3º Cartel de la Justicia. Jueces y Magistrados.

3º Cartel de la Justicia. Jueces y Magistrados.

1991-1996. Foncolpuertos.

Robo: $2,5 billones. Jueces y magistrados decidieron unirse con empleados de Foncolpuertos para robar al Estado, reconociendo millonarias pensiones de más de $25 millones mensuales a exempleados de Puertos de Colombia. Se cree que en un lapso de 5 años se emitieron 55 sentencias reconociendo pensiones ilegales. Fueron condenadas penalmente 825 personas, entre servidores públicos y particulares, por: falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación, concierto para delinquir, pero Luis Hernando Rodríguez, el gerente liquidador de la empresa del estado "Puertos de Colombia" a través de su fondo de pensiones, Foncolpuertos,​ fue condenado a 13 años de prisión en el 2007, sin embargo, es pensionado del gobierno, como viudo de la congresista asesinada Martha Catalina Daniels. El caso fue discutido en el Congreso de Colombia, por la senadora Ingrid Betancourt, acusando directamente a Samper y Gaviria.

1.997-2012 ¿Cero -0- Corrupción Judicial?

2013 Carrusel de Pensiones. Magistrados del Consejo de la Judicatura.

Robo: $3.500 mil millones. Denunciado por María Mercedes López Mora, Magistrada de la Judicatura, al encontrar que magistrados de esta corporación nombraron, a familiares y personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cuestionada desde la absolución de Samper en el “Proceso 8.000", estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso. Pese a ello, la Contraloría abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al Estado en más de $3.500 mil millones, investigación fue anulada por la Corte Suprema, al considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar a los magistrados de las altas cortes, ni al fiscal de estos magistrados, igual que al Presidente y Vicepresidente, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara y quien los destituye de sus cargos es el Congreso para que luego sean investigados, ya sin investidura, los respectivos entes de control.

2013 Caso Magistrado Villarraga.

Fallos a $400 millones en 2013. En octubre de 2013, unas grabaciones fueron reveladas. Hay una conversación entre el magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga y el coronel Róbinson González del Río, condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales, donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones; del Río tenía 2 investigaciones en su contra, una por irregularidades en contratación y otra por "falsos positivos" asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo con los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y para lograr, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del militar por ‘falsos positivos’ quedara en manos de la Justicia Penal Militar, donde todos los militares investigados son absueltos. Pero mejor aún, la investigación quedó en manos de la Comisión de ‘Absoluciones’ de la Cámara, llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso, provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el senado, renuncia aceptada por el congreso en pleno, sin condena alguna y las pensiones siguen vigentes.

   Lo que va de Villarraga al fuero penal militar. El Magistrado del Consejo de la Judicatura Henry Villarraga tiene más implicaciones, que su renuncia irrevocable a la magistratura, con su actuación siguen quedando al descubierto la poca decencia de los altos funcionarios del Estado, los alarmantes niveles de corrupción de la Administración de Justicia, y lo que es peor, la impunidad que se busca para los militares responsables de delitos comunes con el tristemente célebre fuero penal militar. Las dos cosas nos hablan de la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

    El servidor público de marras, quien entre otras cosas, es de los pocos colombianos que tenían el honor de hacer parte de los 76 magistrados de las altas cortes, y con ello, de los privilegios que dicha dignidad representa: ganaba los mismos $24 milloncitos de pesos de los honorables congresistas, de los 365 días al año, si quería, podía trabajar sólo 169, tenía hasta 60 días de permisos remunerados (como el que disfrutó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz Rueda, bien utilizados en su crucero por el Caribe), también era merecedor de un régimen tributario especial, además de poder burocrático. Como Magistrado de alta corte participaba de la escogencia del Procurador General, el Contralor, el Registrador, el Auditor, tres magistrados de la Corte Constitucional y dos de la Corte Suprema de Justicia, como si fuera poco, no tenía pico y placa.    Adicionalmente, debe hacerse énfasis en que el Consejo Superior de la Judicatura, la corporación judicial que por conductas como la del señor Villarraga, quien ya había estado relacionado con casos de corrupción, está manchada por  el desprestigio desde su creación con la Constitución de 1991, aún vigente, según el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, es la encargada de administrar la rama judicial, como tal, le corresponde decidir sobre contratación, nombramientos de magistrados y funcionarios judiciales, aprobar inversiones, determinar la planta de personal de la rama, administrar la carrera judicial, es decir, administra y decide sobre los más de dos billones de presupuesto anuales, y claro, su sala disciplinaria, de la que hacía parte el señor Villarraga, decide sobre el conflicto de competencias entre jurisdicciones, como en el caso, la justicia ordinaria sobre la penal militar o viceversa. ¿Y qué relación tiene este episodio con los derechos humanos?

   La semana pasada la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios en el procedimiento un proyecto de ley que ampliaba el fuero penal militar, y entre otras gabelas, creaba un “Tribunal Especial” para juzgar militares por la comisión de delitos, los militares activos y retirados mostraron su inmediata indignación por lo que dicen es un “fuerte golpe a la moral de la tropa”, un “triunfo de los enemigos de las fuerzas militares y de policía”, es más, muchos se atrevieron a poner en tela de juicio la decisión del a corte, el presidente Santos y su Ministro de Defensa, rápidamente manifestaron el interés del gobierno por presentar otro proyecto de ley que blinde la actuación de las FFMM.

   Como siempre, con dicha posición tratan de ubicar a los amigos y a los enemigos del ejército nacional, creo que nadie en Colombia pone en duda la importancia de la fuerza pública y su legitimidad, empero, a estas alturas, hablar de la comisión de delitos por parte de sus miembros tampoco es herejía, menos, comprobar que el fuero penal militar es un privilegio en desuso, que le estorba a la paz y a la justicia. En los peores momentos del conflicto, el fuero penal permitió la impunidad de los militares respecto a los masivos y reiterados abusos contra la población civil y los derechos humanos; por ejemplo en las ejecuciones extrajudiciales, mal conocidas como ‘falsos positivos’, vienen siendo procesados 47 coroneles, 66 mayores, 133 capitanes y otros 4.354 uniformados. Pero desde que se hizo pública dicha “práctica contra insurgente”, la que a propósito, conocía muy bien el presidente Santos, como ministro de defensa, se han dictado solo 639 condenas.

   En este contexto no se debe olvidar que los militares no son jueces, asumen con las armas del Estado la defensa del establecimiento en el conflicto que persiste, por ello, hacen parte de él. En la praxis democrática lo sensato es avanzar hacia una justicia única, fuerte, imparcial, y civilista, para todos, sin distingo alguno. El fuero Penal Militar es una medida para la guerra, los derechos humanos, sin excepción, deben tener absoluta preeminencia sobre el cálculo militar, por ello, la decisión de la Corte Constitucional resulta además de constitucional, pertinente para la paz.

   Ahora, no bastando con las implicaciones éticas, políticas e institucionales que arroja el comportamiento del doctor Villarraga, quien a pesar de ser beneficiario de los mejores tratos dispuestos por el Estado para consentir a sus máximos representantes, presuntamente venia teniendo por dinero, 400 millones de pesos, que no son nada, si se compara con lo anteriormente descrito, se deben analizar las implicaciones para los derechos humanos, de sus actuaciones irregulares y de favorecimiento dirigidas a salvar de la jurisdicción penal ordinaria y mandar a la justicia penal militar al Coronel Robinson González del Rio acusado de perpetuar asesinato contra dos humildes campesinos y de otros “falsos positivos”, este oficial es sobrino del pacificador de Urabá, General Rito Alejo del Rio condenado a 25 años de prisión por su participación en crímenes de grupos paramilitares.

   De estas reflexiones surgen varias preguntas: ¿por qué un oficial vinculado a estos delitos de lesa humanidad ofrece hasta 400 millones de pesos a un alto funcionario para no ser juzgado por la justicia ordinaria, a que le teme?, ¿qué le representa pasar a conocimiento de la justicia penal militar?, ¿impunidad?, ¿a quién o a quienes les conviene entonces revivir el tristemente célebre fuero penal militar, será tan sólo a los militares? Y para terminar, ¿hasta cuándo funcionarios venales decidirán sobre los derechos humanos de las víctimas del conflicto?, ¿cuáles son las garantías reales que nos ofrece la administración de justicia en Colombia?

2008 La Fiscalía. Guillermo León Valencia Cossío. Director seccional de fiscalías de Medellín fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, y enriquecimiento ilícito. La Corte concluyo que a través de su función como director de Fiscalías influyó para que John Freddy Manco Torres, alias ‘el indio’ fuera excluido del organigrama de la banda narcoparamilitar de Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’, además, se comprobó que recibió $150 millones y una cuatrimotor de manos de El Indio. El caso comenzó en el año 2008, cuando salió a la luz pública la desaparición de alias ‘el indio’, un desmovilizado de las AUC y segundo de ‘don Mario’ de la lista de cabecillas de la organización narcoparamilitar ‘los urabeños’. En la investigación se encontró más de 120 grabaciones y 1.600 registros de otros archivos que comprometían al servidor público con la banda narcoparamilitar, grabaciones con Felipe Sierra, dueño de una firma de seguridad, Gustavo Villegas, secretario de Seguridad en Medellín con ‘el indio’. En agosto 4 de 2008, se capturo a ‘el indio’ y a Camilo Torres Martínez alias ‘fritanga’ o ‘mentira’, quienes pertenecen a la banda de narcotraficantes que actúa en el golfo caribeño de Urabá.

   Juan Felipe Sierra Fernández, condenado a 5 años de prisión en septiembre de 2011 tras aceptar que tuvo nexos con el narcoparamilitar ‘Don Mario’, fue excluido de la Lista Clinton, al igual que su compañía Control Total Ltda.

   Los líos de Sierra con el Departamento del Tesoro comenzaron el 18 de marzo de 2010, cuando él y su empresa de seguridad privada fueron incluidos en la Lista Clinton. De Control Total Ltda. Se sabe que contrató más de $1.200 millones con el Estado entre 2004 y 2007 y prestó el servicio de escolta a varios jefes narcoparamilitares mientras adelantaban el proceso de negociación con el Gobierno Uribe.

   Sin embargo, la sombra del narcoparamilitarismo siempre lo ha perseguido, ya que ‘narcos’ como Juan Carlos Sierra Ramírez, alias él tuso Sierra’, han señalado que tenía fuertes nexos con Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ´don berna’.

2015 Sistema Judicial de Barranquilla. Jueces y Fiscales.

Fueron capturados 11 miembros de la rama judicial de Barranquilla, entre jueces, fiscales, comisarios de familia y abogados litigantes, por: concierto para delinquir, prevaricato por acción agravada, falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía descubrió, luego de pesquisas en los expedientes de procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.​

2016. Reelección Procurador Ordoñez. Magistrados Corte Suprema.

El Consejo de Estado anulo la reelección del procurador Ordoñez, con 14 votos a favor y 6 en contra. Argumentó fallas en su postulación y elección al cargo: 1º En la Constitución no existe la figura de reelección de procurador, quien ya había sido elegido para 2009-2013; 2º La votación para elegir Procurador no debió haber ocurrido pues una de las integrantes de la terna, había renunciado a su postulación; 3º La designación de Ordóñez como candidato de la Corte Suprema había sido irregular pues los magistrados Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz, quienes participaron en su elección, habrían violado una inhabilidad al tener familiares trabajando en el ente de control disciplinario.

   ¿Alguna sanción para estos Magistrados Corruptos?

2014 ¿Fallos a $450 millones en 2014 en Altas Cortes?

2015 Magistrado Pretelt. Fidupetrol.

Fallos a $500 millones en 2015. En febrero de 2015, el magistrado de la corte constitucional, Mauricio González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes contra su colega magistrado y presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien habría pedido $500 millones, al abogado Víctor Pacheco, para fallar una tutela a favor de la firma Fidupetrol, que debía resolver la Corte

   Tanto Víctor Pacheco, abogado de Fidupetrol, como Hélber Otero, gerente de la sociedad, fueron condenados a 2 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos. El juez que recibió el soborno, el magistrado Jorge Pretelt, fue suspendido y enfrenta un proceso en la Corte Suprema.

   La acción de tutela de Fidupetrol, buscaba revertir una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma fiduciaria pagar una suma de $22.500 mil millones, al departamento del Casanare, por manejos irregulares del dinero departamental, por este hecho, fue condenado en 2013 el gobernador de Casanare, Whitman Porras. Luego de meses de interrogatorios a los involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos contra el magistrado Pretelt y el senado en pleno lo suspendió de su cargo, perdiendo de esta manera su investidura como magistrado. El magistrado Pretelt pasó a juicio por cohecho en la corte suprema. Por estos hechos, también fueron acusados por la Fiscalía el magistrado Rodrigo Escobar Gil, el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano y el máximo accionista de la fiducia, Hélbert Otero; a los 3 se les imputó el cargo de tráfico de influencias. Pese a la comprobación en la participación de Jorge Pretelt del delito por parte de la Fiscalía, se habla de un trasfondo político en el caso, debido a la amistad del magistrado Pretelt, originario de Córdoba, con el presidente Uribe, rival político de Santos.

2017 La Justicia del Meta. Jueces y Fiscales.

La Dijin, en Villavicencio capturó a 2 fiscales, 2 jueces, 1 exjuez, 1 médico de medicina legal, 1 asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio, 2 investigadores del CTI y 1 exfuncionario de la Fiscalía; todos ellos, realizando maniobras dilatorias para entorpecer investigaciones que, debieron llevar a la cárcel hacen tiempo a integrantes de las Bacrim del Meta.

   La Fiscalía realizó 24 capturas a miembros de la rama judicial, entre ellos, 3 magistrados del Tribunal del Meta, funcionarios del Inpec, abogados y particulares; a todos ellos, por: concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse que estos ‘servidores públicos’ conformaban desde 2013 una "empresa criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias a autores de homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico.

2017 Desfalco a Ecopetrol. Juez.

Robo $134 mil millones. El juez 4 laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, condenado por prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y enviado a prisión, luego de decidir varios fallos de tutela contrarios a la ley como extrabajadores de Ecopetrol, que buscaban su reintegro y liquidación de derechos laborales. La Fiscalía calcula pérdidas para la petrolera en $134 mil millones, además que en los procesos los reclamantes no se encontraban en la jurisdicción del circuito del juez. Por estos hechos, se encuentra en prisión el magistrado Félix María Galvis y tiene imputación de cargos el magistrado Fernando Castañeda, que está prófugo.

2012 Tribunal de Cundinamarca. A la cárcel Misael Alejandro Bautista, secretario de Tribunal por corrupción, cohecho y concusión. En segunda instancia, la juez 9 de Conocimiento de Bogotá, ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario Bautista, investigado por manipulación de procesos en el Tribunal. “La Fiscalía demostró la participación del funcionario en un hecho de corrupción contra el exalcalde de Cota, Juan David Balcero, en el proceso por pérdida de investidura en el año 2012, y que habría recibido $200 millones de pesos por sus gestiones”. Y “dio un plazo de 5 días al Secretario del Tribunal, para que entregue su cargo, al decretar la suspensión de Bautista como funcionario en esa corporación”.

2012 Iván Velásquez Magistrado. Velásquez, el “investigador estrella” de la Corte, es una roca en el zapato de los mandatarios, congresistas corruptos, partidos clientelistas y de sus propios colegas los magistrados, cuya conducta está cerca de la de sus procesados. Ha soportado las mayores amenazas y conspiraciones contra su vida, su buen nombre y su honra, fue relevado del cargo de coordinador de los procesos del repugnante fenómeno de la narcoparapolítica, por el magistrado Leonidas Bustos, presidente de la sala penal de la corte suprema, en medio de un sospechoso sigilo y sin comunicado oficial que diera cuenta del trascendental cambio, sino mediante declaraciones soltadas al desgaire. La disculpa es baladí y ofende porque supone que somos estúpidos: el puesto debe rotar entre varios auxiliares, dijo Leonidas Bustos. La verdad es muy otra.

   Se beneficia con la sustitución de Velásquez, quien desentraño el modus operandi del “aparato organizado de poder” que surgió de la alianza del gobierno, la política y el narcoparamilitarismo:

   1º Los congresistas que purgan pena en La Picota:

   1.1º Mario Uribe, primo del presidente, quien junto con su otro primo Santiago Uribe, un extraditado y su abogado complotaron contra Velásquez pagándole a alias Tasmania para que calumniara al magistrado. Hasta el jefe de Estado participó en esta patraña.

   1.2º Óscar Suárez Mira le ofreció a alias Bam-Bam $100 millones para que se retractara de su testimonio contra él y enlodara a Velásquez.

   1.3º Luis Alberto Gil y Alfonso Riaño. Su abogado Ramón Ballesteros fue grabado mientras trataba de convencer a alias Diego Rivera de declarar en contra del investigador por 100 mil dólares.

   1.4º Luis Humberto Gómez Gallo y su paisano Javier Ramiro Devia. El testigo Hernando Díaz aseguró que intentaron sobornarlo para desprestigiar a Velásquez y a la Corte.

   2º Los 30 congresistas investigados por nexos con el narcoparamilitarismo.

   3º El presidente y los funcionarios de su gobierno envueltos en el operativo de seguimientos, interceptaciones, montajes, ‘chuzadas’.

   4º La mayoría de integrantes de la Corte Suprema. Clientelizados, burocratizados, lagartizados y subordinados al poder del procurador, al que le deben fidelidad y puestos, y al Parlamento, con el que se concertaron para privilegiarse, no pueden tener a un testigo de sus complicidades. Leonidas Bustos, a quien no le ajusta la toga, ha armado una oscura trinca y está triunfando.

2017 Fiscalía y Magistrado de la Corte Suprema.

En junio 27 de 2017 fue capturado el CTI de la fiscalía, en su propia oficina y frente a sus empleados, el que fuera hasta ese día el Jefe de la Unidad Anticorrupción del ente acusador; LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA, acusado, junto al abogado Leonardo Pinilla, de pedirle dinero al gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de desviar indagaciones que cursan en su contra por malversación de recursos que superan los $10 mil millones, de lo cual sería investigado por: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión, revelación de secretos oficiales, de recibir sobornos para beneficiar al "Cártel de la Hemofilia" con el fin de que evitarán la cárcel y cumplieran su condena en casa, hoy en día permanecen en el pabellón de La Picota de Bogotá esperando ser extraditados a USA. La condena que Moreno podría enfrentar es de 8 a 15 años con rebajas de 6 años excarcelables.

   Lyons, quien pasó a ser cooperante del departamento de justicia de USA, denunció que Pinilla y el Jefe Anticorrupción Moreno quien apenas llevaba 1 mes en el cargo se le habían acercado para pedirle $100 millones a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. La DEA le preparó una trampa a Moreno en Miami, donde le dio a Lyons 10.000 dólares con billetes marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos. La Fiscalía, sabiendo de antemano la operación de la DEA, envía a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regreso a Colombia. El Departamento de Justicia de USA descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de $400 millones y una “adición” de 30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de USA. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno, haciendo formal la solicitud de extradicción a Colombia. Luego de este suceso, la Fiscalía capturo más de 50 de sus funcionarios a nivel nacional por hechos similares, varios de ellos podrían ser solicitados en extradicción por USA.​

   Moreno, luego de confesar su delito, atestiguo en la Fiscalía contra 2 magistrados de la corte; José Leonidas Bustos Martínez y Francisco Javier Ricaurte Gómez, a los cuales USA les canceló la visa, manifestando que estos absolvieron a los congresistas Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade, Musa Besayle de investigaciones en su contra y que, por gestiones de Moreno y Pinilla, fallaron a favor de los congresistas a cambio de coimas; la investigación contra los magistrados está en curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

   El congresista Besayle admitió ante la Corte Suprema que pagó $2 mil millones al fiscal Moreno y al magistrado Bustos para beneficiarle en un proceso en su contra por NarcoParaPolítica, de una cantidad inicial de $6 mil millones solicitada por estos.​

Barú. Los tentáculos del cuestionado Magistrado Francisco Ricaurte, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se quedaron allí, también llegaron a la Corte Constitucional, en la cual movía sus influencias y presionaba fallos. Ricaurte litiga en la Corte Constitucional, en forma oculta, en casos importantes, como el de los herederos de las tierras de Barú, en el departamento de Bolívar. El citado ex magistrado apoya a los miembros del Clan Ochoa, reconocidos narcotraficantes de Medellín, que se quieren quedar con las tierras en Barú, que por ley le pertenecen a unos humildes moradores de la zona. El abogado Luis Alfonso Barrios, quien forma parte de la familia de herederos de las tierras de Barú, reveló que tuvo que ceder el poder a otros juristas para que lo representaran en este espinoso caso, porque ha sufrido varios ataques judiciales por denunciar algunos hechos. Barrios manifestó, que uno de los obstáculos que enfrentan los propietarios originales de esos predios costeros de inmensa belleza, recursos ecológicos y atractivos turísticos, es que ellos han escuchado a la esposa de Fabio Ochoa Vásquez decirles en repetidas ocasiones que nada pueden en su contra, porque la justicia está del lado de ella. “Ella inclusive me lo manifestó a mí, que ellos tenían el dinero y el poder para manejar los procesos, que tenían a un magistrado, Francisco Ricaurte y las decisiones evidencian que sí se ha manipulado”, afirmó el abogado Luis Alfonso Barrios.

 Juez de control de garantías en Medellín. Concedió la detención domiciliaria a 12 personas vinculadas con una operación de lavado de activos en transacciones de oro, que alcanza la escalofriante cifra de $2 billones de pesos.