7º Robos 1998-2002

7º Robos 1998-2002

1986 La maleta de Fonseca.

Diego Pardo Koppel y el Cartel de Cali. Están relacionados con el extravío de una maleta con 250 mil dólares que fue a parar a Nueva York, episodio por el cual debió renunciar Pardo en 1986 a la Alcaldía de Bogotá, un mes después de ser nombrado por Belisario, tras admitir que había recibido honorarios de Guillermo Rodríguez Orejuela para testimoniar en Nueva York contra las autoridades colombianas.

1999 Banco del Estado.

Robo $15 mil millones. El CTI detuvo a Henry Avila, presidente de la entidad estatal, acusado de prestar en forma irregular más de $15 mil millones para a tan sólo 9 personas y sin tener las garantías reales legales. Avila rindió indagatoria ante la Fiscalía y  pasó de acusado a acusador, al denunciar que sus antecesores se robaron más de $70 mil millones de esa entidad oficial.

   También, fue capturado Diego Pardo Koppel, embajador de Colombia en México y  alcalde de Bogotá, sindicado de haber obtenido en forma irregular un préstamo de $400 millones y 2 compromisos bancarios, para importar automóviles, cada uno por $600 millones del Banestado. Como Pardo Koppel no cumplió con sus obligaciones, la firma automotriz hizo efectivas las garantías y así los $1.200 millones tuvieron que ser pagados por el Banestado. Pardo pago parte de las acreencias con pauta publicitaria a través de 2 programadoras de televisión en el canal regional de Teveandina y en la programadora Prisma T.V. en donde era socio Pardo Koppel, con 400 minutos de pauta publicitaria y entregó a otra programadora del mencionado canal, un lujoso automóvil a cambio de 125 minutos adicionales de comerciales, que endosó al Banco del Estado para completar el pago.

   Pardo regresó al país para darle sus explicaciones al presidente Andrés Pastrana. Al ser consultado por los hechos dijo: ‘Es una Persecución Política’. Sigue manteniendo su domicilio en México.

1999 Chambacú.

En el gobierno de Andrés Pastrana, pero que afectó también a funcionarios de las administraciones Gaviria y Samper, se acusó a los mindesarrollo Fernando Araujo Perdomo y Luis Alberto Moreno de aprovechar sus cargos, para negociar en términos favorables con el INURBE, en favor del Consorcio Chambacú de Indias S.A., del cual eran socios, un lote para desarrollar un proyecto de construcción llamado "Chambacú" en Cartagena, desalojando a la población que estaba en el lugar, formado por asentamientos irregulares de extrema pobreza, conocido como Chambacú. El sector era codiciado desde hace años por su estratégica ubicación entre los principales atractivos turísticos de Cartagena, el Castillo de San Felipe y la Ciudad Amurallada o Centro Histórico.

   El periodista Ignacio Gómez publicó un artículo denunciando el drama de las familias afros que, a través del Estado, habían sido desalojadas de los terrenos de Chambacú trasladándolas a otro sector conocido como Papayal, del cual no apareció registro catastral en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi entidad del estado que maneja el inventario nacional de inmuebles públicos y privados del país. Alfonso Gómez Méndez, fiscal, y Jaime Bernal Cuellar, procurador, anunciaron que se abrirían indagaciones penales y disciplinarias por irregularidades y conflicto de intereses a todos los funcionarios involucrados, entre ellos, Araujo y Moreno. Precluyeron los cargos  contra Fernando Araujo y Luis Alberto Moreno, director del BID

1999 Dragacol.

Robo $3.8 billones. El pago de $1.2 billones de un contrato firmado entre entidades del estado y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A Dragacol, en marzo de 1999. Dragacol no cumplió con el contrato para la ejecución de dragados en el canal del Dique de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso del puerto de Buenaventura. En la conciliación laboral entre Dragacol y el Mintrabajo por incumplimiento del contratista, se llegó a un acuerdo económico por cerca de $26 mil millones a favor del estado, firmado el 6 de noviembre de 1998, haciendo evidente una falla en las exigencias económicas al contratista. Fue denunciado en el Congreso por el congresista Javier Cáceres Leal ‘Chuzo a los corruptos’, condenado después por NarcoParaPolítica.

   Más de 30 funcionarios fueron investigados a raíz de estos hechos, todos absueltos, -Alfonso Campo Soto, actuando como ministro encargado, autorizó el contrato 98 de mayo 11 de 1995 para el dragado y limpieza del río Magdalena por $6.794 millones. -Juan Gómez Martínez, mintransporte, en diciembre 27 de 1995 autorizó un otrosí para incrementar en un 30% el valor del anticipo del contrato 0098. Ocurrió lo mismo con German Villegas, gobernador del Valle, en los contratos 0234 de octubre 20 de 1994 por $7.464 millones y el 286 por $7.500 millones. - Carlos Hernán López y Rodolfo Espinosa, autorizaron el contrato 217 de noviembre 17 de 1996 el cual estipulaba el mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla por $400 millones. - Rodrigo Marín Bernal, mindesarrollo, inició una conciliación con Dragacol por cerca de $3.8 billones. - Mauricio Cárdenas, autorizó la conciliación cuando Dragacol pretendía demandar al Estado ante el Tribunal de Cundinamarca, pero luego se retractó y pidió anularla.- Reginaldo Bray, Gestionó la conciliación a nombre de Dragacol, de la que era gerente y dueño.

   Después de 10 años que duró todo el proceso 13 jueces vieron el caso, algunos de los cuales se declararon impedidos para juzgar, Bray fue declarado inocente al no haber una "prueba contundente" por el Juez 3 Penal del Circuito de Bogotá, acusado de peculado por apropiación de $17 mil millones. –Juan Alberto Páez, vicetransporte participó el comité de conciliación. –Hugo Escobar, abogado de Dragacol, cuando se firmó la conciliación.

   Un fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director Marítimo de Dimar. De los $26 mil millones se debieron pedir según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los $4 mil millones. Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a nombre de Dragacol y declaró responsable solidario al ministro Cárdenas basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998. La decisión de vincular al ministro fue posteriormente revocada por la Corte Constitucional.​

1998. Fiduciaria del Pacífico. Corporación Financiera del Pacífico. Robo $13 mil millones. Fidupacífico adquirió derechos y acreencias de trabajadores de Colpuertos. Estos títulos valores fueron posteriormente vendidos a Bancali. En su momento, David Toledo, gerente de la fiduciaria, recomendó la negociación a la junta directiva, y la justificó con el argumento de que por tratarse de deudas de la Nación con los trabajadores de Colpuertos “el riesgo era mínimo”. Muchos trabajadores que, pasados 7 años de la liquidación, no habían recibido un peso de Foncolpuertos decidieron entregar sus mandamientos de pago a Fidupacífico, cuyo presidente era Jorge Alberto Lloreda Garcés, hijo de Álvaro José Lloreda Caicedo. Propietarios del diario conservador, El País de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

   Corfipacífico. Una parte de los derechos fiduciarios que los trabajadores de Colpuertos tenían en Fidupacífico, respaldados por los mandamientos de pago, fueron adquiridos por la Corporación Financiera del Pacífico, también propiedad de Álvaro José. Esta entidad, a su vez, en octubre de 1998 ofreció venderlos a Bancali, entidad pública dedicada a hacer inversiones con el dinero del municipio. En diciembre 28 de 1998 Bancali pagó $13 mil millones a Corfipacífico y se quedó con derechos fiduciarios respaldados por mandamientos de pago a favor de trabajadores de Colpuertos. La transacción se cerró 4 días después de que la Superbancaria le ordenó a Corfipacífico hacer una capitalización por $18 mil millones, dada la grave situación de iliquidez que enfrentaba esta entidad. 

   El estatal Fondo de Inversión de Cali, Bancali, está en liquidación debido a las pérdidas que acumuló entre 1997 y 2000 no sólo por este negocio sino por otros muchos con resultados parecidos. El escándalo llevó a la Fiscalía a investigar la operación entre Fidupacífico, Corfipacífico y Bancali, llegando a la conclusión de que si bien los implicados no tuvieron nada que ver con las falsificaciones de las actas de conciliación, Lloreda y su hijo sí vendieron los derechos económicos originados en ellas a sabiendas de que tenían el riesgo de ser incobrables. 

Entre las pruebas con que los fiscales sustentaron su acusación hay 3 que, en criterio de la juez, la llevaron a decretar la condena: 9 años de cárcel a Álvaro José Lloreda Caicedo y Jorge Alberto Lloreda Garcés, padre e hijo, a quienes la juez penal del circuito de descongestión de Bogotá, Claudia Marcela Castro Martínez, halló culpables de estafa agravada. Además, la juez condenó a los 2 implicados al pago de $13 mil millones a favor del liquidado Fondo Especializado Financiero de Cali Bancali. Al emitir su condena la juez consideró que los 2 sindicados conocían los problemas que tenían los mandamientos de pago y que aun así, resolvieron vendérselos a Bancali. “Los directivos del Grupo Pacífico intencionalmente ocultaron la información que les había sido suministrada acerca del posible no pago de los activos de Foncolpuertos”, dice el fallo.

   La 1ª. Demuestra que 7 días antes de la operación, la jurídica de Foncolpuertos envió a Fidupacífico una carta en que aclara que “dadas las irregularidades y falsificaciones detectadas por la Fiscalía a un gran número de mandamientos de pago y sentencias, Foncolpuertos no se compromete a ordenar su pago”. 

   La 2ª. Aduce que por la investigación que hizo Fidupacífico, cuando aceptó el encargo fiduciario de los trabajadores de Colpuertos, sabía que algunas de las conciliaciones que daban lugar a los órdenes de pago eran falsas.

   La 3ª. Es que la urgencia que tenía Corfipacífico de capitalizarse en $18 mil millones para no ser intervenida hace aún más sospechosa la operación. 

   Álvaro José Lloreda Caicedo, entro al sector financiero, estimulado por los logros de sus primos Ulpiano y Armando Lloreda Zamorano, quienes construyeron la Corporación Financiera del Valle. Con sus hijos, su esposa fueron consolidando al grupo financiero Lloreda como el 6 más grande del país. Se desato esa impresionante cadena de hechos que llevaron a liquidación de ese grupo financiero y todos los acontecimientos que rodearon las investigaciones judiciales que no solo se enfocan por la negociación de los mandamientos de pagos de Foncolpuertos, sino en la compra y venta de cartera a cooperadores, Interbanco, Bancali, así como el caso del sacerdote Raymund Schambach Garcés, a quien involucraron en el ingreso de más de $20 mil millones a través de Corfipacífico. Esta es la triste historia de uno de los empresarios más exitosos y visionarios del Valle del Cauca, quien comenzó a perder su rumbo cuando abandono el periodismo para convertirse en banquero, actividad que según los abuelos les roba el corazón a las personas.