10º Robos Nacionales
10º Robos Nacionales
2017 El Cartel de la
Chatarrización.
Robo $600 mil millones. La
Fiscalía ordenó, la captura de 28 personas, entre policías, servidores públicos
del mintransporte, tramitadores privados y líderes del sector camionero, por
hacer parte de una "organización criminal" dedicada a defraudar al
estado en el proceso de desintegración de vehículos de carga. El gobierno, para
controlar el crecimiento del parque automotor de carga, implementó la Política
de Chatarrización a vehículos de carga en el año 2008: Si el propietario de un camión
o empresa quería comprar un vehículo, debía chatarrizar o desmantelar otro de
más de 20 años; si no regresa al negocio, se paga un incentivo de $89 millones
por vehículo; si se chatarriza, pero compran otro camión, reciben un estímulo
monetario menor y el cupo de su nuevo camión. Según la Fiscalía, el Cartel de
la Chatarrización aplicó varios métodos para evadir la normativa: 1º La
chatarrización virtual, que implicaba que funcionarios del Ministerio y de
otras dependencias manipulaban la información de un vehículo en la base de
datos para hacerlo aparecer apto para reposición; 2º la chatarrización de
camiones inexistentes, armando vehículos por partes para este fin y 3º la
desintegración usando carpetas de vehículos legales y activos cuyos
propietarios, en muchas ocasiones, ni sabían de la manipulación que era objeto
la información de sus vehículos. Se estima que esta organización chatarrizó de
manera fraudulenta, desde hace varios años, un total de 12.000 camiones, lo que
ocasionó pérdidas al estado en más de $600 mil millones, a razón de $50
millones por camión. A los capturados
se les imputó concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude
procesal, concurso con el de uso de documento falso, supresión u ocultamiento
de documento público.
2010 Coljuegos. Etesa.
Robo $2 mil millones. Mery Luz Londoño,
gerente de ETESA Empresa territorial para la Salud, cuota del congresista
Cáceres, capturada por el DAS junto con su esposo, Raúl Quintana, por el cobro
de sobornos a propietarios de casinos y máquinas tragamonedas.
La Policía y la fiscalía en varias ciudades
del eje cafetero y luego de una investigación de 1 año, hicieron efectivas 31
órdenes de captura, de ellas 8 en flagrancia, contra funcionarios y
exfuncionarios de Etesa y Coljuegos; de estas capturas, 3 fueron contra
directores de la entidad. Se descubrió que, a través de empresas de papel,
funcionarios de Coljuegos engañaron al estado generando detrimento patrimonial superior a los $2 mil millones entregando
contratos "a dedo" para activar unas máquinas tragamonedas que habían
sido dadas de baja después de haber sido incautadas por Etesa entidad
predecesora de Coljuegos. Por alguna razón que se desconoce, las máquinas
decomisadas no fueron destruidas como lo exige el protocolo de seguridad de la
entidad cuando no están registradas, en su lugar habrían sido habilitadas y
puestas de nuevo en circulación en casinos a través de concesiones. A los
capturados se les imputo: interés indebido en la celebración de contratos,
celebración indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público,
concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
2016 La Comunidad del Anillo.
Se denunció una "red de prostitución
homosexual masculina" que funcionaba en la Policía desde la escuela de
cadetes general Santander, a cargo del
director de la escuela, coronel Jerson Castellanos, donde algunos
cadetes víctimas de esta red denunciaron haber sido abusados por el Coronel
Castellanos, además de ser obligados a brindar servicios sexuales a altos
oficiales de policía, congresistas y funcionarios enquistados en altos cargos
del gobierno.
La periodista que dio a conocer en su
programa de radio una grabación del año 2008, donde se oye a Carlos Ferro, congresista,
sosteniendo una conversación de tipo homosexual con el subteniente y miembro de
su escolta, Ányelo Palacios. Por esta denuncia la periodista fue obligada a
presentar su renuncia como directora de La FM y presentadora de rcn, configurándose
una "persecución" y un "atentando a la libertad de prensa"
desde el gobierno.
Las declaraciones de las víctimas sirvieron
como base a la Procuraduría para iniciar investigaciones disciplinarias contra
los involucrados en este escándalo, entre ellos, el Director de la Policía,
General Rodolfo Palomino, quien se vio obligado a pedir la baja del servicio
activo y renunciar a su cargo, dejando a la institución en el momento más
crítico de su historia. El protagonista del vídeo, Carlos Ferro, quien se venía
desempeñando como vice relaciones públicas del mininterior, presentó su
renuncia al conocerse el mismo; además que la Procuraduría le abrió investigación
disciplinaria por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas.
El autor del vídeo y denunciante de esta red de prostitución, capitán Ányelo
Palacios, fue destituido e inhabilitado por parte de la Inspección General de
la Policía debido a acciones irregulares cuando ejercía como Comandante de
Policía en Florencia, Caquetá, llevándolo a un estado depresivo que casi
termina en suicidio del oficial.
2017 Caso Sandra Bonilla.
Fue condenada a 90 meses de
prisión por peculado por apropiación y multa de $400 millones, la tesorera de
la Agencia Logística del ejercito Regional Suroccidente, Sandra Bonilla, por
una transferencia de más de $800 millones a cuentas de sus familiares de 2009 a
2014. Además, fueron condenadas también otras 4 personas que deben pagar penas
de 35 a 50 meses de prisión y multas de $20 a $160 millones por complicidad en
el delito.
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