9º Robos Seguridad Social Pensión - Salud - Riesgos.
9º Robos Seguridad Social Pensión -
Salud - Riesgos.
2002-2010. ISS. Ley 100.
La
privatización de los desfalcos.
2014 En Colpensiones.
Una juez envió a prisión a 8 de
11 capturados por la Fiscalía, los otros 3 se les dio detención domiciliaria,
por: concierto para delinquir, estafa, acceso abusivo, violación de datos
personales y fraude procesal, debido a un desfalco cometido por estas personas,
quienes laboraban como contratistas en la parte de sistemas de la entidad
estatal encargada del régimen de prima media, Colpensiones. La investigación
comenzó en mayo 8 de 2014, momento en el cual uno de los directivos de la
entidad denunció irregularidades en el sistema informático de Colpensiones. Los
contratistas crearon una red delincuencial que cobraba por la modificación de
los historiales laborales entre $10 y $100 millones, según la complejidad del
trabajo y el ingreso que representara. Los contratistas crearon 2 modalidades
de delinquir: la 1ª, consistía en inventar desde cero el historial laboral de
una persona que nunca hubiese estado afiliada al ISS, la entidad encargada del
sistema pensional ni a Colpensiones; la 2ª, consistía en modificar el número de
semanas cotizadas por trabajadores reales para que pudieran pensionarse antes
de lo estipulado. La Fiscalía continúa la investigación.
2015 Desfalco a Colpensiones. Quindío.
La fiscalía capturo en Armenia
15 personas, acusadas de integrar una red que cometió un millonario desfalco a
Colpensiones, a quienes se les imputo: fraude procesal, falsedad en documento,
estafa. Los detenidos hacían parte de una banda integrada por 25 personas,
quienes habrían conspirado para apropiarse de más de $1.400 millones de
Colpensiones, aunque la cifra podría llegar a los $7.5 mil millones, debido a
que la entidad fue defraudada durante varios años por esta "empresa
criminal" encabezada por un abogado. Este buscaba a personas mayores que
fueran pensionadas o estuvieran tramitando ese derecho argumentándoles que
podía conseguir una reliquidación de su pensión y, además, obtener un dinero
adicional argumentando una discapacidad o invalidez. El sujeto y sus cómplices
conseguían historias clínicas falsas de los reclamantes, en las cuales se
incluían dictámenes ficticios que servían de soporte para sustentar una pérdida
de capacidad laboral. En muchos casos presentaban diagnósticos de enfermedades
graves, crónicas o incluso terminales. Con estos documentos, el acusado y sus
secuaces realizaban los trámites ante la división correspondiente de
Colpensiones en donde, tras estudiar el caso, se autorizaba el pago de mesadas
retroactivas. Cuando esto no funcionaba y la entidad negaba la solicitud, el
abogado acudía a juzgados y con estos documentos falsos ‘engañaba’ a los jueces
para que dictaran fallos que obligaba a Colpensiones a pagar estas
pretensiones.
2006 Desfalco a Cajanal.
Robo $600 mil millones. Los
abogados Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, mediante tutelas
y otros documentos irregulares, utilizaban a particulares para que cobraran
pensiones a Cajanal, tramitando además de manera irregular ante la justicia, pensiones
de gracia, para supuestos docentes que no lo eran realmente, apropiándose de
más de $50 mil millones, sin contar el dinero que salió de las arcas de Cajanal
para el pago de dichas mesadas durante varios años en total el desfalco podría
sumar unos $600 mil millones en 2006. Los beneficiarios recibían el 50% del
pago y los abogados guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Aunque las
investigaciones comenzaron en 2006, los 2 implicados fueron condenados en 2013
por el tribunal de Bogotá a 8 años y 6 meses de prisión a Cabrera Polanco y a 7
años y 6 meses a Guilombo Gutiérrez y multa a los 2 de $269 y $622 millones.
Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya
había sido condenado por hechos similares a la misma entidad en 1989, esta vez
junto a su hermano Omar Cabrera Polanco, quienes a través de falsificaciones de
fallos judiciales y con la complicidad de jueces, lograron desfalcar en más de
$5 mil millones a la desaparecida Cajanal, a través de cobros ilegítimos de
acreencias laborales.
Hernán Andrade, congresista, fue salpicado
en este escándalo, la Corte Suprema lo investigó en 2008, absolviéndolo en 2014
por falta de pruebas.
2016 Desfalco a Cajanal. Bolívar.
Robo $40 mil millones. En 2016
la Fiscalía abrió investigación contra otro abogado Manlio Aristio Barrios
Buelvas, en otro desfalco a Cajanal en Cartagena, por: prevaricato por acción,
peculado por apropiación en calidad de interviniente y fraude procesal, como
responsable de un desfalco a Cajanal por cerca $9 mil millones en 2006. Según
el ente acusador, Barrios Buelvas presentó ante el Juzgado 7 Laboral del
Circuito de Cartagena una acción de tutela por la que fueron favorecidos 21
docentes del orden nacional que él representaba; estos docentes les fue
otorgada una pensión de gracia por parte de Cajanal a la que; por ley, solo
tienen derecho profesores que dependen salarialmente de gobernaciones y
alcaldías. Según la Fiscalía, aunque el fraude a Cajanal fue de $9 mil
millones, la cifra ha aumentado con el pasar de los años y se calcula que se
incrementó a 2016 en alrededor de $40 mil millones.
2011 Escándalo de la Salud. Fosyga.
En mayo, Santos anunció el
descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, gestado desde el 2002 que
podrían superar no millones, sino billones de pesos en el minproteccionsocial.
A través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía
y la Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Minprotecciónsocial
que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaban
reclamaciones fraudulentas al Fosyga, con el que se financia la salud de los
más pobres en Colombia.
Las modalidades de fraude consistía: 1ª en
“autorizarles los pagos a las EPS que habrían sido retenidos”; esto significa
que, la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder
a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con esto desviaban el
servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el
NO-POS, por el que responde directamente el Gobierno, lo que obligaba al Fosyga
a disponer de los recursos y generar un doble cobro. 2ª era colocar
"personas fallecidas que recibieran los beneficios de sobrecostos
monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran por los
tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca
recibían la plata, sino que eran personas que esta mafia ponían a cobrar sin
que las beneficiarias se enteraran".
Por estas acciones fueron capturadas 7 personas,
entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS´s. Este
hecho provocó, con el pasar de los años, que muchas EPS´s en Colombia se
encuentren en grave crisis económica, ya que ellas dependen para sus gastos de
funcionamiento y pago a sus proveedores de los recobros al FOSYGA que, debido
al escándalo, ahora tardan mucho tiempo para hacerse efectivo, mientras se
estudia el cumplimiento de los requisitos para el desembolso. Mientras tanto,
las EPS´s incumplen las respectivas obligaciones con sus acreedores y, en
consecuencia, se genera la suspensión de sus servicios en las clínicas y
hospitales públicos y privados. En algunas EPS´s la crisis es tan grave que la Supersalud
ha debido intervenirlas para, o reestructurar sus deudas o liquidarlas, como
los casos de Caprecom y Saludcoop, que eran en su momento las más grandes de
país. Las deudas de las EPS a las clínicas y hospitales del país suman, a
finales de 2015, unos $4 billones.
2002-2011 Caprecom.
Robo $4
billones. Afectadas: Ministerio de Salud y de Protección
Social, FOSYGA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Caja de Previsión
Social de Comunicaciones Caprecom. Génesis.
Indebida financiación con proveedores, desvío de recursos por
pagos de costas e intereses en embargos judiciales, auditorias médicas que no
cumplen su objeto e indebida ejecución del objeto contractual y manejo
inadecuado de recursos entregados bajo la modalidad de anticipos. Afectación social. Se
investigan deficiencias en la administración de los recursos de la salud. El
manejo de dineros provenientes del propio aporte de los usuarios para contar
con un servicio de salud digno, la debilidad y el escaso desarrollo de los
sistemas de autocontrol y vigilancia de las EPS. Los afectados son los
afiliados, los agentes prestadores de salud y el sistema mismo. Vinculados. -Carlos
Tadeo Giraldo Gómez, director general 18.11.2002 a 19.09.2010. -Mario Andrés
Urán Martínez, director general 20.09.2010 a 20.09.2011. -Fernando González Rodríguez,
subdirector financiero 30.01.2003 a 31.01.2011. -Rafael Leonardo Páez Fuentes,
secretario general E. -Moisés David Hernández Sánchez, secretario general 11.07.2011
a 15.12.2011. -Claudia Catalina Beltrán, subdirector EPS E de Caprecom. -Bdo
Audit S.A. revisor fiscal, representada por Luz Marina Pérez Serna -Asesorías y
Servicios en Salud – Asalud Ltda, representada por Pedro Fabián Forero.
-Valencia Consultores y Outsourcing VCO S.A., representada por Fabio Alberto
Valencia Bustamante.
En mayo de 2011 se
anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, que se
hacía desde varios años atrás, que podrían superar los billones de pesos en el
minprotecciónsocial. Se llegó a decir que era el mayor cartel de corrupción en
el país. Caprecom también era una EPS que tuvo que ser liquidada por no poder
pagar sus deudas, debido al mal manejo de los recursos que le llegaban,
el desvío de esos recursos por pagos de costos, y la indebida financiación
con proveedores. En Caprecom desapareció
$559.500 millones destinados para la salud de los colombianos. Se logró
detectar a un grupo de funcionarios del Minprotecciónsocial, nombrados por el
ministro Diego Palacio, que organizaron un grupo delictivo, mediante el
cual presentaban reclamaciones fraudulentas al FOSYGA, que es con el que se
financia la salud de los ciudadanos más pobres en Colombia.
Una de las
modalidades de fraude consistía en “autorizar pagos a las EPS que habrían sido
retenidos”; es decir que la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los
pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con
esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los
servicios por el NO-POS por el que responde directamente el Gobierno, lo que
obligaba al FOSYGA a disponer de los recursos y generar un doble cobro.
Por estas y otras
acciones de fraude fueron capturadas 7 personas, entre funcionarios del
Ministerio, particulares y trabajadores de EPS. Las deudas de las EPS a
las clínicas y hospitales del país sumaron, a finales de 2015, unos $4 billones.
1998-2011 Saludcoop.
Robo: $1,7 billones. Afectada: Ministerio de Salud. Vinculados.
-Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente SaludCoop -María Carolina Lamus,
-Alberto Castro Cantillo, -Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, -Eugenio Mejía
Serna, directivos de Saludcoop EPS -Consultoría de Estrategias y Negocios S.A.
-Estudios e Inversiones Médicas S.A. Hecho
generador. La utilización indebida y contraria a las normas de
los recursos parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud
para fines distintos a los permitidos en beneficio de particulares. Afectación social. Los
afectados son los aportantes al Sistema de Salud y los beneficiarios del
régimen subsidiado, la red hospitalaria, los profesionales y los prestadores de
servicios de salud. Se vulnera el derecho a la salud, elemento determinante de
la vida. Contexto. En
mayo 11 de 2011, por resolución 0801 de la Supersalud, se ordenó la toma de
posesión inmediata de los bienes y haberes de la EPS Saludcoop. Todo empieza a
partir del seguimiento de la Contraloría, por el uso indebido de los recursos
públicos para la construcción de clínicas y hospitales mediante la
desviación de $1.05 billones entre el periodo de 1998-2010. Otra de las razones
que desató la polémica del caso fue el pago irregular de bonificaciones a los
directivos por $6 mil millones, de los cuales $3.541 millones fueron al
bolsillo del presidente Carlos Palacino en el periodo del 2005-2010. Consecuencias. -El
sobreprecio de medicina y tratamientos para la atención de los usuarios de los
servicios de la EPS. -La confusión de los recursos de medicina prepagada
con los que integran el POS en beneficio de los privados. -La falta de pago de
los servicios de salud a los proveedores, que se registraba como utilidad. -El
traslado de aproximadamente 4 millones 500 mil pacientes a Cafesalud, debido a
la apropiación de los recursos públicos y desvío de dineros por parte de su
fundador Carlos Palacino y su equipo conformado por María Carolina Lemus,
Alberto Castro Cantillo, entre otros.
Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, es
investigado por los millonarios recobros que esta EPS le hacía al Estado y que
sirvieron para pagar abultadas bonificaciones, finca raíz, viajes e inversiones
en el extranjero. Saludcoop está en venta y el proceso contra Palacino y otros
responsables continúa. La Contraloría intervino Saludcoop y obligó a sus
directivos, en cabeza de Carlos Palacino, a devolver los 1,4 billones de pesos
correspondientes a la salud, que habían sido desviados de manera ilícita. Según
la Contraloría, desde el año 1998 comenzó el fraude cuando Saludcoop, entre
otros delitos, extendió su red de oficinas y centros médicos apropiándose de un
porcentaje de los dineros de la salud que ingresaban y que eran registrados
como utilidad. Razón que lo sancionó a Palacino y a otros 14 involucrados.
El castigo del gobierno: Palacino no puede
ocupar cargos públicos en 18 años y multa por $56 millones. A 4 años de que el
caso tomó forma, ninguno de los acusados ha sido procesado, Saludcoop está a la
venta y el proceso continúa para todos. La EPS más grande de Colombia también
fue una de las más corruptas. 2001-2010
Usó de forma indebida los parafiscales del Sistema
General de la Seguridad Social en Salud y generó pérdidas de $1,7 billones. Por
este caso hay 7 personas procesadas por este caso, que dio cuenta de la
impresionante corrupción en el sector salud.
La Contraloría sancionó a Saludcoop por la
apropiación ilegal de $1,4 billones.
En 2004, la supersalud sancionó a Saludcoop
por la apropiación ilegal de $195 mil millones, sanción que en 2010 y por las
mismas razones elevó a $627 mil millones, al llevar los análisis hasta 2008.
Sanciones confirmadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Consejo de Estado.
La Procuraduría inhabilitó a Carlos Palacino
por estafa y por el incremento injustificado de su patrimonio.
La superindustria condenó a Saludcoop por
crear un “cartel” con otras EPS, entre otros delitos, pagarse 2 veces por el
mismo servicio, con la plata de la UPC y con la del Fosyga
Pero el Fiscal Jorge Perdomo, afirmó que la
Fiscalía no ha acusado a nadie porque “se habla mucho de una gran situación de
corrupción pero las pruebas no existen”.
En la Fiscalía tampoco avanza el caso en el
que esta EPS le robó al Fosyga $27 mil millones, al cobrarle por lo que no
había gastado, mediante el truco de girar 8.021 cheques que nunca se hicieron
efectivos. Ni en el otro de 2009 en el que el Grupo Saludcoop –con Cruz Blanca
EPS y Cafesalud EPS– infló en $825 mil millones sus gastos en medicamentos,
según los análisis del CID de la Universidad Nacional de Colombia.
2014 Coomeva EPS.
Robo: $146.900 mil millones. Afectada: Ministerio
de Salud. Génesis. Distorsión
de las cuentas de costo por depreciación en propiedad, planta y equipo, así
como en otros gastos que debieron ser asumidos por la entidad y fueron
registrados como costos.
Afectación social. El efecto del uso indebido de recursos de la
salud, que se generó por manejos financieros y contables ilegales, evidencia la
falta de transparencia y la debilidad en los controles de las EPS, afectando a
los aportantes del sistema, debilitando financieramente el sistema de salud,
contribuyendo así al deterioro de la calidad de prestación del servicio y a su
sostenibilidad financiera.
Vinculados. –Coomeva EPS -Fernando Panesso Serna, gerente. -Piedad
Cecilia Pineda Arbeláez, gerente general. -Nilson Humberto León Ramírez. -Sandra
Moya Mendoza. -Price Waterhouse
Coopers Ltda. -Judith Chica Mosquera, revisora fiscal de Coomeva EPS. Los altos
mandos de Coomeva EPS, distorsionaron cuentas de costo y para su propio
beneficio. Por ese caso, 5 directivos y 3 particulares fueron acusados por la
Fiscalía por: peculado por apropiación, contratos sin
requisitos legales, celebración indebida de los mismos, quienes por medio
de estos fraudes se apropiaron de $3.411 mil millones que hacían
parte de contratos irregulares para la compra de medicamentos.
2017 El Cartel de los Abuelos.
Risaralda.
El 18 de mayo se realizó la
audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a 8 implicados en
irregularidades en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor en Pereira, donde
se atienden 93 personas, el caso fue denunciado por la personería. Hasta el
momento, la Fiscalía ha investigado 4 de 13 contratos en el Programa del Adulto
Mayor, pero las irregularidades superan los $700 millones. Entre los imputados
esta John Lemus, secretario de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía, quien
dice no tener responsabilidad en los cargos imputados. De los 8 implicados, el
fiscal solicito la medida de aseguramiento para 7 de ellos; uno de ellos que
aceptó cargos, podría tener rebaja de pena del 50% y detención domiciliaria.
2016 Hospital Universitario del
Valle.
Robo $123.783 mil millones. Fueron
capturadas por el CTI, 7 servidores públicos del Hospital Universitario del
Valle de Cali, por celebración indebida de contratos en el centro asistencial,
lo que originó un detrimento patrimonial
en esta entidad del estado que la obligó a entrar a la Ley de Quiebras de la
nación Ley 550 para reestructurarla. La Contraloría había
alertado sobre un detrimento patrimonial en el Hospital Universitario del Valle
por $123.783 millones. Tras una auditoría que duró 40 días, se encontraron
pruebas del detrimento a las arcas del centro médico y se declararon los
estados contables de la institución como negativos. Entre los capturados se
encuentra el director de la institución, Jaime Rubiano.
2013-2015 El Cartel de la Hemofilia. Córdoba.
Robo $80 mil millones. Estalló
luego de una investigación hecha por la Contraloría, donde descubrió nombres de
personas vinculadas al Régimen Subsidiado del sistema de salud que las hacían
pasar como enfermos de hemofilia, para luego cobrar millonarios recursos al gobierno
en tratamientos NO-POS. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación,
concluyó que se trataba de una "empresa criminal" gestada en los
departamentos de Córdoba donde más se presentaron casos, Sucre, Bolívar, La
Guajira, donde, a través de falsas IPS, falsificaban listas de enfermos,
evitando que verdaderos pacientes afectados con esta enfermedad fueran
atendidos. Por este hecho, la Fiscalía ha capturado, hasta el momento, a 3
personas que trabajaron en la gobernación de Córdoba para la época de los
hechos 2013 a 2015. El desfalco
a la salud por este caso de
corrupción estaría, según cálculos de la Fiscalía, en $80 mil millones.
2016 El Cartel del Síndrome de Down. Córdoba.
Robo $10 mil millones. Otro
escándalo que involucra al departamento de Córdoba, al ser detectadas
irregularidades por parte de la Contraloría en el pago, por parte de la
gobernación, a 4 IPS por $10 mil millones en la atención a niños con síndrome
de Down o autismo. La Contraloría descubrió que los tratamientos a estos
pacientes nunca se realizaron, pero aun así, se pagaron dado que se facturaron
por paquetes y no de manera individual, además que la mitad de estos recursos
debieron ser costeados por el POS en lugar del departamento; adicional a esto,
nunca fueron autorizados por las respectivas EPS. Solo una de estas IPS recibió
cerca de $7 mil millones sin tener un contrato formal con el departamento.
2015 Programa de Alimentación Escolar PAE
Robo $12.745 mil millones. El Programa de
Alimentación Escolar fue creado en el año 2007. Cuando
se investigaron las denuncias sobre las irregularidades del Programa de
Alimentación Escolar en 7 departamentos de Colombia, se descubrieron 42
irregularidades, incumplimientos por parte de los contratistas, quienes en
teoría, deberían entregar desayunos, almuerzos y refrigerios a las escuelas más
pobres.
Los manejos en los dineros de los recursos para los
niños en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y
Sucre sumaron $12.745 millones en pérdidas. Ese dinero
es equivalente a más de 12.7 millones de raciones de comida que habrían
alimentado a niños que realmente lo necesitaran. Enriquecerse a costa de la
alimentación de los niños más vulnerables, es sin duda un acto más que
vergonzoso y reprochable.
La fiscalía señaló
que este desfalco a las arcas fue “sistemático y constante”. “Alimentos
descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados y en condiciones
sanitarias deficientes, incumplimiento de la minuta o ración nutricional
necesaria, operadores que entregan la mitad de raciones contratadas pero cobran
el 100%”, son algunas de las deficiencias de este programa.
2015 La Salud en el Huila.
La Fiscalía capturó a 9
personas, entre funcionarios de IPS, de EPS y alcaldes de municipios del
departamento del Huila, por: celebración indebida de contratos, interés
indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento
público, enriquecimiento ilícito, con detención en establecimiento carcelario.
Esto debido a irregularidades halladas en contratos entre la Caja de
Compensación Familiar del Huila Comfamiliar y Medilaser, una IPS del
departamento que no contaba con personal médico suficiente para atender la
población de este departamento; estos contratos estaban por un valor aproximado
a los $25 mil millones, dineros públicos que debían ser destinados a la
atención de personas inscritas en el Sisben un sistema estatal de atención en
salud para personas de escasos recursos a través del Régimen Subsidiado. La
Fiscalía señaló que los capturados se asociaron para "quedarse con el
dinero de las personas más pobres que dependen del Sisben para acceder a los
servicios de salud".
Además, se descubrió que Comfamiliar realizó contratos con hospitales,
clínicas y centros de salud de los municipios de Garzón y La Plata por valor de
$6 mil millones bajo la modalidad de "eventos controlados", limitando
los servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado. Se capturaron 2
personas más involucradas en el escándalo, representantes de otra IPS que no
cumplía con las facultades legales ni con la infraestructura necesaria para la
atención de usuarios Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos, firmando contratos
con Comfamiliar por valor de $3 mil millones.
Recursos parafiscales de la salud
Robo: $224 mil millones. Afectada: Ministerio
de Salud. Génesis. Denuncias
sobre desvíos de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social. Afectación social. El
desvío de recursos parafiscales, que es recaudado del aporte de los
colombianos, afecta el derecho a la salud y la credibilidad de los ciudadanos
en el sistema y en el Estado. Vinculados.
-Consorcio Fidufosyga 2005 -Coomeva EPS -Cruz Blanca E.P.S. -Famisanar
E.P.S. -Humana Vivir E.P.S -Solsalud EPS -Luisa Fernanda Bellini Pérez
IPS no habilitadas
Robo: $943.900 mil
millones. Afectada:
Ministerio de Salud. Génesis.
Pagos a IPS que según los registros no aparecen como habilitadas. Afectación social. Se
afecta la red hospitalaria legalmente establecida, poniendo en riesgo su
viabilidad financiera y, en consecuencia, la calidad de la prestación del
servicio de salud a los usuarios.
Vinculados: Por determinar.
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