11º Robos Regionales.

11º Robos Regionales.

1980 y 1990. Robos a los dineros del erario público de gobernaciones y alcaldías en todo el país ocurridos.

2010 Gobernadores y exgobernadores de Colombia destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Gobernadores en ejercicio y exgobernadores destituidos e inhabilitados en los últimos 2 años por la Procuraduría para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley para cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales y personas y empresas de dudosa reputación en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también penalmente en la Fiscalía.

Gobernadores en ejercicio condenados:

Juan Carlos Abadía, del Valle de Cauca;

Oscar Raúl Flórez, del Casanare;

Joaco Berrío, de Bolívar;

Felipe Alonso Guzmán, del Putumayo;

Fredy Forero Renquiva, de Arauca;

Guillermo Alberto González, del Cauca;

Blas Arvelio Ortiz, del Vichada;

Oscar López, del Guaviare;

Patrocinio Sánchez Montes de Oca, del Chocó.

Exgobernadores condenados:

Jorge Eduardo Londoño, de Boyacá;

Efrén de Jesús Ramírez, de Guainía;

Luis Carlos Torres Rueda, del Meta;

William Pérez Espinel, del Casanare.​

   En el periodo de 2009-2016, se sancionaron por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas;​

   En el periodo 2004-2008 se destituyeron e inhabilitaron de ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección popular.​

2013 Empresa de Energía de Pereira Enerpereira. Risaralda. 

Robo: $64.700 mil millones. Afectada: Empresa de Energía de Pereira Enerpereira. La Contraloría archivo la investigación. Génesis. Directivos de Enerpereira repartieron ganancias sin liquidación de deudas y depositaron el capital social de $64.700 mil millones en el Fondo Proyectar Valores, decisión que dejó en riesgo el patrimonio de la empresa pública de energía de Pereira. El monto correspondiente al 51% de la Enerpereira es de recursos públicos de la ciudad, es decir, de los ciudadanos. La capitalización de la empresa al momento de la adquisición del 49% de las acciones.  Vinculados. -Israel Londoño Londoño. -Adriana M. Wolff Cuartas. -Carlos A. Peña Bernal. -Jaime A. Herrera Agudelo. -Carlos A. Duque. -Édgar M. Galvis Lugo. -José M. Giraldo Barreto. -Gabriel A. Viveros Naranjo. -Juan M. Arango Vélez. -Álvaro D. García Muñoz. -Álvaro Beltrán Alzate. -Guillermo L. Henao Flórez. -Gabriela Jaramillo Restrepo. -Andrés H. Tamayo Guarín. -Diana M. Pulgarín Santa. -Jorge I. Zapata Escorcia. -John J. Toro Ríos. -Gabriel Gómez Gutiérrez. -Luis González López. -César Arango Isaza. -Empresa Capitalizadora del Tolima. -Luis A. Ríos Velilla. -Kapital Energy.-Enertolima Inversiones S. A. -Manuel Nule Velilla. -Grupo NULE

2017 En Corpourabá. Antioquia.

Luego de 2 días de audiencia, 3 empleados del área financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpourabá entidad estatal que ejerce como autoridad ambiental de la región, aceptaron los cargos de peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público imputados por la Fiscalía. Se apropiaron de $2.648 millones en dineros públicos de 2010 a 2016. Esta investigación comenzó luego de una denuncia por los malos manejos dentro de la institución; además, hay una orden de captura vigente a la tesorera de la entidad.

2017 En la Secretaría de Movilidad de Medellín. Antioquia.

La Fiscalía capturó en Medellín a 17 personas: 15 tramitadores privados y 2 inspectores de tránsito de la Secretaría de Movilidad, que se dedicaban a falsificar o alterar infracciones de tránsito, documentos propios de la entidad, licencias de conducir y SOAT a cambio de dinero. A los detenidos, quienes se les venía haciendo seguimiento de sus actividades desde el 2014, se les imputaron concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público y privado, con penas que van entre los 8 y 12 años de prisión.

2016 En la Secretaría de Hacienda de Medellín. Antioquia.

Fueron capturados y enviados a prisión 6 servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, por: concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público y peculado por apropiación. La Fiscalía señala que, desde el 2014, este grupo de personas habría cometido actividades ilícitas que causaron un detrimento patrimonial a la Alcaldía por cuantía más de $1.800 millones. El modus operandi consistía en: 1º contactar y convencer a contribuyentes para disminuir sus pagos por concepto de Impuesto Predial uso de suelo e Industria y Comercio para establecimientos comerciales e industriales a cambio de considerables sumas de dinero; 2º dejar prescribir las cuentas con el fin de contactar ciudadanos y ofrecerles la citada prescripción; 3º la realización de ajustes indebidos, ya que accedían al sistema interno y disminuían los saldos a pagar por los deudores morosos.​

2017 Carrusel de las Cirugías Plásticas. Antioquia.

A comienzos de Julio fueron capturados por la Fiscalía el Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, el gerente de la ESE Hospital La María en Medellín; William Marulanda, y 3 hermanas del contralor Zuluaga. El gerente Marulanda habría autorizado realizar cirugías plásticas sin realizar el respectivo cobro a los beneficiarios de las mismas, incluyendo el Contralor y sus hermanas; en su lugar, se hacían las facturas y posteriormente se anulaban realizando cobros con valores menores a los reales, a veces, ni se cobraban los servicios de quirófano, anestesiólogos y medicamentos, afectando la parte financiera de ente de salud público. En otros casos, el gerente las hizo pasar por otros procedimientos para que las cobijara el POS. A los detenidos se les imputaron peculado por apropiación y prevaricato por omisión. Según una auditoría hecha, se habrían hallado desde el año anterior, cuando se solicitó la investigación a la Fiscalía de este caso por parte de concejales de Medellín y diputados de Antioquia, un total de 102 procedimientos médicos irregulares por valor de $130.762.550. Pese a las pruebas recopiladas por la Fiscalía, el juez del caso les concedió libertad a los imputados al considerar que no había suficiente material probatorio; aun así, el proceso sigue su marcha.​

2017 Captura de alcaldesa de Ocaña. Norte de Santander.

Capturados por la Fiscalía la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de Movilidad, Albert Urquijo, por violación del régimen de inhabilidades y celebración indebida de contratos, con la respectiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cada uno por parte de un juez. Según la investigación, hecha a raíz de una denuncia instaurada por un habitante del municipio, la alcaldesa firmó un contrato por $80 millones con un contratista que habría financiado su campaña electoral para la alcaldía. El denunciante aseguró que, con este accionar, la mandataria municipal vulneró una ley colombiana del año 2011, que fija prohibiciones para la entrega de contratos a financiadores de campañas electorales. Por estas mismas acciones, se radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría. En Mayo fue revocada la medida de aseguramiento, al no encontrar una obstrucción de la justicia por parte de Prado Carrascal.

2017 Captura del alcalde de Mogotes. Santander.

La Fiscalía ordenó la captura en enero, con la respectiva medida de aseguramiento de prisión por parte de un Juez, del alcalde en ejercicio de Mogotes, Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, por peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión. La Fiscalía se basó en la investigación fiscal hecha por la Contraloría, donde se comprobaron irregularidades en dos contratos firmados en 2008-2011 por el alcalde, que para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno de Onzaga, Santander. En el primero, se hallaron irregularidades en la etapa precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y Oportunidad documento exigido por la ley colombiana para la realización de un contrato no indicaba el valor a contratar y se tomó como base el valor del único proponente $18 millones sin existir análisis o estudio de otras propuestas, además de no cumplir con su labor como supervisor de vigilar y controlar la ejecución del mencionado contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones, firmado con la cooperativa Gente Líder, cuyo objeto era la "Realización de la capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto y el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Secretaría", se descubrió que en 2008 ya se había realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no está permitido por la ley colombiana; se descubrió, además, que el objeto del contrato debía ser realizado directamente por personal de la secretaría contratante y no por particulares.​ En Marzo es dejado libre retornando a su cargo, aunque el juicio seguirá su marcha.​

2016 En la CAS. Santander.

La Fiscalía capturó y envió a la cárcel, después de la audiencia de imputación de cargos, a 4 funcionarios y exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS entidad estatal encargada de ejercer la autoridad ambiental en el departamento de Santander; entre ellos, la directora de la entidad, Flor María Rangel, por peculado por apropiación y falsedad en documento público, debido a irregularidades encontradas en un contrato por un valor de $3.400 millones, donde se le entregó casi la totalidad de la plata al contratista Unión Temporal Barrancabermeja sin que este hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la "reforestación e intervención de zonas estratégicas para el medio ambiente". La Fiscalía descubrió también que se habrían presentado irregularidades en la suscripción del contrato, pues al momento de celebrarlo, la CAS no habría pedido al contratista que certificara su experiencia en el sector. Además, no se realizaron los estudios previos de manera adecuada y no hubo supervisión o interventoría que verificara la ejecución de las obras.

2015 Captura del alcalde de San Gil. Santander.

En noviembre fue capturado el alcalde en ejercicio del municipio de Gil Santander; Alvaro Agón Martínez, por fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva e ilegal de dinero, no devolución de lo captado y prevaricato por acción. La Fiscalía comprobó que Álvaro Agón, junto a su hermano el alcalde de San Gil; Javier Agón condenado por celebración indebida de contratos durante su administración estafaron a más de 500 personas por el orden de los $1.800 millones con un proyecto de vivienda llamado "Asociación de Vivienda Brisas del Porvenir" Asovibrisas. Los estafados pagaron por la administración de un lote destinado a este proyecto de vivienda, el cual está declarado como Reserva Forestal, por lo que no se podía desarrollar construcción alguna en este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Agón convencieron a las familias para el desarrollo del proyecto de vivienda y aprovechándose de su cargo como alcalde, Álvaro Agón autorizó la conformación de la asociación para que los afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al supuesto proyecto habitacional que nunca se desarrolló; en su lugar, el dinero recogido fue utilizado para beneficio personal de los Agón.​ En abril de 2017, Javier Agón fue condenado a 12 años de prisión, condena apelada por los afectados quienes la consideran "muy baja" por el daño ocasionado a quienes invirtieron.​

2014 Carrusel de contratos en Bucaramanga. Santander.

La Fiscalía capturó al alcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos,​ ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de la destitución de Fernando Vargas Mendoza, alcalde titular por parte de la Procuraduría, de octubre a diciembre de 2011, firmó contratos por más de $2 mil millones sin haber pasado por el proceso de licitación respectivo. Además, se descubrió que muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aun así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores o interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos donde el contratista no cumplía con los requisitos mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato.​ El alcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitos imputados, recibiendo beneficio de detención domiciliaria;​ en el mismo año 2016, también fueron condenados dos de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.​

2011 Destitución del Alcalde de Bucaramanga. Santander.

En julio, la Procuraduría destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en ejercicio de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el Instituto Universitario para la Paz Unipaz, al no haber realizado una licitación pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones en 2011, que tenía como fin brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas del municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del alcalde Vargas; la más drástica, contra la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no se requieren de procesos licitatorios por la ley.

​ En enero de 2015, el alcalde Vargas recibió otra sanción, por parte de la Procuraduría, para ejercer cargos públicos por 11 años, debido a irregularidades contractuales presentadas en la construcción de la Fase I del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga. Según el ente de control "El exalcalde intervino en la celebración del citado contrato de obra pública sin contar previamente con estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, teniendo en cuenta que los estudios geotécnicos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir el parque". Por este hecho, también fue sancionado su secretario de Infraestructura, Álvaro Ramírez Herrera, con 12 años sin ejercer cargos públicos.​

2008 Condena a gobernador de Santander.

En febrero, fue capturado por la fiscalía en Bogotá el exgobernador de Santander, Mario Camacho Prada, condenado por la Corte Suprema a 7 años y 6 meses de prisión por peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. La investigación comenzó después de la denuncia que instauró en la Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la Gobernación de Santander, que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunció que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubo irregularidades: No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento para una inversión de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para el departamento. Poveda denunció que Camacho Prada dispuso de recursos departamentales por $1.404 millones en 2008, para la compra del hotel y después lo adicionó al presupuesto, sin contar con la autorización del Contralor Departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con el banco de occidente un crédito para la Tesorería departamental por la suma de $700 millones en 2008, dinero que giró directamente a Inversiones Bella Isla, como pago del primer anticipo en la compra del hotel. En 2001, Camacho Prada había sido condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidad, al comprobarse que respaldó un contrato departamental para una empresa propiedad de familiares de su secretaria privada.

2006 Destitución del Alcalde de Cali. Valle.

En diciembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en ejercicio de Cali, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de un contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de Cali. El ente de control confirmó que el contrato se firmó por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrecía las suficientes garantías y que el Alcalde desconoció abiertamente los principios de transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la División de Apoyo Fiscal del minhacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías ciudadanas le habían advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aun así, el alcalde lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de Hacienda, María del Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.​ En 2013, el alcalde Salcedo demandó a la Procuraduría ante el Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por el ente de control, reclamando además los sueldos que dejó de devengar.​

2015 Escándalo en los Juegos Nacionales. Tolima.

El escándalo estalló por el incumplimiento del municipio de Ibagué, en la construcción de algunos escenarios deportivos requeridos para la realización de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, en los cuales el Gobierno, a través de Coldeportes, invirtió $258.910 mil millones; de los cuales se perdieron $66 mil millones, según la Contraloría, dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, se comprobaron irregularidades en los diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en su construcción.​ Hasta el momento se ha ordenado la captura de 7 personas por el desfalco, entre contratistas de las obras y funcionarios de la alcaldía de Ibagué; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la condena más severa cayó sobre el llamado "cerebro" de esta defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, asesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36 años y 4 meses de prisión por enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos y concusión, al defraudar al estado en más de $11.500 mil millones y multa de $22 mil millones. Las investigaciones a 2017 siguen en curso buscando más responsables.​ En Mayo del mismo año, se le imputo una nueva condena al gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué Imdri Carlos Ángel, por 5 años y 5 meses en prisión, y multa de $61 millones, que se suma a la condena ya impuesta de 12 años y $855 millones en multa.​

2013 Escándalo de la Gobernación del Casanare.

Robo $46 mil millones. El gobernador de Casanare, en el periodo comprendido de septiembre de 2006 y diciembre de 2007, Witman Herney Porras, fue condenado en marzo por la Corte Suprema a 18 años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos en el sector público de por vida, debido a la pérdida injustificada de $63 mil millones correspondientes a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias. Acusado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, Witman Porras autorizó el traslado de $38 mil millones del departamento a 5 patrimonios autónomos constituidos en Fiduagraria; además de otra operación ilegal en septiembre de 2007 por $25 mil millones al patrimonio de Fidupetrol posteriormente condenada por la Corte a reembolsar este dinero al departamento, provocando su quiebra y UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones de Porras consistió en que entregó estos dineros "sin contar con la más mínima garantía" a favor del departamento. De esos $63 mil millones, siguen perdidos $46 mil millones.​

2017 Captura del alcalde de Cartagena. Bolívar.

El 3 de agosto fueron capturados por el CTI el alcalde de Cartagena; Manuel Vicente Duque, junto a su hermano de crianza; José Julián Vásquez y la contralora de la ciudad; Nubia Fontalvo, por cohecho y tráfico de influencias, debido a irregularidades presentadas en la elección de Fontalvo, por parte de los concejales de la ciudad, como Contralora Distrital. Unos días atrás, se había entregado a la justicia uno de los concejales que eligió a Fontalvo; Jorge Useche. Por esta misma acción, fueron investigados y sancionados disciplinariamente por la Procuraduría todos los concejales de la ciudad que eligieron a Fontalvo, luego que ella obtuviera el menor puntaje de una terna propuesta al Concejo Distrital para elegir la persona encargada del control fiscal a la administración pública en Cartagena, siendo Jorge Useche quien convenció a los demás concejales para que no eligieran al ganador de la convocatoria; el abogado Iván Sierra Porto, y en su lugar eligieran a Nubia Fontalvo, cercana al alcalde.​

2017 El Cartel de las Regalías. Córdoba.

En enero fue capturado por la Fiscalía el actual Secretario de Planeación del departamento de Córdoba y director del Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías; Manuel Benjumea quien, según el ente acusador, desvió $150 mil millones producto de regalías departamentales a favor del también detenido contratista Jesús Henao Sarmiento quien, a través de fundaciones dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con el objeto de desarrollar proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar los retos del TLC con USA, proyectos que no se ejecutaron completamente, según denuncia del gobernador en ejercicio; Edwin Besaile, causando detrimento patrimonial al departamento por haber sido girados la casi totalidad de los recursos por el anterior gobernador Alejandro Lyons. Los detenidos, además de los socios de Henao, fueron acusados de peculado por apropiación y en concurso heterogéneo además de celebración indebida de contratos. Maximiliano García, funcionario departamental que trabajó con el director de regalías Jairo Zapa, asesinado al descubrir las irregularidades, también está vinculado al proceso, además de estar investigado por el crimen de su jefe, igual que Henao.

2017 Captura del alcalde de Moñito. Córdoba.

Fueron capturados por la DIJIN el alcalde de Moñitos; Álvaro Casseres Matoza junto a su padre; Álvaro Casseres Brieva y tres funcionarios de su administración con su respetiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por concierto para delinquir, corrupción al sufragante, constreñimiento o amenaza a los electores y fraude en la inscripción de documentos de identidad; descubriéndose estas irregularidades en el proceso de elección de Casseres Matoza como alcalde de este municipio.​

2015 Carrusel de la Educación. Córdoba.

Funcionarios de la Fiscalía capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento de Córdoba, los cuales habrían llegado a los $164 mil millones en 2015. Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012, donde varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del departamento, falsificaron poderes y documentos de la Secretaría de Educación de Córdoba y del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las finanzas de la Entidad Administradora de Recursos del mineducación Fiduprevisora.​ Entre los involucrados está el congresista Armando Benedetti, por lo cual la Corte Suprema abrió indagación preliminar en su contra.

2016 Escándalo en la Policía de Barranquilla. Atlántico.

En noviembre fueron capturados, en un operativo conjunto entre Policía y Fiscalía, 19 policías activos que eran parte de la Policía y 2 personas civiles que habrían cometido delitos en la ciudad: 15 que utilizaban la base de datos del RUNT, aprovechando su condición de autoridad de tránsito, para chantajear a aquellos que no tuvieran documentación al día a cambio de dádivas o sobornos, utilizando personal civil como operadores de radio, 3 que permitían el micrófono a una banda delincuencial en dos barrios y 1 que había asaltado unos días atrás, en compañía de un exagente de la institución, una tienda de barrio.​

2011 Condena a exalcaldes de Barranquilla. Atlántico.

Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenisberg, alcaldes de Barranquilla, fueron condenados por la justicia a 4 años de prisión cada uno por peculado y celebración indebida de contratos, debido a anomalías en la compra, en agosto 20 de 1998, de 2 lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés Social VIS en Barraquilla y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el Distrito le adelantó $1.120 millones en 2011 del total de $4.500 millones a Juan Cure Vilaró, dueño de los predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no eran idóneos para la realización del proyecto porque presentaban problemas de inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el anticipo no fue devuelto por parte del vendedor ni se hicieron los trámites por parte del Distrito para recuperar esos dineros. Para la época de los hechos, Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda.​ Los 2 alcaldes también fueron procesados penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelación del edificio de la alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones en 2011, y que terminó con sobrecostos por el orden de los $4 mil millones; igual que con el proceso de los lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de Hacienda.​

2016 Gobernación de La Guajira.

Estalló luego de la destitución de Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado como gobernadora del departamento a solo 5 meses de haber comenzado su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la gobernación.​ En su lugar, el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez,​ ha destapado numerosas irregularidades que involucran miles de millones de pesos

perdidos por el departamento, por las cuales ha recibido amenazas de muerte. Este escándalo resulta aún más aberrante, cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupción, mientras el departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas.​ En octubre, la Fiscalía capturó a 20 personas involucradas en el escándalo, entre ellos, el alcalde de Riohacha Rafael Ceballos Sierra y un gobernador Jorge Pérez Bernier, además de involucrar en la investigación a 21 personas más, entre funcionarios nacionales, departamentales y contratistas.​ Además, la Fiscalía imputó cargos en enero de 2017 a Oneida Pinto por: celebración indebida de contratos y falsedad en documento público y privado, al conocer las irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, La Guajira, cuando ella se desempeñaba como alcaldesa. También se le imputó cargos en enero de 2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer González Brito, por irregularidades en su elección luego de la destitución de Oneida Pinto, por cohecho propio y corrupción al sufragante convencer, mediante coimas, a los electores para que voten por determinada persona; enviado a prisión, como medida necesaria para garantizar las investigaciones de la Fiscalía. En enero de 2017 la Fiscalía capturó al alcalde en ejercicio de Riohacha, Fabio Velásquez, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar PAE del municipio por valor de $5.713 millones, al comprobarse que a los niños beneficiados no les estaba llegando la respectiva alimentación del programa de manera real, generando rechazo e indignación.​

Escándalo En Manaure. La Guajira. La alcaldesa titular, un exalcalde, 3 secretarios de despacho, un contratista y un líder indígena, fueron cobijados con orden de captura, y tras ello, se impuso medida de aseguramiento a algunos y abstención de medida para el exalcalde.

   La investigación adelantada por la Fiscalía sobre 3 contratos suscritos por más de $14 mil millones de los indígenas, que desparecieron sin explicación o soporte que indique su destino o la forma en que fueron invertidos.