costo del proyecto;
4º
Hoy nadie entiende cómo comenzaron obras sin los estudios técnicos, que
aparecieron solo en 2014;
5º Lo
peor, ignoraron un análisis de 2002 que advertía de los problemas con los
rellenos, conocidos como terraplenes. En efecto, varios terraplenes no
sirvieron, lo que motivó una investigación de la Contraloría que vinculó a 31
funcionarios entre exgobernadores y exalcaldes, que fueron absueltos. El
proceso sigue abierto solo con los contratistas, a quienes la Corporación
Cívica de Caldas, una entidad gremial veedora, les descubrió otra perla: un
carrusel de contratistas e interventores.
Francisco José Cruz Prada, secretario de
Ambiente de Bogotá. En contra de este servidor público cursa una investigación
en la Contraloría por un detrimento patrimonial cercano a los $50 mil millones
en la construcción del fallido Aeropuerto de Palestina, cuando este se
desempeñaba como Gerente de Aerocafé. En Caldas dicen que el único avión que ha
despegado del Aeropuerto del Café es su ex gerente el señor Cruz. Es el mismo
que salió a defender la propuesta de Peñalosa diciendo que el concepto de la
CAR sobre la Reserva Van der Hammen, es equivocado: ‘No hay reservas
intocables’. Por un lado esto es sorpresivo ya que según la hoja de vida de
Cruz, antes de su puesto en la Alcaldía trabajó 3 años como director de
Evaluación y Seguimiento Ambiental de la CAR, es decir que estuvo involucrado
en el concepto que ahora desvirtúa. No es claro si hay que creerle al Cruz de
Peñalosa o al Cruz de la CAR. Esto es preocupante ya que Cruz no parece tener
el mejor prontuario en el tema de los macroproyectos.
016
2009 Isagén. Los ministros de
Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres,
propusieron la venta del 57% de la participación de la Nación en Isagén,
negocio que incluía la venta de electrificadoras en Cundinamarca, Santander y
Norte de Santander, confiaban que la venta
quedará definido para el segundo semestre de 2009 y por el que el
gobierno calculaba que entrarían a las arcas de la Nación $4,3 billones, ya que
contaba que esos recursos hicieran parte del plan de financiero de 2010, se
adelantaron conversaciones con firmas como JP Morgan, Goldman Sachs, Créditos
Suisse y Citibank.
015
2001.
Caso Lezo. Cómo se apoderaron de la Triple A de
Barranquilla. En
2000 comenzaron los negocios millonarios para un puñado de empresarios
españoles y colombianos con el agua, el alcantarillado y el aseo de
Barranquilla, cuando se dio el paso clave para el tránsito de la Triple A a
Inassa, la filial de Canal Isabel II. Se concretó en noviembre del 2001 y
se abrió la compuerta para que entraran a participar del jugoso negocio los
empresarios barranquilleros Luis Nicolella de Caro, Enrique Miguel
Gerlein Navas y Nelson Polo Carbonell con un 18.76% de Inassa.
Inassa es el principal accionista de la
Triple A de Barranquilla, que factura más de $650 mil millones, tiene el 37 por
ciento de Metroagua de Santa Marta y de Asaa de Riohacha, entre otras empresas
y actividades. Inassa fue constituida en 1996 en Barranquilla por Aguas de
Barcelona, que en ese momento había sido contratada como socia operadora de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la ciudad. Al llegar, adquirió
el 13% de las acciones. En 2002, cuando se había expandido en varios países,
Inassa fue adquirida por Canal de Isabel II a través de Canal Extensia, una
filial creada para expandirse en América Latina. Colombia fue la cabeza de
playa de esa operación.
A partir de ese momento, y a
través de unas cuestionadas operaciones de disminución de capital,
revalorización del patrimonio o emisión de nuevas acciones de la Triple A,
Inassa fue aumentando su participación en detrimento de Barranquilla, que
terminó con los años con solo el 13% por ciento de la propiedad. La única
explicación que el Distrito ha dado es que cada vez que había que hacer
inversiones o se emitían acciones, Inassa aumentaba su participación porque
Barranquilla no tenía cómo capitalizar. Sin embargo, lo que ahora está al
descubierto es que lo habría hecho con dineros de la propia empresa.
014
2008. Subsidios no
reembolsables para distrito de riego en Montería. Robo $15 mil millones. El ministro de Agricultura firmó
el decreto 732 de 2008 con el que el gobierno invirtió más de $15 mil millones
para el distrito de riego en Montería, Córdoba. Para
la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, le fueron distribuidos recursos en subsidios
por $3.200 millones, así: en 2008 recibió $903
millones; en 2009, $1.404 millones; en 2010, $990 millones, gracias al decreto.
En el año
2008 este distrito tuvo la segunda mayor participación en un proyecto de
mantenimiento e inversión que hay en el Incoder para los distritos de riego”.
013
2009 Carimagua. El gobierno pactó en
el acuerdo 005 de septiembre de 2004 que el inmueble denominado Carimagua, de
17.000 hectáreas en el Meta, sería entregado 700 familias víctimas de
desplazamiento forzoso, de la violencia narcoparamilitar y guerrillera.
Andrés Felipe Arias, cambio
la destinación y ordeno la entrega en concesión de Carimagua, a empresarios,
para sembrar palma, caucho, madera, incluso propuso venderles los terrenos. El
minagricultura, aseguro que ese predio no tiene infraestructura para entregarlos
a un grupito de desplazados. En cambio dice
Arias- en manos de los privados, generará jugosos dividendos que luego
serán reinvertidos en otras tierras para desplazados.
012
2009 Agro Ingreso
Seguro AIS. Robo:
$12.700 mil millones. Afectada:
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Despilfarro y Pillaje. Se
contrató y pago a los Grandes Medios de Comunicación y a prestigiosas Agencias
de Publicidad, para diseñar, programar, implementar, mantener y actualizar la
divulgación, Manejo de Imagen y campañas del programa AIS; Con empresas de
Encuestas para: Asesoría, consultoría, realización, diseño, digitación,
tabulación y análisis de Sondeos de opinión pública de los colombianos sobre el
AIS, igual, que la elaboración de Vallas, pendones y pasacalles de diferentes
tamaños y la producción y fabricación de pocillos, gorras, camisetas, manillas,
calendarios, llaveros, botones, lapiceros, para promocionar el programa AIS.
Macabramente, AIS era la plataforma financiada por el Estado para que Arias
llegara al Solio de Bolívar. Génesis.
1º Se investiga una gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la
pérdida de recursos del Programa AIS en gastos distintos a difusión,
divulgación y socialización de ciencia y tecnología. 2º Según la investigación,
la gestión fiscal fue inoportuna e ineficaz por la pérdida de recursos,
derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros
para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos,
incentivos y demás instrumentos que integran el programa “AIS”. Créditos al
sector agropecuario- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro. Afectación social. Que
los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de
ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector
agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad,
el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido
destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo
que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general
al apoyo y mejoramiento del sector agrario. Vinculados. -Andrés Felipe Arias Leiva,
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. -Andrés Darío Fernández Acosta, minagricultura.
-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. -Fondo para
el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro. Consecuencias. -El
sector ciencia – tecnología se vio afectado por la falta de recursos que
permitirían mejorar la productividad y desarrollo en materia agraria. -Gran parte
de los dineros fueron destinados a la financiación publicitaria al programa AIS
afectando la inversión social. -La apropiación de $25 mil millones entre 4 familias
y algunas más, se destaca la familia Dávila, de subsidios destinados hacia
campesinos medianos. La Fiscalía en las investigaciones sobre los desvíos de
dinero determino que tenían como destino principal a políticos, empresas
privadas y hasta al narcotraficante extraditado Ismael Pantoja Carrillo, alias
el negro. Contexto. En el
gobierno y el minagricultura, Arias, impuso uno de los programas más polémicos
en la historia de Colombia, a partir de la inversión económica de recursos para
la ciencia y tecnología dentro del sector agropecuario. Agro Ingreso Seguro AIS,
era el nombre de un programa ‘estrella’ del del gobierno 2002-2010, que tenía
como objetivo prestar asistencia agrícola a campesinos, en teoría este iba a
ser un programa para impulsar el sector agro de Colombia, pero esos recursos
fueron destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la
gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegarán realmente a los
productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario.
Además, muchos de esos recursos se otorgaron a poderosas y millonarias
familias. Es decir, era un programa que beneficiaría a campesinos pobres pero
el dinero resultó en manos de los millonarios.
El escándalo
estalló por irregularidades en el diseño e implementación del programa que
debía ser destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual terminó
asignando subsidios rurales por más de $200.000 millones en 2009 a narcotraficantes
prestantes familias del Magdalena y Valle del Cauca, entre ellas, Valerie
Domínguez, su novio, cuñada y suegros.
Condenas. Por el
escándalo de AIS –que tiene tras las rejas a varios
empresarios y funcionarios del gobierno nacional –el
minagricultura Arias 2005-2009 está hoy pedido en extradición por Colombia. En
2014, la Corte Suprema condenó a Arias, estando prófugo en USA, a 17 años de
prisión y multa de 13 millones de dólares, hallándolo culpable de celebración
de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado a favor de
terceros, según la justicia, terminó desviando millonarios recursos que debía
dar en forma de subsidios y ayudas técnicas a los campesinos que quisieran
trabajar la tierra, a algunas de las familias más ricas y poderosas del país.
Después de haberle sido concedida casa por cárcel, el ministro Arias escapó a
USA, siendo capturado por la Policía migratoria de ese país y dejado en
libertad bajo fianza pero con vigilancia judicial, mientras se estudia la
viabilidad o no de su extradición a Colombia.
Perseguido Político. Arias, quien siempre se ha declarado inocente y dice ser
una víctima de ‘persecución política’ por parte del gobierno de Santos, fue
arrestado en agosto del 2016 en USA y en noviembre de 2016 año recibió la
libertad bajo fianza.
011
2004-2017 Acumulación
irregular de predios baldíos. La Contraloría solicitó a la Agencia Nacional
de Tierras, ANT, emprender acciones judiciales para anular casos de despojo y
venta irregular de baldíos en casos de acumulación indebida de Unidades
Agrícolas Familiares, UAF, o enajenaciones de adjudicatarios originales sin el
lleno de los requisitos legales.
La acumulación irregular de predios baldíos recaen sobre 322 predios,
para un total de 123.482.89 hectáreas. Por ahora el ente de control advierte
sobre 33 casos concretos, 12 de ellos ubicados en Córdoba, 3 de familiares del
minagricultura, Aurelio Iragorri, del ministro de esa misma cartera, Rubén
Darío Lizarralde,
Los informes de actuaciones especiales sobre "la acumulación
irregular de predios baldíos", uno sobre la altillanura, Meta, Caquetá,
Vichada de 240 páginas, y otro sobre Antioquia y Córdoba, de 67 páginas,
presentados por el ente de control fiscal en febrero y septiembre de 2014,
respectivamente, y que sirvieron de insumo para la decisión que se anuncia. Los
documentos han sido remitidos la Fiscalía y Procuraduría, para que determinen si existe responsabilidad
penal y/o disciplinaria, por violación de los topes establecidos en la ley,
como son 450 hectáreas o de la Unidad Agrícola Familiar, orientados promover la
función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma.
El ministro Iragorri. La
Contraloría señala a primos del ministro Aurelio Iragorri Valencia, por tierras
situadas en La Primavera, Vichada, que corresponden a 3 predios de 3.816
hectáreas, "se logró evidenciar la adjudicación irregular de tres predios
en el Vichada por el Incora y su posterior acumulación de cuatro
empresas". Se pone de presente que "se omitió verificar el requisito
de la explotación económica por los solicitantes por espacio al menos de 5
años, teniendo en cuenta que los beneficiarios con la adjudicación no son
habitantes de la zona sino de la ciudad de Bogotá y con actividad económica en
otras ramas de la economía".
El ministro Lizarralde. También
se destaca el caso que tiene que ven con familiares del exministro Lizarralde,
con tierras ubicadas en La Primavera y Puerto Carreño, Vichada,
correspondientes a 4 predios de 5.064 hectáreas. El informe del organismo
revisor, indica al que "los predios El Nudo, La Cola, El Gorro y la Costa
hacen parte del denominado 'Bloque Dávila', dentro del proyecto de producción
de caucho en el departamento del Vichada, promovido por Indupalma. En las
sociedades por acciones simplificadas que adquieren estos predios se cuenta con
la participación de la ministra de Educación, María Fernanda Campo -2010 a
2014-; del ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, del hijo de la
expareja y de 4 hermanos de la ministra". Y agrega el ente de control en
este aparte que "los predios que se acumulan tiene origen en terrenos
baldíos de la Nación, adjudicados a particulares y que desde el año 2010 han
sido adquiridos por sociedades por acciones simplificadas y particulares (...)".
Los 12 casos en Córdoba. Entre
los baldíos señalados en Córdoba por la Contraloría se encuentra:
1º. Con 17 predios de 570 hectáreas en Montería, Tierralta y Valencia de
William Gánem, María Victoria Gánem, Abraham Gánem y Rosa María Gánem,
ganaderos y algodoneros
2º. Con 5 predios de 223
hectáreas en Puerto Libertador de Cerro Matoso;
3º. Con 17 predios de 808 hectáreas en Canalete,
San Pelayo y Tierralta de Pedro Ghisays Chadid, Exgobernador
de Córdoba, dueño de Apuestas Córdoba. Presunto
testaferro de Mancuso, señalado por el exgobernador de Córdoba Jaime Manzur de
haber recibido dineros del Cartel de Cali y de ser el puente entre esa
organización y el congresista Jorge Ramón Elías Nader -condenado por el proceso
8.000. La Fiscalía determinó que Pedro Ghisays era un testaferro de Mancuso que
aportó $382 millones de pesos y unos predios para el desarrollo de proyectos
productivos para desmovilizados. Con el fracaso de los proyectos, este sujeto y
otros empresarios le devolvieron la mayoría de los predios a Mancuso a través
de negociaciones simuladas para que luego el jefe narcoparamilitar pudiera
entregarlos para la reparación de las víctimas. Según la investigación, Pedro
Ghisays adquirido 17 predios adjudicados como baldíos entre 1997 y el 2004,
once de dichas adjudicaciones fueron realizadas en diciembre 31 del 2004 por la
regional Montería del Incora.
4º. Con 3 predios de 49 hectáreas en Canalete de la Sociedad de
Inversiones Casa Grande;
5º Con 8 predios de 77,6 hectáreas en San Carlos y Montería de William Enrique Salleg Taboada, Propietario y director de los diarios El Meridiano, de
Córdoba y de Sucre. Como antecedente, en grabaciones entregadas a la Corte
Suprema por Clodomiro Castilla, periodista que posteriormente fue asesinado, se
escucha a William Salleg conversando con Salvatore Mancuso y coordinando una
estrategia mediática para las AUC en medio del proceso de desmovilización. La
Corte ordenó a la Fiscalía investigar a Salleg, proceso en el cual Clodomiro
Castilla iba a ampliar su denuncia, pero 5 días antes fue asesinado.
6º Con 6 predios de 152 hectáreas en
Canaletes y Puerto Libertador del empresario antioqueño William Vélez, cabeza
del Grupo Ethus y accionista mayoritario de Inversiones Las Cumbres, según la
investigación, Vélez y empresas de sus familiares acumularon predios
adjudicados como baldíos, así:
6º 6.1º Con 2 predios de 43 hectáreas en Canalete de Lina María Vélez. Hija de William Vélez Sierra.
7º 6.2º Con 2 predios de 43 hectáreas en Puerto Libertador de Sandra
María Vélez;
8º 6.3º Con 2 predios de 66 hectáreas en Canalete de la Sociedad W de
Jesús Vélez Sierra. Hijo de William Vélez;
9º Con 6 predios de 580 hectáreas en Tierralta de la Reforestadora
Kandecord;
10º Con 44 predios, de 1.450 hectáreas en Tierralta de la Reforestadora
Industrial Paramillo;
11º Con 58 predios de 3.274 hectáreas
en Ayapel, Córdoba y Caucasia, Antioquia, de la Sociedad Garlema, de Ernesto Garcés Soto, gerente de la empresa Garlema S.
A., dedicada a la producción especializada de café, y a la cría especializada
de ganado vacuno. Garcés Soto es excongresista por el Partido Conservador y, en
1995, tuvo orden de captura por la conformación del grupo narcoparamilitar ‘La
Escopeta’, investigación que precluyó por vencimiento de términos. Garcés fue
señalado por el ‘Tuso Sierra’ como narcoparamilitar, estuvo involucrado en el
connotado caso ‘Tasmania’.
En diciembre 31 de
2001 Héctor Manuel Pineda Gómez, gerente regional del extinto Incora en
Antioquia, firmó 42 resoluciones de adjudicación de predios baldíos, es decir
del Estado, a un grupo de solicitantes que “acreditaron todos los requisitos y
condiciones para la expedición del título de dominio”, adjudicaciones que no se
las hicieron a campesinos pobres, como dice la norma, para su supervivencia y
la de su familia en lo que se llama una Unidad Agrícola Familiar. Quienes
recibieron esos 42 predios, ubicados en el corregimiento
Margento, de Caucasia, Antioquia, frontera con Ayapel, departamento de Córdoba, hacían
parte de una intrincada red familiar, empresarial y clientelar de Garcés Soto,
en la que participaron hijos, parientes, empleados, miembros de las juntas
directivas de sus empresas, políticos de su tierra natal, Concordia, Antioquia,
para hacerse a por lo menos 2,500 hectáreas en una zona de explotación minera y
ganadera, y en una época en la que el Bloque Central Bolívar de las
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tenía la hegemonía armada en la región.
Para lo cual se
crearon camarillas de beneficiarios de las adjudicaciones de baldíos,
realizadas por la Gerencia regional de Antioquia del extinto Incora en
diciembre 31 de 2001:
1ª. Familia
directa y su parentela. Recibieron predios sus 4 hijos, Dora Cristina, Victoria
Eugenia, Marta Isabel y Julio Alberto Garcés Lema. Pero además de ello aparecen
como beneficiarios una serie de personas, hombres y mujeres, que a partir de
sus apellidos se podría inferir una relación de parentesco, se trata de Lema
Salazar, González Lema, Lema Restrepo, Lema de González, Garcés Acosta, y
quienes tienen un gran porcentaje de las tierras adjudicadas como baldíos.
2ª. Miembros de
junta directiva. En las resoluciones de adjudicación hay 3 empresas de
propiedad de Garcés Soto, Garlema S.A., Inversiones Balsora S.A. y Trilladora
Unión S.A., todas ellas del sector agropecuario, registradas en la
Superintendencia de Sociedades. Los integrantes que salieron “favorecidos” por
el Incora, son: Honorio Vélez Uribe, quien hace parte de la junta de las 3
empresas; Luis Guillermo Gaviria Osorno, está en las de Garlema S.A. y Balsora
S.A.; Pedro José Garcés Maya, en de Balsora S.A., quien recibió dos predios, el
mismo día y con dos resoluciones distintas.
3ª. Políticos
locales y sus parientes. Juan Jairo Montoya Correa, alcalde de Concordia, elegido
en las elecciones de octubre de 2007 para el periodo 2008-2011, pero fue
destituido del cargo por irregularidades en contratación. Su esposa, Gladis
Helena Hernández Barrera, aparece también en la resolución de adjudicación.
Diego Alejandro Guerra Restrepo, quien se desempeñó como secretario de Gobierno
de Concordia para el periodo 2008-2011. Pues resulta que uno de sus hermanos,
Juan David, también recibió predio del Incora el 31 de diciembre de 2001.
4ª. Empleados de
las empresas; Un predio les fue otorgado a Ángela María Betancur Cañola,
secretaria de Garlema, Jesús Emilio Agudelo Sánchez, contador de Balsora S.A. y
Trilladora Unión S.A. Beatriz Elena Betancur Cañola, hermana de la anterior,
también le dieron predio.
5ª. Personajes
representativos; Sergio Alonso Vélez Sierra, hermano de William Vélez Sierra,
uno de los empresarios más poderosos del país en renglones las empresas de
aseo, la infraestructura y el sector eléctrico. En el título de adjudicación
aparece junto con Victoria Eugenia Garcés Lema, hija de Garcés Soto.
12º Con 11 predios de 103 hectáreas en los municipios de San Carlos y
Montería, de la persona natural o jurídica que posee las tierras que
corresponden a la Sociedad Agropecuaria 'El Ubérrimo', Según el informe de la Contraloría,
en 2012 estos predios resultaron beneficiados de inversiones por parte del
Incoder y de Corpoica que privilegiaron el distrito de riego Mocarí. Allí se
ubican los 59 predios que conforman esta Sociedad Agropecuaria, y agrega, que
esta Sociedad adquirió 17 predios adicionales entre 2008 y 2012. Antes de eso,
se había beneficiado con 4 terrenos baldíos y adquirido un predio de reforma
agraria".
010
2010-2014 Ley Urrutia – Zidres. Brigard & Urrutia.
La apropiación indebida de
tierras mediante la Ley Urrutia - Lizarralde, deja
sin vigencia el artículo 72 de la ley 160 que establece claramente que los
baldíos son para campesinos pobres y sin tierra. Busca legalizar la acumulación
ilegal de baldíos en la altillanura y en todo el país, deja abierta la puerta a
la extranjerización de las tierras en Colombia, brindar “garantías jurídicas” a
toda suerte de gamonales, terratenientes, especuladores financieros, rentistas
y mafiosos que lavan dinero del narcotráfico acumulando tierras, se torna
importante dimensionar el problema, cubicarlo, tenerlo claro, definir quiénes
son sus beneficiarios, para identificar las acciones jurídicas y de
movilización que lo confronten. El informe de la Contraloría indica las reales
intenciones del gobierno.
El golpe
demoledor fue cuando revelaron que el
gobierno tramitaba una ley para legalizar los negocios hechos por su
flamante embajador en USA. Además, que Urrutia mismo habría participado en la
redacción de ese proyecto ley junto con los abogados de los implicados.
Entre ellos Néstor Humberto Martínez, hoy Fiscal, el abogado de Luis Carlos
Sarmiento Angulo. Con el escándalo tocando la puerta de la Casa de
Nariño, Urrutia renunció. Pero la salida de Urrutia
y varios ministros no desanimó al Gobierno de Santos que volvió a presentar la
ley 6 veces hasta que por fin logró que se la aprobaran pero esta vez
con el nombre de Ley Zidres.
Son más de 300 mil hectáreas las que se
apropiaron multinacionales, políticos, empresarios, banqueros. Todos usando el
mismo modelo jurídico. ‘Confianza
Inversionista’
009
2013 Riopaila y Carguill. Brigard & Urrutia.
Francisco Uribe Noguera diseño un entramado legal
que le permitió a Riopaila y Carguill acumular tierras baldías en la
altillanura colombiana. Brigard & Urrutia elaboran el esquema jurídico que
le permitió a otros emporios económicos, apropiarse de miles
de hectáreas de tierras baldías. Se comprobó que detrás de todo estaba el
embajador de Colombia en Washington: Carlos Urrutia Valenzuela. Cómo se hizo. Uribe Noguera creó 27 compañías de
papel de las cuales él era el legal y con cada una de ellas compró el límite
legal permitido de baldíos. Esas empresas de papel, la mayoría recién
creadas habían pagado $40 mil millones, cuando nunca habían operado y su
capital social era ínfimo.
Para ocultar quien estaba detrás de la
operación Uribe Noguera cedió sus 27 empresas de papel a 5
sociedades españolas controladas por Asturias Holding una empresa de
Luxemburgo, un paraíso fiscal en el que las leyes impiden conocer la identidad
de los verdaderos propietarios.
Pero un informe de la empresa de auditoría Deloitte
& Touche, revisora fiscal de Riopaila, reveló que el verdadero dueño de la
operación que había hecho Uribe era el ingenio azucarero Riopaila Castilla.
Además, la firma del embajador
Urrutia y Uribe Noguera había usado la misma estrategia con Carguill,
multinacional que compró 52.575 mil hectáreas en el Vichada.
Las revelaciones continuaron dejando al
descubierto que Corficolombiana,
Luis Carlos Sarmiento Angulo, Pacho Santos, la familia Matos Barrera,
Manuelita, Pacific Rubiales, Poligrow, Mónica Semillas, The Forest Group, entre
otros, se hicieron adjudicar baldíos del estado, que la constitución y
la ley destinan a los campesinos colombianos.
Aunque no habían sido asesorados por la firma de Uribe Noguera, habían copiado
el modelo.
‘Confianza Inversionista’.
008
2006
Los Nule. Brigard
& Urrutia.
Brigard & Urrutia asesoró a 2 fondos “buitre” internacionales:
Invertotal y Hansa Holdings LTD, subsidiaria de Arco Capital Corporation, un fondo gringo e
Invertotal, mexicano-americano, para
que constituyeran la sociedad Solutions and Infrastructure Technologies, con un
capital suscrito de $1 millón, un capital pagado de 0 pesos, sin junta
directiva, Alberto Hernández es el gerente, constituida con el propósito exclusivo de tomar el
control administrativo de las empresas de los Nule, que le deben a estos 2 fondos $80 mil
millones desde 2007. Se
intentaba blindar la plata de los Nule de los acreedores estatales, comenzando
por Bogotá, otras ciudades, gobernaciones y la nación, que les dieron anticipos
para obras que no se han entregado y que tendrían que “hacer cola” detrás de
estos fondos por la ‘Confianza
Inversionista’. Los Nule firmaran el acuerdo,
los Fondos les prometían que se quedarían con el 25% de sus empresas si se
salvaban.
007
2006
Los Nule. Electrolima.
El grupo Nule era propietario de Enertolima, de la empresa
de energía de Pereira e iban por la Electrificadora del Cauca. Enertolima entro
como operador de Electrolima, afectando la infraestructura eléctrica del
Tolima, pese a denuncias presentadas a María Eva Uribe, superserviciospúblicos,
Manuel Maiguasha viceminas y Luis Ernesto Mejía miminas, candidato vicepresidencial de
Noemí y ministro estrella según el gobierno, no intervinieron.
Resulta que el 50% de Enertolima y el 25% de la empresa de energía
de Pereira, no es de los Nule, sino de la empresa Solutions and Infraestructure
Technologies Colombia S.A.S, que aparece como el dueño mayoritario de la
empresa MNV y como un socio importante de Gas Kapital. La Supersociedades en
visita a las sociedades MNV y Gas Kapital al revisar el libro de
accionistas, descubrió que éste había
sido sustraído de la compañía sin ninguna explicación, que las empresas
carecían de contabilidad desde marzo de 2010, que había habido una cesación de
la actividad contable y tributaria. Un completo desorden financiero.
Los Nule tras 15
años de trayectoria, conformaron un emporio de más 35 empresas en los sectores
de energía, agua y construcción; llegaron a participar en más de 86 consorcios
para las diferentes licitaciones públicas; sus inversiones traspasaron las
fronteras, además de varios países de América Latina, desarrollaron proyectos
en España y en busca de recursos llegaron a China y Dubai. En su mejor momento
facturaron más de 200 millones de dólares al año, y emplearon, directa e
indirectamente a través de sus empresas, a unas 15.000 personas. Se
convirtieron en las estrellas nacientes de la contratación pública del país.
Algunos competidores que perdieron licitaciones frente a ellos, se atreven a
decir que como los sobornos a servidores públicos, fueron parte integral de la
fórmula del triunfo, lo implicaban un sobrecosto adicional que agravaba los
problemas de liquidez.
006
2014 Casos Andrómeda. Andrés
Sepúlveda.
El CTI allano un local en Bogotá
con el nombre de "Restaurante Andrómeda", que resultó ser una fachada
de una central de inteligencia del ejército, que realizaba interceptaciones de
manera ilegal a teléfonos celulares y correos electrónicos de diferentes
personalidades, entre ellos, los miembros del equipo negociador del gobierno
con la frac en el marco de los diálogos de Paz de la Habana; en este lugar se
hallaron videocámaras, cajas fuertes, memorias usd, planos de diagramas para
crear páginas electrónicas, agendas y cientos de documentos.
En el allanamiento, el CTI
capturó al hacker Andrés Sepúlveda, quien compró información de manera ilícita al ejército
sobre el proceso de paz, para utilizarla en favor de la campaña presidencial
del candidato del Centro Democrático Zuluaga. Un colaborador de Sepúlveda, Daniel Bajaña
Barragán, ecuatoriano, fue capturado por interceptar ilegalmente a Francisco
Santo vicepresidente.
La Fiscalía capturó a 3 miembros del
ejército por los seguimientos irregulares y por sus nexos con Sepúlveda, además
de anunciar la captura de 4 miembros más.
En informe de la comisión especial creada
por mindefensa, concluyó que no se cumplieron con los protocolos de seguridad,
hubo desorden en el manejo de la información y no hubo control que permitiera a
civiles tener acceso a la fachada Andrómeda, por lo que se determinó
separar de labores de inteligencia a 20 uniformados relacionados con la central
de espionaje, de los cuales, a 5 se le solicitó su retiro del ejército.
A pesar de estos hallazgos, el gobierno ratificó
que Andrómeda era una operación legal de inteligencia.
005
2004 Compra de Reelección. Yidispolítica. “Vallan votando mientras los condenan”. A partir de las
condenas penales por cohecho propio a los congresistas Yidis Medina, Teodolindo
Avendaño e Iván Díaz Mateus por parte de la Corte Suprema, quedó judicialmente
demostrado que existieron ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del
gobierno a cambio del voto favorable al proyecto de reforma constitucional que
le permitió a Uribe aspirar a un segundo mandato presidencial. El Alto Tribunal
expidió copia de los expedientes a los organismos judiciales con el fin de que
se adelantarán las investigaciones correspondientes a los funcionarios públicos
que participaron de los hechos, entre quienes se encuentran Diego Palacio,
minprotecciónsocial y Sabas Pretelt, mininterior y de Justicia y embajador en
Italia. Este es, por mucho, el hecho de corrupción más importante en la
historia reciente del país, no sólo porque genera profundos cuestionamientos
sobre la legitimidad y la legalidad de todo el segundo mandato del presidente,
sino también por lo que implicó la figura de la reelección para el diseño
institucional la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata
del Presidente de la República, en lo que relativo a los efectos frente al
nombramiento de organismos de control, la desigualdad manifiesta entre el
presidente-candidato y los demás candidatos y el acceso a los recursos del
Estado en el época de campaña, por mencionar sólo algunos.
La Corte Suprema
determinó que Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas en
Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que
permitiría al presidente, aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. Si
Medina hubiera votado en contra, el proyecto de reelección se habría caído.
Yidis Medina fue
sentenciada a 47 meses de detención domiciliaria por cohecho. Además de la
congresista, en el 2015 fueron condenados altos funcionarios del gobierno,
Sabas Pretelt ambos a 80 meses de prisión y Diego Palacio a 60 meses, Alberto
Velásquez, secretario de la Presidencia. También fueron condenados los
congresistas Teodolindo Avendaño e Iban Díaz Mateus.
004
2004
‘Carrusel de las Notarías’. Surgió
a raíz de las declaraciones del ex superintendente de Notariado y Registro,
Manuel Cuello Baute, quien reveló ante la Corte Suprema el nombre de cerca de
34 congresistas a los cuales acusó de recibir nombramientos y notarías después
de entregar el voto favorable al proyecto que buscaba cambiar un artículo de la
Constitución con el fin de permitir la reelección presidencial. Tras estas
revelaciones la Corte abrió investigación y citó a versión libre a los
siguientes congresistas:
Eduardo Enríquez Maya Carlos Enrique Soto Jaramillo
Plinio Edilberto Olano Becerra Milton Arlex Rodríguez
Sarmiento
Jorge Hernando Pedraza. Jaime Alejandro Amín Hernández
Hernando Torres Barrera Flor Gnecco Arregocés
Tony Jozame Amar José
Luis Arcila Córdoba
Luis Fernando Almario Rojas José Renán Trujillo
Mario Uribe Escobar William
Vélez Mesa
Camilo Hernando Torres Barrera
Por este mismo caso la Corte
había condenado al congresista Alirio Villamizar a 9 años de cárcel por
concusión.
003
2006 Ventajosos Negocios de los hijos del presidente
El escándalo de corrupción que mayor trascendencia
mediática tuvo fue el relacionado con los negocios de sus hijos Tomás y
Jerónimo, quienes compraron a Bavaria SABMiller un terreno por $33 millones en
el municipio de Mosquera, que en sólo 2 años pasó a valer $3 mil millones un
incremento de 9.100% en virtud de las decisiones oficiales tomadas: 1º Por el
POT del municipio de Mosquera y 2º Al declarar en el lugar donde se encuentra
ubicados dichos predios, La Zona Franca de Occidente, los ministros y altos
funcionarios del estado.
002
2006 Notaría en Tunja. Este caso fue otro
de los más sonoros sobre la utilización de la investidura presidencial para
aumentar las arcas de la familia Uribe Moreno y que tuvo su punto más álgido en
julio de 2010, cuando la Corte instó a la Fiscalía a investigar a Tomás Uribe
por injerencia en la asignación a un recomendado suyo de una notaría de Tunja,
en un hecho que se suma al escándalo de ofrecimientos de prebendas para la
reelección de su padre en 2006.
001
2008 Panamá Papers. Los Uribe Moreno, aparecen
conectados con Asia America Investment Corporation, desde 2008, con
jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. “La compañía fue creada para vender artesanías colombianas en el mundo pero
que “el negocio nunca despegó”. La dirección registrada en Colombia es
la carrera 8 No. 7-26, es decir, la Casa de Nariño. Igual, con fecha noviembre
de 2012, figura el registro de la firma UM Holdings Global Inc a nombre de la
sociedad Uribe Moreno S.A.S. Dueños de
"empresas de maletín", el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación ICIJ, encontró la
ubicación de las empresas en ese ‘paraíso fiscal’ donde invierten los evasores
de impuestos, ladrones empresarios, mafiosos, políticos corruptos, asesinos en
fuga.
Hecho que han
generado debates éticos sobre los diferentes negocios de los Uribe Moreno,
quienes han sido presentados ante la opinión pública como 2 exitosos jóvenes
emprendedores, de 20 y 22 años de edad, en el sector de la propiedad raíz,
construcción y financiamiento de centros comerciales, artesanías, compra de
Cobre y reciclaje de basuras con la firma Residuos Ecoeficiencia, pero que en
virtud de su calidad de hijos del presidente obtuvieron enormes ventajas
comerciales respecto de sus competidores.
000
2002-2010
‘Contra la Corrupción y la
Politiquería’. Un manto de podredumbre por la
comisión de varios delitos cubre al entorno más próximo del cuestionado
mandato, quien en 8 años de gobierno dejó desinstitucionalizada a Colombia. Los
escándalos han salido a la luz pública han estremecido a la opinión pública y
demuestran el talante y la catadura de una gestión que utilizó el gobierno para
favorecer sus intereses y los del gran capital.
Escándalos de gran magnitud que tiene en la
cárcel a altos servidores públicos. Bernardo Moreno secretario de Presidencia,
Mario Aranguren director de la Unidad de Análisis e Información Financiera
UIAF, Jorge Noguera director del DAS, Andrés Felipe Arias minagricultura. Irán
más integrantes de ese gobierno a prisión dada la gravedad de los desafueros
cometidos durante los 2 periodos. 3 huevitos: ‘Seguridad Democrática’ - ‘Cohesión
Social’ - ‘Confianza Inversionista’
Las reformas al código minero, la reducción
del pago por regalías, sacar a Ecopetrol como socio incondicional de las
operaciones de las petroleras foráneas, eliminar el impuesto de 7% de remesas,
las reformas de flexibilización laboral, los contratos de estabilidad jurídica
y las zonas francas fueron parte fundamental de la estrategia para atraer ese
capital extranjero en forma de inversión extranjera directa.
La estrategia funcionó: entre el 2000 y el
2015 ingresaron al país $131.400 millones de dólares. Lo que se escondió, con
la cortina de la euforia por los altos precios internacionales del petróleo y
los minerales, es que la renta de esa inversión era mayor (como debía de esperarse)
a lo que estaba ingresando. Para el mismo período la plata que salió del país
como renta de la inversión extranjera fue de $158.427 millones de dólares. Es
decir, cada dólar rentaba el 20% en renta bruta de inversión, un rendimiento
extraordinario. Una economía bulímica, que expulsa más capital del que le
ingresa.
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